Grupo de extrabajadores protestan en empresas Polar
Un grupo de más de 20 extrabajadores mantiene una protesta continua frente a la sede administrativa de Empresas Polar, ubicada en el sector Los Cortijos, estado Miranda.
Los extrabajadores aseguran que llevan más de nueve años en una lucha jurídica con la empresa, la cual, según afirman, no ha respondido ni acatado las sentencias emitidas por los entes estatales.
Frank Quijada, representante del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar, señaló que el grupo lleva más de 24 horas apostado a las puertas de la compañía. “Amanecimos ayer y hoy volveremos a amanecer”, enfatizó Quijada.
El dirigente informó que, en la tarde del 16 de julio, el comisionado de la empresa, John García, junto a la jefa de seguridad, elaboraron una lista de los trabajadores presentes en la protesta.
Quijada afirmó que, desde el 21 de abril de 2016, aproximadamente 12,000 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos. Desde entonces, los afectados no han recibido salarios ni beneficios. Además, destacó que alrededor de 57 extrabajadores han fallecido mientras esperaban una resolución a este conflicto jurídico.
Más de 30 años de servicio
El dirigente sindical, Frank Quijada, aseveró que la mayoría de los extrabajadores tenían más de 30 años de servicio en Empresas Polar y destacó que llevan esperando nueve años y tres meses una respuesta de la compañía.
Asimismo, Quijada enfatizó que una de las principales exigencias es que los trabajadores sean atendidos.
“Tenemos trabajadores que son adultos mayores y están buscando su jubilación. Solicitamos que sean atendidos”, afirmó.
Proceso jurídico en la Inspectoría del Trabajo
Frank Quijada, dirigente sindical, afirmó que los procesos jurídicos llevados a cabo en la Inspectoría del Trabajo han sido ganados por los trabajadores. Además, señaló que en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) existe la sentencia N.º 615, la cual, según Quijada, Empresas Polar ha omitido cumplir.
Por último, el dirigente expresó: “Lo que pedimos es que se haga justicia. Son madres y padres de familia que han padecido durante años la inclemencia y el maltrato de una empresa que actúa como si fuera un Estado dentro del Estado”.
Reportaje de José Palache para Punto de Corte.
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