Criminalización de la libertad de expresión aumentó durante julio

La ONG Espacio Público documentó 18 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de julio en Venezuela, con un preocupante aumento en los casos de criminalización, especialmente contra periodistas, ciudadanos y activistas.

Según el informe publicado este 5 de agosto, el 61 % de los casos registrados fueron actos de intimidación, seguidos de censura, hostigamiento judicial y verbal.

Los principales agresores fueron cuerpos de seguridad del Estado, y los hechos ocurrieron principalmente en espacios digitales y en estados como Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital.

Elecciones municipales y cierre de medios marcaron el mes

La jornada electoral del 27 de julio fue particularmente tensa para el ejercicio del periodismo. Ese día se registraron 10 casos de agresiones o restricciones a la prensa, incluyendo impedimentos para ingresar a centros de votación, exigencia de borrar material, y hasta intimidación con fotografías a sus documentos personales.

Todo esto, a pesar de que los periodistas estaban debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, se reportó el cierre del canal Telecolor, en el estado Zulia, tras una orden de Conatel ejecutada con presencia militar. La medida dejó sin empleo a decenas de trabajadores y sin acceso a información local a cientos de ciudadanos. Espacio Público considera que estos hechos reflejan un patrón de criminalización institucional hacia los medios de comunicación.

Criminalización con casos judiciales

El informe también señala la continuidad de la criminalización judicial como mecanismo para castigar expresiones simbólicas y contenidos digitales. Génesis Pabón y Rocío Rodríguez fueron condenadas a 10 años de prisión por presuntamente estampar camisetas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez derribada. Mientras tanto, Ángel Godoy, articulista del medio Punto de Corte, permanece detenido desde hace seis meses acusado de terrorismo e incitación al odio, sin garantía de debido proceso.

Simón Bolívar Obregón, estudiante de la UCV, también fue detenido sin orden judicial por presuntos funcionarios encapuchados, y el fiscal general anunció la aprehensión de Evelin Velásquez —conocida como “La hija de Dios”— por sus publicaciones en TikTok.

Estos casos confirman que la criminalización de la disidencia y la libre expresión continúa siendo una política sistemática en el país, que afecta tanto a periodistas como a ciudadanos comunes.