Excarcelado político se encuentra con su casa invadida

Autoridades judiciales excarcelaron a José Breijo, un adulto mayor de 73 años con nacionalidad uruguayo-venezolana. El ciudadano pasó dos años preso en la cárcel de Tocuyito tras enfrentar acusaciones por supuesto terrorismo. Al regresar a su apartamento en Caracas, vivió una amarga sorpresa. Un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) invadió su vivienda. Los vecinos y defensores de derechos humanos aseguran que este oficial participó directamente en la detención del anciano.

El tribunal dictó una medida cautelar de arresto domiciliario a favor de Breijo. El adulto mayor se trasladó al edificio Pascuareli en Bello Monte, parroquia El Recreo, pero encontró un candado distinto en su puerta. Esta irregularidad le impide ingresar a su propio hogar. Al mismo tiempo, la medida legal le prohíbe abandonar las instalaciones del edificio. Ante esta encrucijada, el hombre duerme sobre un colchón improvisado en el pasillo de su piso.

Clamor por justicia ante el despojo patrimonial

“Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias”, relató Breijo. El ciudadano se definió como un trabajador honesto y rechazó rotundamente las acusaciones de terrorismo. Denunció que perdió absolutamente todo su patrimonio de manera arbitraria.

El periodista y activista caraqueño Carlos Julio Rojas alzó su voz para denunciar este atropello. Rojas catalogó la situación como un acto dantesco. El comunicador detalló que los efectivos apresaron a Breijo por el simple hecho de tomar una fotografía. Ahora, el funcionario que ejecutó el procedimiento habita ilegalmente la propiedad del adulto mayor. Esta situación deja al anciano sin un espacio digno para cumplir su beneficio procesal.

Crisis de salud y exigencias a las autoridades competentes

Rojas alertó que Breijo sufre graves problemas de salud. El hombre de la tercera edad contrajo diversas enfermedades durante su prolongada estadía en Tocuyito. Además, su precaria situación habitacional le impide adquirir alimentos por sus propios medios sin violar la restricción del tribunal.

El activista exigió respuestas inmediatas al fiscal general, Larry Davoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato. También solicitó al Gobierno de Uruguay que brinde protección consular urgente a su ciudadano. Según el dirigente, las autoridades uruguayas no ofrecieron ningún tipo de respaldo diplomático al afectado durante todo el proceso penal.

Carlos Julio Rojas alertó sobre una práctica sistemática que afecta a numerosos presos políticos. El activista denunció que grupos de poder roban las propiedades de los detenidos con total impunidad durante sus reclusiones. Puedes leer más sobre denuncias de derechos humanos en Punto de Corte.

Fuentes: Declaraciones de Carlos Julio Rojas.

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