Grupos armados controlan el voto en la frontera colombo-venezolana

Maryerlin Villanueva/Crónica Uno

Armenio Castro* es excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los 20 años que integró este grupo armado da fe de los mecanismos que utilizaban para aterrorizar a los electores.

Castro tiene marcas significativas en sus manos, el trabajo laborioso en el campo lo llenó de cicatrices y de callos. Su mirada es activa. La incursión en las fuerzas rebeldes le dejó una paranoia convertida en un tic, que hace que su ojo izquierdo se mueva repetidamente.

Es delgado, pero se nota su fortaleza. Su voz, un hilo casi inentendible, muestra el temor que aún persiste en todo su ser. Se niega rotundamente a la idea de volver a pertenecer a las filas de los grupos guerrilleros, que dejaron una marca en su vida.

La guerrilla impactó la frontera en los momentos más álgidos, desde 1999 hasta el 19 de agosto de 2015, cuando se cerró el paso regular entre Venezuela y Colombia.

Conformada por 2219 kilómetros de línea limítrofe, la frontera colombo-venezolana es la más activa de Latinoamérica. Por su constante movilización de migrantes y el desarrollo binacional resulta atractiva para la incursión de grupos armados colombianos y bandas criminales que buscan controlar el territorio para delinquir.

Asesinatos, secuestros y extorsiones forman parte de algunas actuaciones delincuenciales de estas organizaciones, que generan zozobra en la población para volverlos vulnerables y que puedan acceder a sus exigencias en materia política.

El rol de Castro ahora es de menor intensidad, pero puede corroborar que el cuerpo armado al que perteneció no atacaba frontalmente a los ciudadanos, cuando se realizaban elecciones. Al menos en Venezuela, hasta 2021, la coacción era mediante los encargados de repartir los beneficios sociales, a través de ellos intimidaban a los vecinos para que votaran a favor del partido de Gobierno o de lo contrario no recibían las bolsas de comida o la bombona de gas.

En cambio, del lado colombiano, sí hubo ataques con bombas en momentos electorales, cometidos por las FARC. Actualmente son ejecutados por grupos disidentes de la guerrilla.

“En el caso colombiano es una realidad que nadie ha podido o podrá desmentir. Pero para los venezolanos es diferente, pues se hacía a través de amenazas, esto al negar las ayudas, mercados, o mejoras en viviendas”, dijo el exguerrillero, quien votaba a favor del chavismo y madurismo, ya que también es ciudadano venezolano.

No tiene detalles de quién daba las órdenes, no estaba cerca de los cargos que tomaban esas decisiones. Sin embargo, la participación de Castro en la búsqueda del control sirvió para disminuir a esas bandas de delincuentes que azotaban a la población en la frontera. Por lo tanto las disidencias, y los paramilitares, no operaban en esta zona y la guerrilla mantenía el dominio.

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Castro, de 54 años de edad, vive en el municipio Villa del Rosario, departamento Norte de Santander. Junto con otros vecinos formó la cuadrilla de seguridad para evitar los robos en residencias o de vehículos en horas nocturnas.

En mayo de 2023, el gobernador del estado Táchira Freddy Bernal afirmó que existían 12 estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tres disidencias de las FARC, una del Ejército Popular de Liberación (EPL) y tres del Clan del Golfo, que operan en territorio venezolano.

En el caso del territorio colombiano destacó la presencia de 45 grupos paramilitares en el departamento Norte de Santander, quienes buscan ganar terreno en la frontera con la suma a una actividad inusitada de 26 grupos delictivos pertenecientes a la banda criminal el Tren de Aragua.

Presiones delincuenciales a políticos

Joaquín*, es exmiembro de una banda de paramilitares con actuación en la frontera. Aunque no lo dice todo, es de los pocos Urabeños que sobrevivieron a las acciones policiales de 2014, cuando se quebró por algunos meses la organización.

Comenta que los grupos armados amenazaron a los integrantes de los partidos políticos de oposición con poner bombas o perseguir a sus familias, durante las elecciones regionales de 2021.

Las intimidaciones a los políticos se hacían personalmente o con panfletos que dejaban debajo de las puertas de las viviendas y en comercios en el eje de frontera.

El ataque de la fuerza colombiana y venezolana, contra la banda delictiva a la que pertenecía Joaquín, no se hizo esperar y él consideró su decisión de desertar.

“No puedes estar toda la vida en lo mismo, lo más seguro es que te maten.  Me salí después de 2014 porque, además, no duré mucho, solo me encargaba de buscar carros, tendría como dos años cuando me dije que no quería morirme”, añadió.

Amedrentamientos a los más vulnerables

En la invasión Mi Pequeña Barinas, El Pelota y Llano de Jorge, en San Antonio, estado Táchira, viven en condiciones de vulnerabilidad. La pobreza es extrema, las paredes de las viviendas son de zinc y el agua es un recurso limitado.

Sus calles se encuentran deterioradas, algunas solo tienen granzón, lo cual limita el paso vehicular por estas zonas. Algunos habitantes tienen toda la vida allí, otros forman parte de la migración que proviene del interior del país y se asentó en la frontera colombo-venezolana.

Las disidencias de la guerrilla operan en estos sectores, ejercen presión política en dichas comunidades, por las carencias que hay en estos sectores del municipio Bolívar.

Raúl Pérez* nació en esta localidad. Cuenta que con cada período electoral comienzan los amedrentamientos a los vecinos. Los miembros de las disidencias se aprovechan de la necesidad que tienen los vecinos para obligarlos a votar por integrantes del gobierno de Maduro.

Para hacerlo, los delincuentes optan por regular ciertos servicios a los vecinos. Coaccionan a los consejos comunales para que presionen a los ciudadanos a votar por el Gobierno, a cambio de la distribución del gas, los alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y otros beneficios.

En San Antonio, o en cualquier otra comunidad del estado Táchira, el gas puede llegar cada tres meses. Sin embargo, a los citados sectores les hacen dos jornadas por mes.

En otras zonas de la frontera la bolsa del CLAP puede llegar cada cuatro meses, sin embargo, a los mencionados barrios “sagradamente” les puede llegar cada 30 o 45 días. Esto se convierte en mecanismo de extorsión, asegura Pérez, pues quienes no tienen recursos para cubrir parte de la canasta alimentaria adquieren este beneficio otorgado por el Gobierno.

Estas áreas que tienen entrada hacia Colombia, se volvieron un aperitivo para los grupos armados, pues por estos caminos verdes pasa el contrabando sin ningún tipo de control.

“Para los grupos armados no es un negocio estar en la parte urbana, lo ideal es estar en las trochas para pasar las mercancías y cobrar por ello. Cuando vienen las elecciones usan el control que tienen allí”, asevera.

Gobierno para poder subsistir

Cuando se acercan las elecciones realizan campañas para que voten a favor del partido del Gobierno, si gana seguirán con sus actos delictivos sin problemas.

“El ejecutivo los deja delinquir porque no pueden pagar sueldos. Es por ello la permisividad para luego cobrarles esos favores”, indica Pérez.

Sobre la primaria de la oposición, en octubre de 2023, Pérez mencionó que en el municipio no se presentó alguna presión por parte de grupos armados.

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A su juicio fue representativa la salida de los habitantes de Bolívar para participar de la jornada electoral que dio como ganadora a la candidata María Corina Machado.

Lo mismo ocurrió durante el referendo consultivo sobre el Esequibo, pues no se coaccionó a la población a salir a participar.

“Llano de Jorge es una zona que ha estado controlada por grupos armados colombianos, para nadie es un secreto que cuando hay elecciones ellos prestan colaboraciones para movilizar a las personas hacia los centros electorales”.

Mismo Panorama en Ureña

Esta misma situación se repite en el municipio Pedro María Ureña, indica Freddy Parada, quien trabaja como motorizado en Ureña. En algunas zonas existen grupos guerrilleros que ejercen presión sobre comunidades.

Entre ellas se encuentran, Brisas de la Frontera, la Comuna y San Isidro. Allí manipulan a sus habitantes para que brinden un voto de confianza al Gobierno.

“Ellos ofrecen hasta ayudas, porque cuando viene diciembre hacen cenas navideñas, reparten regalos a los niños y brindan cualquier colaboración”, explica.

Parada estima que en el 2024, cuando se tienen previstas las elecciones presidenciales, ocurrirá lo mismo que históricamente ha sucedido como es presionar a la colectividad a través del control de beneficios a votar a favor del Gobierno. Agregó que para el referendo consultivo del Esequibo no obligaron a participar.

Estas acciones mencionadas por quienes hacen vida en frontera, son corroboradas y denunciadas por FundaRedes. Elías Cáceres, coordinador de Derechos Humanos de esta organización, informó que por años han visibilizado la presencia de estos grupos de origen extranjero en territorio venezolano, quienes se han apoderado de las tierras venezolanas, bajo la mirada inoperante del Estado, quien no garantiza la tranquilidad en los ciudadanos.

Para Cáceres, según el informe tres llamado Guerrilla Colombiana, este grupo armado busca influir en los resultados electorales a través de la amenaza e intimidación a los habitantes de poblaciones fronterizas venezolanas donde estos grupos tienen fuerte presencia.

A través de panfletos se distribuía el siguiente mensaje: Las FARC comunica a toda la colectividad que el 20 de mayo de 2018 por conciencia revolucionaria debemos salir a votar por Nicolás Maduro y así defendemos la paz del país. Se les informa que tomaremos el control de la calle para resguardo de la revolución, aquel que realice actos vandálicos será objetivo de las FARC y en los casos que sea necesario se actuará con mayor firmeza revolucionaria.

Igualmente, en su mensaje conmina a los pobladores a defender la revolución chavista.

Esto incentiva el miedo, apuntó Cáceres, pues por medio de estas alianzas se mantiene mayor control y que el gobierno venezolano se mantenga en el poder.

Las investigaciones de FundaRedes revelan la presunta presencia de 40 grupos armados que operan a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana, como el Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, Tren del Llano, entre muchos otros, que mediante acciones de homicidios, extorsión, secuestro mantienen en zozobra a las comunidades fronterizas.

(*) Se modificaron los nombres de las fuentes por medidas de protección.

Este es un trabajo colaborativo de Efecto Cocuyo y Crónica Uno.

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