ONG alerta sobre exclusiones en cárceles venezolanas
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este viernes una “selectividad inquietante” en los procesos de liberación recientes en Venezuela.
El Gobierno de Nicolás Maduro anunció la salida bajo medidas cautelares de 88 personas detenidas tras las pasadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Sin embargo, la ONG cuestiona los criterios aplicados por las autoridades para otorgar estos beneficios judiciales a los prisioneros.
Según la organización, el Estado beneficia exclusivamente a quienes capturaron en el contexto de las protestas postelectorales. Esta decisión deja fuera a los sectores más vulnerables de la población carcelaria que padecen condiciones inhumanas actualmente.
Hasta el momento, JEP solo confirma 60 de los 88 casos que el Ministerio de Servicio Penitenciario reportó oficialmente.
La falta de transparencia sobre las identidades de los liberados genera una profunda angustia entre los familiares de los detenidos. Activistas señalan que estas medidas parecen responder a cálculos políticos más que a un respeto genuino por los derechos humanos.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo el sistema judicial venezolano aplica beneficios de forma discrecional y poco clara.
El organismo defensor de derechos fundamentales calificó como “incomprensible y alarmante” que varios adolescentes sigan tras las rejas todavía.
Esta situación viola flagrantemente la protección prioritaria que las leyes nacionales e internacionales otorgan a los menores de edad. JEP también expresó una fuerte preocupación por la exclusión sistemática de mujeres y adultos mayores en estos operativos de salida.
Los presos políticos que sufren enfermedades graves tampoco figuran en los listados de quienes recuperaron su libertad este año. La ONG contabiliza al menos 91 detenidos con diagnósticos de salud críticos que requieren atención médica urgente de manera inmediata.
El deterioro físico de estos ciudadanos representa una forma de violencia estructural ejercida por el propio Estado venezolano. Periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros permanecen olvidados en las cárceles bajo acusaciones de terrorismo y otros delitos graves.
A pesar de las liberaciones de diciembre y enero, la cifra total de prisioneros políticos sigue siendo alarmante. Organizaciones como Foro Penal estiman que cientos de personas todavía esperan un juicio justo o una medida de libertad plena.
La selectividad en Venezuela afecta a los vulnerables
La organización Justicia, Encuentro y Perdón insiste en que la selectividad aplicada en las excarcelaciones ignora casos humanitarios urgentes en Venezuela.
El grupo de defensa legal subraya que la libertad no debe ser un azar incomprensible manejado por el Ejecutivo nacional. Resulta paradójico que el Gobierno anuncie medidas de clemencia mientras mantiene el arresto de ciudadanos estadounidenses en sus centros de reclusión.
Informes de prensa internacional sugieren que estas detenciones aumentaron como respuesta a la presión diplomática ejercida por Washington contra Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano afirma que su país está libre de presos políticos y justifica los arrestos por supuestos hechos punibles.
No obstante, las ONG aseguran que los más de mil detenidos son inocentes y sufren persecución por sus ideales. La crisis carcelaria se agrava con cada jornada donde no se ofrecen listados oficiales con nombres y apellidos claros. La sociedad civil exige que los procesos judiciales se ajusten a la Constitución y no a intereses estratégicos externos.
El panorama para los derechos humanos en el territorio nacional sigue siendo sombrío a pesar de estos gestos aislados de liberación
Las cifras de JEP superan los mil prisioneros, mientras que Foro Penal documenta al menos 902 casos verificados hasta mediados de diciembre. De este total, casi un diez por ciento posee nacionalidad extranjera, lo que añade una dimensión internacional al conflicto interno.
La acusación de “terrorismo” se convirtió en una herramienta común para procesar a quienes protestaron contra los resultados de las elecciones. El ente electoral proclamó a Maduro sin presentar las actas detalladas, lo que desató una ola de indignación y arrestos masivos.
La mayoría de los detenidos durante esos eventos ya salieron, pero el núcleo duro de la disidencia continúa sufriendo el encierro. Justicia, Encuentro y Perdón mantendrá su vigilancia sobre cada expediente para denunciar las irregularidades en el trato a los reclusos.
La libertad de los presos políticos sigue siendo el requisito fundamental para una verdadera reconciliación nacional en el corto plazo. El mundo entero espera que la justicia prevalezca sobre la arbitrariedad en las próximas semanas de este nuevo ciclo político.
Con información de EFE
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