42 presos políticos en riesgo: Exigen liberación urgente
El comité de familiares registra actualmente a 42 presos políticos en condiciones críticas de salud en Venezuela. Los allegados advierten sobre un grave riesgo de muerte si los detenidos no reciben atención médica inmediata. Entre los afectados, varios reclusos padecen cáncer avanzado sin recibir tratamiento. Otros casos documentados requieren hasta cuatro intervenciones quirúrgicas urgentes. Los familiares aseguran categóricamente que estas necesidades médicas derivan de severas secuelas por torturas físicas. La situación penitenciaria exige acciones rápidas y contundentes para garantizar el derecho a la vida de los detenidos.
Promesas de excarcelación y desconfianza institucional
La vocera de los familiares manifestó una profunda desconfianza hacia las instituciones del Estado. Los allegados responsabilizan directamente a los funcionarios gubernamentales por las prácticas de tortura dentro de los penales. Los familiares acumulan 132 días durmiendo a las afueras de los diferentes centros penitenciarios del país. Esta agónica vigilia comenzó tras un anuncio de excarcelación masiva. Jorge Rodríguez realizó esta promesa política hace más de cuatro meses. El sector denuncia un incumplimiento total de esta medida oficial que mantiene en vilo a decenas de hogares venezolanos.
Exigencia de derechos humanos y veeduría internacional
Andreina Baduel respondió a las recientes declaraciones oficiales sobre los supuestos gestos de liberación. La activista sostuvo firmemente que la libertad de los presos políticos constituye un derecho fundamental y no un favor gubernamental. Ella argumentó que una revisión técnica evidenciaría que los expedientes judiciales presentan vicios absolutos. El poder estatal actuó principalmente para criminalizar a la disidencia política. Además, la dirigente cuestionó la prohibición gubernamental que impide el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles. También exigió permitir la participación de organismos internacionales en investigaciones totalmente independientes.
Inacción de la justicia penal y riesgo de impunidad
La vocera criticó fuertemente la ineficiente actuación de los órganos de justicia venezolanos. Señaló que la Defensoría del Pueblo permite la vulneración constante de su propio mandato constitucional sobre derechos humanos. También denunció una grave opacidad operativa por parte de la Fiscalía General. Baduel expuso el caso de su padre como el mayor ejemplo de inacción institucional. Este expediente acumula 55 meses bajo investigación sin generar respuestas oficiales. Finalmente, recordó a las personas que murieron esperando justicia real bajo custodia del Estado. El colectivo mantendrá sus denuncias para evitar la impunidad.
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