Poder Legislativo propone «fortalecer capacidades del Estado para combatir la corrupción y proteger activos en el exterior»

Durante 2023, la Asamblea Nacional (AN) sancionó dos leyes que fortalecen las capacidades del Estado para «combatir la corrupción y proteger los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior» 

Sobre el marco de la agenda parlamentaria del 2023 es sustancial destacar que el Poder Legislativo propuso «fortalecer la capacidades del Estado para combatir la corrupción y proteger activos en el exteriro», todo esto aparado con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sancionada el 27 de abril, y cuyo objetivo es establecer mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos a la pertenencia de estos.

El segundo marco legal fue la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que fue sancionada el 16 de mayo, y persigue «salvaguardar los bienes de la nación».

Ambas leyes fueron propuestas luego de que el Gobierno Bolivariano denunciara las tramas de corrupción con las que se pretendía implosionar la economía del país.

Uno de estos entramados estaba tejido desde la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip); otra confabulación tiene que ver con la venta ilegal de PDV Holding, propietaria de la Citgo Petroleum Corporations, ubicada en Estados Unidos; y la otra confabulación está relacionada con la retención del oro venezolano en Inglaterra.

Ante estos hechos, la Comisión de Política Interior, que preside el diputado Diosdado Cabello, presentó ante la Plenaria de la AN el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el 31 de marzo, y quedó aprobada en primera discusión por mayoría calificada. 

De inmediato, la comisión desarrolló la consulta pública nacional de esta iniciativa de ley el 18 de abril desde el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, con lo que se enriqueció el proyecto.

En esa oportunidad la comisión recogió 1.200 propuestas provenientes y observaciones del Poder Popular organizado y de autoridades de las instituciones del Estado, como el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal Supremo de Justo (TSJ) y demás organismos con competencia en la materia.

Combate contra la corrupción

El informe para la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica para la Extinción de Dominio, presentado ante la Cámara Plena, estableció 48 artículos, distribuidos en cuatro capítulos y una disposición final derogatoria, donde se explica cómo proteger los bienes recuperados por el Estado.

Fue el diputado Diosdado Cabello el encargado de explicar las bondades de la norma y entre otros datos, expuso que la idea de esta es acelerar el proceso del Estado en la toma y disposición de los bienes incautados por motivo de  corrupción, narcotráfico y terrorismo.

Cabello informó en varias oportunidades la existencia del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, institución que para abril ya contaba con un registro de 10 mil bienes incautados, de los cuales 189 eran aeronaves.

Además, subrayó que con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio la República cuenta con otra fórmula jurídica para combatir los delitos.

«Va a fortalecer la capacidad de lucha contra la corrupción”, apuntó.

La sanción de esta ley contó con la unanimidad parlamentaria. Al respecto, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, comentó que es una herramienta fundamental para combatir la corrupción y darle un uso útil al bien recuperado, caiga quien caiga.

Bienes nacionales en el extranjero

Posteriormente, el 2 de mayo, el diputado Cabello presentó ante la Plenaria de la AN el Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero. Una vez aprobado en primera discusión, el presidente del Parlamento ordenó la creación de una comisión mixta para la consulta de la propuesta.

Esta instancia quedó conformada por los integrantes de las comisiones permanentes de Política Interior, Política Exterior, Soberanía e Integración; Contraloría, y de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Fue el primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior, diputado Julio García Zerpa (PSUV/Táchira), quien dirigió la consulta pública nacional del proyecto de ley, que se efectuó el 12 de mayo con la participación del Poder Popular organizado y las representaciones de las instituciones del Estado con competencia.

La consulta fue transmitida también por videoconferencia, donde se conectaron y participaron activamente 46 salas virtuales desde los distintos estados del país. Para el análisis de la ley  se instalaron dos mesas de trabajo en el Hemiciclo Protocolar, y en el salón Generalísimo Francisco de Miranda del Palacio Federal, donde entregaron un instructivo a los asistentes para recolectar propuestas. Igualmente, se activó un buzón electrónico para discutir la ley, que contiene dos capítulos y 11 artículos.

Salvaguardar bienes en el exterior

El diputado Zerpa justificó la urgencia de esta ley al destacar la existencia de 30.000 millones de dólares, en bienes de la República, congelados en el extranjero, que deben ser recuperados a la brevedad. Explicó que la norma incluye la protección de activos como Citgo, Monómeros, las reservas de oro represadas ilegalmente en Inglaterra, así como las cuentas del país en bancos del extranjero y los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional.

La ley, que contó con la votación unánime del Parlamento, establece el carácter penal de cualquier acción que vaya contra los activos de la República en el extranjero. Presenta cómo las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han intentado despojar a Venezuela de sus activos, derechos e intereses ubicados en el extranjero, buscando con ello afectar negativamente el patrimonio nacional y el funcionamiento de la economía del país para producir.

También declara inexistente e ineficaz cualquier negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de enajenación o disposición realizado en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República ubicadas en el extranjero, por parte de personas que pretendan usurpar o atribuirse la representación del Estado en contravención de lo previsto en la Constitución y demás leyes.

Asimismo, establece la invalidos y sin efecto jurídico todos esos actos, sin necesidad de pronunciamiento judicial. Igual determina la responsabilidad penal aplicable para las personas que retendan ilegalmente disponer del patrimonio del pueblo venezolano mediante la usurpación de la representación de la República. Esto incluye a los profesionales del derecho que participen directa o indirectamente en estas negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición.

Califica las hechos de despojo contra el patrimonio de la República o sus entidades como actividades de delincuencia organizada. Por ende, los bienes de las personas que participen en estas actividades ilícitas pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio

En agenda

Además de las dos leyes mencionadas, la Comisión de Política Interior trabajó en el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, aprobada en Cámara Plena el 24 de enero y cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país.

Esta propuesta legislativa se fundamentó en el artículo 52 de la Constitución, el cual contempla que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, dijo el diputado Cabello durante la presentación del proyecto en la Plenaria de la AN, donde agregó que en Venezuela  existen 62 ONG que no tienen fin social, sino político, lo que representa un hecho contrario a las leyes de la República.

En su agenda, la comisión tiene la responsabilidad de los proyectos de ley de la Inspectoría General de Tribunales, de la Escuela de la Magistratura y de la Reforma de la Ley de la Carrera Judicial.