La UE da el primer paso para desbloquear los 18.000 millones de ayuda a Ucrania sin contar con Hungría

Este camino alternativo complicará notablemente el proceso legal pero no podrá impedir que Ucrania reciba a tiempo el dinero con el que poder pagar a sus soldados y a sus funcionarios y mantener viva la economía del país. En cuanto a Hungría, su posición dentro de la UE se verá forzosamente muy perjudicada por esta actitud que está lejos de ser siquiera equidistante en el conflicto.

De hecho, este sábado terminó la consulta ciudadana que había organizado el propio Gobierno nacional-populista de Viktor Orbán, orientada a que los húngaros justifiquen las reticencias de su Ejecutivo a la hora de sostener las sanciones contra Rusia y digan que la política europea está equivocada. Hasta ahora se hablaba casi exclusivamente de que el veto era una forma de protestar por los reproches de la Comisión Europea ante la deriva de Orbán, cada vez más alejada de los valores esenciales que consagra la UE, y la consecuencia que se desprende de ello, que es la congelación de los fondos europeos. Ahora la cuestión puede aflorar de forma brusca en la reunión del Consejo Europeo de la semana que viene, al que asistirá el propio Orbán.

Algunos países habían intentado que la Comisión modificase su dictamen para convencer a Hungría, pero el jueves insistió en su criterio de mantener congelados los 7.500 millones de euros de fondos que le corresponden a Hungría por sus problemas con el Estado de derecho. Y tal como están las cosas, si el asunto no se desbloquea antes del 17 de diciembre, el país perderá irreversiblemente ese dinero. La decisión de ayer consagra el divorcio entre Hungría y el resto de la Unión en un asunto de la mayor importancia estratégica: si Ucrania se hunde por asfixia económica, Putin ganaría la guerra y la UE se encontraría en una situación de extrema vulnerabilidad.

Lo que los embajadores de los países miembros decidieron ayer supone que el crédito de 18.000 millones, cerca del 10% del PIB ucraniano, serán avaldos por separado por los países miembros y no por la proia UE, que es lo que necesita una decisión por unanimidad. El préstamo tiene un periodo de carencia de diez años y los europeos pagarán los intereses.