▷ La Plataforma Unitaria contabiliza 758 liberaciones de presos políticos tras Ley de Amnistía #1Abr

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La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza la excarcelación de 758 presos políticos en lo que va de año. Este registro inició tras los primeros anuncios gubernamentales y cobró mayor fuerza luego de que se aprobara la Ley de Amnistía en febrero.

A través de un comunicado, el bloque opositor detalló que las cifras corresponden a los casos verificados hasta la tarde de este martes, aprovechando la ocasión para exigir que los procesos de salida sean rápidos y transparentes, garantizando una libertad absoluta para todos los detenidos.

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La incertidumbre sobre el estatus judicial

Pese a la actualización de los datos, persiste la falta de claridad técnica sobre la situación jurídica de quienes abandonan las cárceles. A diferencia de las organizaciones de derechos humanos, la PUD omitió precisar cuántos ciudadanos recibieron libertad plena y cuántos salieron bajo medidas cautelares.

Esta distinción resulta fundamental, ya que muchos de los beneficiados por la reciente normativa mantienen expedientes abiertos o restricciones que limitan sus derechos civiles, como la prohibición de salida del país o regímenes de presentación.

El contraste con la versión oficial

Desde la acera oficialista, los números presentan una escala mucho mayor. Jorge Arreaza, quien lidera la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, informó que más de 8,100 personas recibieron libertad plena.

Según sus datos, la gran mayoría de estos ciudadanos ya se encontraba fuera de los recintos penales pero sufría restricciones judiciales, mientras que solo un grupo pequeño permanecía efectivamente tras las rejas.

No obstante, la ley posee limitaciones claras: solo se aplica a eventos específicos de 13 años determinados, dejando fuera delitos como corrupción o violaciones de derechos fundamentales.

Vigilias y el conteo de las ONG

Mientras el debate por las cifras continúa, el ambiente a las afueras de los centros de reclusión es de tensa espera. Familiares y activistas permanecen en vigilia con la esperanza de ver salir a sus allegados. En este contexto, la ONG Foro Penal estima que todavía existen más de 500 personas detenidas por motivaciones políticas, una realidad que el Gobierno niega tajantemente al argumentar que todos los arrestados cometieron delitos comunes, postura que choca frontalmente con las denuncias de los sectores opositores.

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