▷ VIDEO | Marco Rubio afirma que el petróleo financia salarios mientras docentes sobreviven con 130 Bs #27Mar

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El contraste entre la diplomacia internacional y la realidad de las calles venezolanas alcanzó un nuevo pico de tensión este jueves. Mientras el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirma desde la Casa Blanca que los crecientes ingresos petroleros de Venezuela se están destinando a financiar hospitales y salarios docentes, los trabajadores públicos cumplieron una jornada más de protestas exigiendo un aumento del sueldo mínimo, que permanece estancado en 130 bolívares desde marzo de 2022.

Según Rubio, durante el primer bimestre de 2026, Venezuela generó más ingresos por venta de crudo que en gran parte del año anterior. «El dinero ya no se roba. Está llegando al gobierno para ayudar a financiar hospitales y pagar a los maestros», declaró el funcionario.

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Sin embargo, los datos de los gremios contradicen este optimismo. Los días 12, 23 y 25 de marzo, sindicatos de educación y salud tomaron las calles para denunciar que ese flujo de caja no se traduce en mejoras salariales. Actualmente, el sueldo mínimo oficial equivale a apenas 0,28 centavos de dólar, una cifra simbólica que viola el artículo 91 de la Constitución, el cual obliga al Estado a garantizar un salario suficiente para cubrir la canasta básica.

La narrativa de Delcy Rodríguez a principios de mes, sostiene que se han creado dos «fondos soberanos» alimentados por nuevas inversiones en gas y petróleo. El objetivo declarado: mejorar el ingreso de los trabajadores y los servicios públicos.

Incluso se anunció una «venta extraordinaria» de fueloil por 300 millones de dólares destinada, supuestamente, a garantizar un incremento en los beneficios laborales. No obstante, el Ejecutivo ha optado por la «bonificación» del ingreso en lugar de un aumento de salario real. El pasado 13 de marzo, el Bono de Guerra Económica fue ajustado de 120 a 150 dólares, dejando intactos las prestaciones sociales y los cálculos de antigüedad que dependen del sueldo base.

«No descartamos llamar a paros nacionales como medida de presión», advirtió José Gregorio Afonso, presidente de la APUCV, subrayando que la paciencia de los sectores universitarios y de salud está agotada.

Ante la falta de respuestas concretas sobre un ajuste del salario mínimo que impacte realmente en la calidad de vida y no solo en bonos discrecionales, los trabajadores y jubilados ya han convocado a una nueva movilización nacional para el próximo 9 de abril, con destino al Ministerio del Trabajo.