Asamblea Nacional da pasos hacia la derogación del Estatuto de Roma en medio de tensiones con la CPI por investigación de crímenes de lesa humanidad
La Asamblea Nacional (AN) avanza en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, en un contexto marcado por una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. La iniciativa busca fortalecer la soberanía y rechazar la intervención internacional en asuntos internos, tras el anuncio de cierre de la oficina de la CPI en Caracas.
La decisión refleja la postura de Venezuela frente a la investigación internacional
La propuesta, presentada por legisladores oficialistas, fue aprobada por unanimidad en la primera discusión. El diputado Roy Daza enfatizó que esta decisión reafirma la independencia del país y la autoridad de sus instituciones, en un momento en que la CPI investiga el trato a manifestantes en 2017, que dejó cerca de 200 muertos. La iniciativa busca que Venezuela no quede sujeta a decisiones de tribunales internacionales que, según ellos, no respetan su soberanía.
El proceso para cancelar la adhesión al Estatuto de Roma continúa en marcha
Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma en 1998 y 2000, respectivamente. Sin embargo, la derogación de esta ley no implica una denuncia automática del tratado internacional. El gobierno debe comunicar oficialmente su decisión a Naciones Unidas, y la denuncia entrará en vigor un año después de la notificación. La medida refleja la intención del país de defender su jurisdicción frente a la Corte Penal Internacional y sus investigaciones.
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