¿Más control social en Venezuela?
El llamado del ministro de Interior de la adminisatración de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, al sector privado para conectar las cámaras de seguridad de sus comercios al sistema de emergencias 911 ha desatado un debate que va más allá de la seguridad ciudadana. Si bien se presenta como una medida para combatir la delincuencia, que según cifras oficiales disminuye, la propuesta abre la puerta a una significativa expansión del control social del gobierno. Esta iniciativa sugiere la intención de crear una red de vigilancia masiva que penetra en los espacios privados.
La sombra del panóptico en la seguridad
La integración de miles de cámaras privadas al monitoreo estatal evoca la teoría del panóptico, un concepto desarrollado por el filósofo Jeremy Bentham. El panóptico describe una estructura carcelaria diseñada para que los reclusos se sientan constantemente vigilados, sin saber si realmente lo están, lo que induce un control interiorizado. Al poner la infraestructura de vigilancia privada a disposición del Estado, la administración de Nicolás Maduro busca establecer una vigilancia omnipresente. Esta extensión del ojo estatal a cada rincón comercial amplifica la sensación de estar observado, inhibiendo la disidencia y la actividad política opositora.
“Misión sapo”: Reforzando el control social
Sectores de la oposición han bautizado irónicamente los mecanismos de delación y control social como “Misión Sapo”. La propuesta de Cabello, al incorporar la vigilancia visual del sector privado, representa un poderoso instrumento para profundizar esta estrategia. Las cámaras de negocios, antes enfocadas en proteger la propiedad, se convertirían en ojos que vigilan a la ciudadanía. Esto permite al Estado no solo prevenir el delito común, sino también rastrear y monitorear las actividades de figuras opositoras, activistas y ciudadanos críticos, sumando un elemento de inteligencia y seguimiento al control territorial. La intencionalidad crítica en este contexto es clara: usar la excusa de la seguridad para cimentar un sistema de vigilancia que puede ser fácilmente instrumentalizado con fines políticos y de represión social.
La coerción política y el uso de recursos
El ministro ofreció sus declaraciones durante la entrega de patrullas, un acto que utilizó para exhortar al voto en una próxima consulta y criticar duramente a un alcalde de oposición por no sumarse al evento. Este episodio demuestra la convergencia entre la gestión de seguridad y la coerción política. Cabello vinculó implícitamente la entrega de recursos de seguridad a la alineación política, fustigando al alcalde Raziel Rodríguez, de Fuerza Vecinal, por no participar. Esta actitud revela que la administración de recursos públicos y las políticas de seguridad a menudo se utilizan como herramientas para ejercer presión sobre los líderes opositores, forzando la cooperación bajo amenaza de aislamiento o privación de apoyo.
Fuentes: www.puntodecorte.net
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