Una delegación del régimen talibán obtiene visados de un día para negociar con Bruselas

Las autoridades belgas han dado ‘luz verde’ a «cinco visados» en la tarde de este mismo lunes, con validez para un único día cuya fecha no ha sido comunicada y sólo serán válidos para el territorio belga y no para el resto del espacio sin fronteras Schengen, según ha explicado un portavoz del ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot.

Los visados han sido concedidos tras el pertinente análisis de seguridad llevado a cabo por los Servicios de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia militar, que han concluido que no había información que llevara a pensar que las personas en cuestión constituyan una amenaza para el territorio belga.

Pese a la confirmación por parte de la diplomacia belga de que han sido concedidos cinco visados, las mismas fuentes han rechazado confirmar la fecha en la que tendrá lugar la visita de la delegación talibán por motivos de seguridad, al tiempo que han recordado que el motivo de la visita es una reunión con la Comisión Europea, la institución «organizadora» del encuentro, y por tanto le corresponde a este organismo informar si así lo considera.

Precisamente preguntado este lunes por una inminente visita, el portavoz del Ejecutivo comunitario responsable de Interior y Migración, Markus Lammert, ha evitado confirmar la fecha del encuentro ni que se hubieran concedido los visados, pero sí ha recordado que Bruselas espera la visita de representantes del régimen talibán para abordar «a nivel técnico» la cuestión migratoria.

Lammert ha reiterado que se trata de un contacto «a nivel técnico» con las autoridades ‘de facto’ de Afganistán en las que Bruselas asume un papel de coordinador por la petición de una veintena de Estados miembro —entre los que no está España— que en octubre llamaron a agilizar los retornos a este país.

Sería el segundo contacto con Kabul desde el pasado enero para explorar vías para agilizar el retorno de afganos que se encuentren de manera irregular en la UE y que sean considerados una amenaza potencial para la seguridad en este territorio.

El encuentro, aunque a nivel técnico, será la primera visita oficial de miembros de las autoridades ‘de facto’ afganas, aunque Bruselas y Kabul ya tuvieron un primer contacto a este nivel el pasado enero en Afganistán. Con todo, desde el Ejecutivo comunitario insisten en que en ningún caso se trata de un reconocimiento del régimen.

La Comisión Europea confirmó a mediados de mayo el envío de una carta de invitación a los talibán por parte de la dirección general de Interior de la Comisión Europea (DG Home) y del Ministerio de Migración sueco, aunque entonces los servicios comunitarios recalcaron que el papel de Bruselas es el de coordinar una iniciativa que no es suya —sino de una veintena de países—.

Entonces, el portavoz también subrayó que los retornos que la Comisión contempla por el momento responden a individuos que «supongan una amenaza para la seguridad» en la Unión Europea y que, en todo caso, se deben llevar a cabo en línea con el Derecho europeo e internacional, incluido el respeto de los Derechos Humanos.

20 Países piden deportaciones

La iniciativa se remonta a octubre del año pasado, cuando una veintena de países europeos, con Alemania y Bélgica a la cabeza, solicitaron a la Unión Europea que acelerase las tramitaciones de deportación de ciudadanos afganos sin permiso de residencia, a pesar de los avisos de Naciones Unidas sobre el enorme peligro al que se exponen en su retorno bajo el régimen fundamentalista de los talibán.

Entonces, en una carta al comisario de Migración, Magnus Brunner, los países firmantes —entre los que no está España—, instaron a la Comisión a tomar «medidas concretas para facilitar el retorno voluntario y forzoso de los ciudadanos afganos que no tienen derecho legal de residencia en la UE y, en particular, de aquellos que representan una amenaza para el orden público».

«Países de norte a sur, de este a oeste, se enfrentan al mismo obstáculo: no podemos deportar a afganos ilegales o delincuentes, ni siquiera si han sido condenados», se lee en la carta firmada el pasado otoño por Bélgica, Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Noruega.