chavismo maniobra para llenar vacantes clave en el TSJ

La AN oficialista designa comisión preliminar para cubrir vacantes en el TSJ, profundizando el control institucional bajo una cuestionada reforma.

El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, Jorge Rodríguez, activó este martes una comisión preliminar para intervenir el Poder Judicial.

Esta instancia busca estructurar un Comité de Postulaciones Judiciales que permita llenar las plazas vacantes de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo.

Según Rodríguez, la medida responde a una ausencia prolongada de funcionarios en las sillas más altas de la justicia venezolana. Sin embargo, el movimiento ocurre en medio de cuestionamientos sobre la independencia de poderes y la transparencia del proceso de selección legislativo.

El legislativo asegura que esta acción forma parte de una supuesta reforma profunda impulsada por la Comisión para la Convivencia y la Paz.

A través del canal estatal ANTV, se oficializó este paso que acelera el reordenamiento de los magistrados del máximo tribunal nacional.

La celeridad del proceso levanta sospechas sobre la intención real de fortalecer la institucionalidad o simplemente consolidar el dominio político partidista.

Control de magistrados y el blindaje del TSJ

La conformación de este equipo de trabajo invoca formalmente el artículo 270 de la Constitución Nacional para otorgar legalidad a sus futuras decisiones.

Los parlamentarios también fundamentan su estrategia en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La lista de los seleccionados la encabeza Giuseppe Alessandrello, quien estará acompañado por diez diputados que responden a las directrices del bloque oficialista. Entre los designados figuran personajes como Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos y otros aliados constantes de la gestión de Rodríguez.

El grupo también incluye a Luis Augusto Romero y Antonio Ecarri, buscando proyectar una imagen de pluralidad en la toma de decisiones.

Este comité debe filtrar ahora a los candidatos que aspiran a los cargos vitales dentro del sistema de justicia del país. Críticos advierten que estas designaciones podrían perpetuar el sesgo político en las sentencias que emanan de las distintas salas del alto juzgado.