Desde el día siguiente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela ha experimentado una escalada de violencia y represión sin precedentes. Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que revela un panorama oscuro en el país, donde las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como “colectivos”, han desatado una campaña brutal contra la población civil.
El documento, titulado “Castigados por buscar un cambio”, detalla asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, evidenciando un patrón sistemático de represión. En los días posteriores a los comicios, al menos 24 personas, entre manifestantes y transeúntes, perdieron la vida en circunstancias que indican la participación directa de las fuerzas del Estado y los colectivos.
Este incremento en la violencia refleja la respuesta del gobierno venezolano ante las protestas y las denuncias de fraude electoral. La represión ha sido particularmente intensa, con más de 2.000 personas detenidas por participar en manifestaciones, criticar al régimen o apoyar a la oposición. Muchos de estos detenidos enfrentan cargos vagos como “terrorismo” o “incitación al odio”, que pueden acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
La situación se agrava por las desapariciones forzadas, en las que las víctimas no tienen acceso a abogados ni a sus familiares, y en algunos casos, someten a las víctimas a torturas en centros clandestinos. La evidencia de estos abusos señala una estrategia deliberada para silenciar cualquier intento de cambio democrático en el país.
Contexto y gravedad de la crisis en Venezuela
Entre los casos más notorios documentados por HRW figura el de Jesús Armas, exconcejal venezolano secuestrado por hombres encapuchados en Caracas, quien fue sometido a torturas físicas durante interrogatorios. Además, se reporta la desaparición del trabajador humanitario colombiano. Manuel Tique y del turista franco-estadounidense Lucas Hunter, quienes desaparecieron tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación, aunque algunos actores, como Estados Unidos durante la administración Trump, han sido criticados por priorizar acuerdos migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses en lugar de defender los derechos humanos en Venezuela. La postura de ciertos países ha sido interpretada como un respaldo indirecto a un régimen que intenta mantenerse en el poder mediante la represión.
Respuesta internacional y llamado a la acción
HRW ha criticado duramente la actitud de algunos gobiernos, señalando que esta postura favorece a un régimen que busca legitimar su autoridad a costa de la libertad y seguridad de los venezolanos.
La directora de la División de las Américas, Juanita Goebertus, afirmó que “el gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a quienes luchan por la democracia”. La organización insiste en que la comunidad internacional debe adoptar una postura firme y coherente, centrada en exigir justicia y rendición de cuentas.
El informe advierte que la represión no solo viola derechos humanos fundamentales, sino que también profundiza la crisis migratoria en la región, que ya ha desplazado a más de ocho millones de venezolanos. Human Rights Watch llama a los países extranjeros a apoyar a las víctimas, fortalecer la sociedad civil venezolana y condicionar cualquier negociación con. Caracas a avances verificables en derechos humanos, para detener la escalada de violencia y abrir paso a soluciones democráticas.
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Publicado el: 2025-04-30 12:02:00
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