Detención arbitraria de Roberto Campero genera indignación
En un operativo que ha encendido las alarmas en el estado Aragua, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron al profesor Roberto Campero, directivo del sindicato Sitraenseñanza, la noche del 14 de agosto en su vivienda en el municipio Mariño.
Según información confirmada por organizaciones de derechos humanos, el allanamiento ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando los efectivos irrumpieron en el apartamento de Campero en Turmero, acompañado de su esposa, la profesora Veruzka Ortega, y su hijo.
Durante la acción, los funcionarios se llevaron una laptop del Instituto Pedagógico Rural El Macaro, donde Ortega funge como coordinadora de convenios y diplomados, además de varios teléfonos móviles. Hasta el momento, no se conoce el paradero exacto de Campero, lo que ha generado preocupación entre sus colegas y familiares.
Ortega y su hijo se encuentran en libertad y en buen estado, según reportes. La detención de Campero, conocido por su activismo político y su rol como jefe de campaña en el municipio Girardot durante las elecciones de 2025, cuyos resultados fueron cuestionados, ha sido calificada como arbitraria por diversas organizaciones.
Represión contra líderes sindicales enciende críticas
La detención de Roberto Campero ha desatado una ola de rechazo en redes sociales y entre organizaciones sindicales, que denuncian un posible patrón de represión contra líderes gremiales en Venezuela. Según posts en X, el allanamiento se realizó sin orden judicial, y los funcionarios causaron daños en la vivienda, aumentando las sospechas de abuso de poder.
Campero, figura destacada en el magisterio aragüeño, ha sido un crítico activo de las políticas educativas y laborales del gobierno. Organizaciones como Fetramagisterio exigen su inmediata liberación y claridad sobre su situación. La falta de información oficial sobre el lugar de traslado y los motivos de la detención refuerza las acusaciones de desaparición forzada.
Activistas instan a planificar acciones de protesta y visibilización para exigir justicia, mientras la comunidad educativa de Aragua se mantiene en alerta ante este nuevo caso que pone en entredicho las garantías de los derechos sindicales y políticos en el país.
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