▷ Familiares denuncian traslados arbitrarios de presos políticos a Yare III #7Abr

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Familiares de detenidos por razones políticas denunciaron este lunes, 6 de abril, nuevos traslados irregulares entre centros de reclusión en Venezuela, según reportó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) a través de sus redes sociales.

La organización reportó que los traslados se realizaron sin informar a los familiares, defensores y sin confirmar la identidad o el número de detenidos. Asimismo, se desconoce los motivos por los que fueron trasladados.

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Traslados nocturnos y sin notificación oficial

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó que los traslados se realizaron durante la madrugada, sin previo aviso a los familiares ni confirmación oficial por parte de las autoridades. Los movimientos habrían ocurrido desde la cárcel militar de Fuerte Guaicaipuro hacia el Internado Judicial Yare III, ambos en el estado Miranda, lo que incrementa la preocupación por la falta de información institucional.

Aunque la ONG no precisó el número exacto de detenidos trasladados, sí indicó que estos estarían vinculados a la denominada ‘Operación Gedeón’, un caso emblemático dentro de los expedientes de presos políticos en el país, tras el intento de incursión marítima de mayo de 2020.

Incomunicación y paradero desconocido

Uno de los elementos que más alarma genera entre los familiares es la repetición de patrones ya denunciados anteriormente: traslados nocturnos, incomunicación prolongada y ausencia de información oficial. Según Clipp, algunos de los detenidos habían sido previamente recluidos en Ramo Verde, incluso después de haber cumplido condena, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de su permanencia bajo custodia.

“(Los familiares) aseguran que hasta el momento desconocen el paradero de otros presos políticos militares que permanecían recluidos junto a ellos, algunos de los cuales ya habían sido previamente trasladados desde (la cárcel) de Ramo Verde tras cumplir condena y sometidos a semanas de incomunicación y aislamiento», informó la ONG.

En ese sentido, los familiares exigieron información «clara y oportuna» sobre el paradero de los privados de libertad, libertad inmediata y el respeto a su integridad física y mental y garantías de comunicación y visitas familiares.

Además, indicó que los familiares rechazan que se les mantenga en aislamiento bajo el argumento de «readaptación«, agregó la ONG, en referencia a la práctica que han denunciado los familiares de aislar por días, incluso semanas, a los detenidos trasladados en sus nuevos centros de detención.

Violaciones a derechos humanos

Expertos en derechos humanos han advertido que los traslados sin notificación pueden constituir una vulneración de garantías básicas, especialmente cuando se realizan sin acceso a abogados o familiares. Asimismo, destacan que la incomunicación prolongada podría ser considerada una forma de trato cruel o degradante, de acuerdo con estándares internacionales.

En paralelo, el contexto de la Ley de Amnistía añade un elemento adicional de complejidad. Mientras el Ejecutivo ha promovido la normativa como un mecanismo para avanzar en la reconciliación, organizaciones civiles sostienen que su aplicación ha sido irregular, con liberaciones selectivas y sin criterios claros, lo que genera desconfianza entre las víctimas y sus allegados.

Los familiares también demandaron garantías para la integridad física y mental de los detenidos, el restablecimiento de las comunicaciones y el respeto al derecho a visitas familiares.

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