Foro Penal denuncia bloqueo de visitas presos políticos El Rodeo

Alfredo Romero, director del Foro Penal, denunció una violación sistemática al derecho a la defensa tras prohibirse nuevamente el acceso a Marín Chaparro y Baduel en El Rodeo I.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, alzó su voz este jueves ante una situación alarmante en el Centro Penitenciario El Rodeo I.

Las autoridades negaron nuevamente el acceso legal para visitar a los presos políticos Igbert Marín Chaparro y Josnars Adolfo Baduel. Romero calificó este hecho como una vulneración flagrante y constante del derecho fundamental a la asistencia jurídica.

Según el abogado, el personal carcelario utilizó excusas técnicas sobre supuestas fallas en el sistema para impedir la entrada del equipo legal. Esta negativa representa un patrón restrictivo que el activista observa desde hace dos años en dicho recinto carcelario.

La organización intenta constantemente cumplir con su labor profesional, pero encuentra barreras institucionales que anulan cualquier debido proceso. El jurista insistió en que estas trabas impiden verificar el estado físico y emocional de los ciudadanos privados de su libertad por motivos de conciencia.

El derecho a la defensa de los presos políticos frente al sistema

Alfredo Romero denunció que el aislamiento forzado contra los presos políticos constituye una violación constitucional que invalida los juicios actuales. El abogado resaltó que solo obtuvo permiso para ver a Marín Chaparro una vez en todo este prolongado tiempo de reclusión.

Las autoridades penitenciarias varían sus argumentos, mencionando suspensiones generales o errores informáticos que nunca encuentran solución definitiva para los defensores. Romero criticó la inacción de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo ante estas irregularidades sistemáticas en los tribunales venezolanos.

El director del Foro Penal exigió cambios reales que trasciendan los nombramientos de nuevos funcionarios públicos en las instituciones del Estado. Para el activista, mantener estas prácticas represivas confirma una política de persecución que ignora los tratados internacionales de derechos humanos vigentes.

La defensa técnica resulta imposible si el Estado bloquea el contacto directo entre los abogados y sus defendidos dentro de las prisiones.