Provea ratifica que la salida de la CPI no frena las investigaciones contra el régimen venezolano
La organización no gubernamental Provea rechazó el anuncio del Gobierno sobre la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma, instrumento fundador de la Corte Penal Internacional (CPI). La ONG puntualizó que la medida carece de efectos inmediatos y no paralizará los procesos de investigación abiertos por el tribunal multilateral.
A través de la red social X, Provea explicó que la desvinculación se concreta formalmente un año después de su notificación. Por ende, los crímenes perpetrados durante ese lapso y los ocurridos previamente continúan sujetos a la jurisdicción de La Haya.
Mantienen compromisos y solicitudes de captura
El organismo citó las normas del tratado internacional para recordar que el retiro no exonera las obligaciones del Estado. La entidad enfatizó que Venezuela mantiene el deber de cooperar con la justicia y ejecutar las órdenes de captura que los jueces emitan en el futuro.
Por su parte, el canciller Félix Plasencia y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, justificaron la salida al acusar a la CPI de actuar con sesgo político contra los países del Sur Global.
La CPI aclara el lapso de cooperación obligatoria
Desde La Haya, el tribunal multilateral lamentó la determinación adoptada por las autoridades venezolanas. La Corte recordó que la condición de Estado parte se mantiene durante doce meses adicionales, período en el cual las instituciones nacionales deben colaborar con los expedientes abiertos.
La Fiscalía de la CPI investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2018. A pesar de los intentos del Ejecutivo por frenar el proceso, los fiscales mantendrán activas las averiguaciones mientras el país afronta la contingencia institucional actual.
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