Las razones por las cuales, según el diputado del PCV Oscar Figuera, no se ha repetido un Caracazo

Treinta y cinco años después del Caracazo «nos encontramos con una situación tanto o más grave en lo social, en lo político», afirma el dirigente de izquierda

Hace 35 años miles de personas manifestaron en todo el país. Saqueos y movilizaciones tomaron las calles. La represión no tardó en llegar. Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) originario, rememora esos días.

«27 y 28 de febrero… nunca pensé, hace algunos años atrás, que me vería diciendo que este gobierno de Maduro es el peor gobierno de la historia de Venezuela», afirma Figuera.

-¿Peor que Pérez?

-Peor que Pérez, peor que Caldera, peor que todos. Alguien alegará que ellos no tuvieron medidas coercitivas extranjeras, y eso es verdad. Pero Maduro disfrutó de unos recursos, unas condiciones y unas capacidades que las usaron para enriquecerse, para robar. Para usar la miseria y las necesidades del pueblo para enriquecer grupos económicos. Ahí está Rusia, que para mí no es un ejemplo en muchas cosas, pero en el tema productivo lo está diciendo: las sanciones, las medidas han llevado a un desarrollo productivo nacional superior, independientemente de otras cosas, de derechos humanos, otras cosas a las que podemos hacer referencia. Nosotros no somos prorrusos. En Rusia no hay ningún proyecto socialista revolucionario.

En el PCV «condenamos todo tipo de sanción, todo tipo de medida coercitiva, todo tipo de intervención externa», aclara.

Figuera recuerda que vivió El Caracazo, «porque toda la vida he sido obrero en la producción y obrero como activista del partido». Hoy día, compara, «la gente tiene que vivir a salto de mata haciendo tres, cuatro o cinco cosas para poder complementar un ingreso para llevar a su casa, y pareciera que es una política del Estado venezolano: estar 18 o 19 horas intentando sobrevivir para que no pienses, para que no luches, para que tengas temor, porque si te metes en algo, y te ven en alguno de los trabajos, eso va a dificultar la posibilidad de llevar alimentación a la casa».

En la medida en que se agudiza la crisis económica y social de Venezuela, agravada por las políticas del gobierno y por las medidas unilaterales, y el pueblo reacciona, «el gobierno, en vez de ampliar el ejercicio democrático, lo restringe, y como corresponde históricamente cuando aplican los paquetes neoliberales, empieza a reprimir». Por eso, «lo que antes fueron medidas de meter a alguien preso aquí, meter a alguien preso allá, o parar una movilización, lo que no era una política de Estado en los tiempos de Chávez, hoy es una política de Estado la represión; es una política de Estado conculcar los derechos democráticos, civiles, políticos».

Es «como lo hizo Pérez, como lo hizo Betancourt, Leoni, Lusinchi e, incluso Luis Herrera, porque con Luis Herrera hay hechos de represión contra el pueblo. Estos están cada vez acercándose más a esas experiencias represivas, con un falso discurso revolucionario, con un falso discurso socialista, con una mentira fresca que inventan todos los días para intentar enmascarar la realidad de su práctica política y social».

Sin embargo, subraya Figuera, la gente no se rebela: «No es El Caracazo la salida», apunta.

Varios factores inciden en la actual situación social. «Se han ido 7 millones de venezolanos, y 80% son jóvenes. Una importante de la gente que estaría dispuesta a rebelarse está en el exterior. Esa presencia en el exterior le sirve al gobierno porque tiene menos habitantes en Venezuela a los cuales responder, tiene menos gente que le reclame y una parte importante envía remesas que le crean un colchón al gobierno», refiere. Visto así, «la diáspora beneficia al gobierno, y pareciera que el gobierno, que acusa a la oposición de ser responsable, cada día hace más para que la gente se vaya. Parece que hay una política de Estado para que la gente se vaya».

El diputado suma la represión. «La gente sabe que hay persecución, la gente siente que este gobierno tiene prácticas que se usaron en tiempos de regímenes fascistas que eran reprimir a toda la familia; toda la familia es objeto de las acciones represivas del Estado cuando deciden reprimir a alguien, cuando deciden sancionar a alguien. Hay casos aberrantes. Ahora, además de sancionar a la familia, colocan a la persona a autoinculparse; todo eso es una manera de degradar al ser humano y enviar un mensaje: tenemos todos los poderes y estamos dispuestos a llevarnos por delante a quién sea».

Agrega, igualmente, que el gobierno «está usando bandas delincuenciales en los territorios para amedrentar a los luchadores y las luchadoras sociales. Creemos que es en todo el país. Hay una gente protestando, llega el malandro y te dice ‘quédate quieto, no te metas en problemas’. Y asesinan. Se cumplieron nueve años del asesinato de una compañera nuestra, Juanita Tovar, en Maracay, una luchadora revolucionaria que puso una denuncia y en la noche le tocaron la puerta y le dieron unos tiros». Se han ido construyendo «alianzas entre actores del gobierno» y bandas.

Algunos grupos que se denominan colectivos «se prestan para enfrentar las movilizaciones de los trabajadores: para la persecución, para amedrentar, para ejercer violencia ante las movilizaciones de trabajadores y de las comunidades», describe. «Es una acción política reaccionaria, represiva. Me atrevo a llamarlos a reflexionar, a verse en el espejo de lo que hizo el fascismo en Alemania: cuando los grupos de choque no le sirvieron, los liquidó en una noche. Que se vean en ese espejo. No todos, hay que decirlo; hay grupos que se dedican a otra cosa, pero otros se han convertido en instrumento para la represión».

No se puede dejar de lado «la desestructuración del movimiento social», porque con Maduro «se desestructuró el movimiento social», y organizaciones que dicen ser revolucionarias no defienden los intereses de la gente. «Esto ha llevado a los consejos comunales a desaparecer como espacio de organización popular, y a dar paso a los CLAP y las UBCH que son instrumentos del Estado y del partido de gobierno. Se han liquidado los procesos de organización real que se crearon con Chávez, independientemente de las observaciones que se puedan tener». La liquidación de las organizaciones sociales «es parte del plan neoliberal» porque «el neoliberalismo destruye los instrumentos de lucha de las masas».

Las medidas asistencialistas «han logrado desmovilizar a un sector, a una franja de la población que se acostumbró al bono, a la bolsa; sobrevive medianamente y tiene temor a perder eso. Son mecanismos de control social».

Hay «un conjunto de instrumentos de control social, de manipulación de la conciencia del pueblo, y está el elemento de la subjetividad: hay un sector que sigue conectado con Hugo Chávez, que no se atreve a romper con ellos. Esa manipulación según la cual ‘estamos en socialismo, estamos en revolución, estamos siendo consecuentes con Chávez’ y hay personas que compran ese discurso».

La izquierda, por otra parte, parece no tener la fuerza para levantarse como un referente que aglutine «y logre confrontar a ambos polos causantes de la catástrofe».

Su gran conclusión es que hoy, 35 años después del Caracazo, «nos encontramos con una situación tanto o más grave en lo social, en lo político, en lo que corresponde a los derechos ciudadanos y los derechos humanos». Con la diferencia «de que han impuesto medidas de control social y ha sido expulsada del país una cuarta parte de la población».