Rafael Narváez exige intervenir un Poder Judicial en metástasis
Rafael Narváez exige la intervención del Poder Judicial y denuncia presiones para admitir hechos, alertando sobre la muerte de los derechos.
El abogado y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, solicitó la intervención inmediata de la Asamblea Nacional ante un Poder Judicial en estado de metástasis.
El exparlamentario exigió una renovación profunda de los organismos de justicia para liberar a los jueces de la disciplina partidista actual. Narváez sostiene que los magistrados deben someterse exclusivamente a las atribuciones establecidas en la Constitución de la República.
Solo mediante la autonomía e independencia real podrán administrar justicia de manera imparcial para todos los ciudadanos por igual. De lo contrario, la sociedad venezolana continuará huérfana de derechos civiles y políticos bajo un sistema opresor.
El jurista advirtió que las garantías constitucionales y los derechos humanos yacen hoy en una sepultura simbólica debido a la desidia institucional. La falta de transparencia procesal impide que el sistema funcione como un verdadero garante de la paz y la seguridad jurídica.
El país requiere instituciones sólidas que no respondan a intereses de grupos políticos específicos en detrimento del bienestar común.
Intervención urgente ante un Poder Judicial en crisis
La aplicación actual de la ley de amnistía refleja un preocupante grado de desconocimiento dentro del sistema de justicia venezolano.
Narváez criticó duramente a la comisión designada por el parlamento nacional por su incapacidad para cuantificar a los detenidos. Esta instancia todavía ignora el número exacto de presos políticos y de ciudadanos bajo medidas cautelares restrictivas en el país.
El abogado especialista en derecho procesal penal denunció la presión sistemática que ejercen los tribunales de terrorismo contra los procesados.
Según sus palabras, los jueces fuerzan a los detenidos para que admitan los hechos sin un juicio justo ni pruebas contundentes. Estamos ante una ley excluyente, selectiva y discriminatoria que no cumple con su propósito de reconciliación nacional verdadera.
Por ello, el defensor exigió el cumplimiento inmediato de los beneficios solicitados que contempla la normativa vigente sin más dilaciones burocráticas.
La reconstrucción del hilo constitucional depende de la liberación de quienes sufren detenciones arbitrarias bajo cargos infundados. El Estado debe detener el uso de la ley como una herramienta de castigo contra la disidencia política.
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