El gobierno venezolano ha sido incapaz de cumplir con la transferencia de funciones de custodia de la DGCIM y SEBIN al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP). Cuatro años después de su decreto inicial.
Aunque la transferencia se formalizó en mayo de 2021, la realidad es que el cambio nunca se llevó a cabo de manera efectiva. Dejando a los detenidos en manos de la misma policía represiva.
Custodia del DGCIM y SEBIN: Sin cambios reales
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) debían transferir sus funciones de custodia según el decreto N.º 4.510.
Sin embargo, los pasos concretos como la adecuación de normas, el traslado de detenidos y la transferencia de instalaciones no se han realizado plenamente.
Esto ha mantenido a los centros de detención bajo el control de fuerzas conocidas por su opresión y falta de capacitación, perpetuando un clima de temor y represión en el país.
Un contexto de continuas violaciones de derechos humanos
Incluso con la formalización de estos decretos, Venezuela ha visto un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos.
El Helicoide, controlado por el SEBIN, sigue siendo un símbolo de tortura y maltrato, donde se han documentado prácticas crueles y degradantes.
La Misión Internacional de la ONU ha sido clara en sus informes sobre la continuidad de estos abusos, que incluyen desde asfixias hasta violencia sexual, todo en un intento de reprimir la disidencia política.
La situación postelectoral de 2024 ha exacerbado estas prácticas, con un incremento en las detenciones arbitrarias y la represión sistemática, según lo denunciado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la CIDH.
Más desafíos en el sistema penitenciario
El Código Orgánico Penitenciario (COP) de Venezuela, que debería regular el sistema penitenciario, carece de un reglamento específico que permita su implementación efectiva.
La reforma del COP aprobada en 2021 no ha sido acompañada por el desarrollo de normas detalladas, lo que contribuye a la desorganización y a la continua violación de los derechos humanos de los reclusos.
La ausencia de estas regulaciones no solo afecta la rehabilitación de los detenidos sino también la transparencia y la justicia dentro de los centros penitenciarios.
El gobierno venezolano, a través de su inacción, sigue demostrando una falta de compromiso con el respeto a los derechos humanos y la reforma del sistema penitenciario, dejando a los detenidos y sus familias en un limbo de abuso y negligencia.
La comunidad internacional debe mantener su mirada crítica sobre estas prácticas, presionando para un verdadero cambio en cómo se gestiona la custodia en Venezuela.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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Fuente de TenemosNoticias.com: puntodecorte.net
Publicado el: 2025-01-03 15:50:00
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