Venezuela busca inversión internacional para reactivar el sector minero
Caracas, 14 de abril de 2026 / Venezuela ha puesto en marcha una agresiva estrategia para reactivar su sector minero, buscando atraer capitales internacionales para la explotación de oro, hierro y bauxita.
Este ambicioso plan cuenta con un respaldo inédito de la administración de Donald Trump, que ve en la nueva Ley de Minas aprobada por la Asamblea Nacional una ventana de oportunidad para empresas estadounidenses y canadienses.
Sin embargo, un reporte de la agencia Reuters advierte que, mientras en los despachos de Caracas se habla de “seguridad jurídica”, en las selvas del estado Bolívar impera un control de facto ejercido por grupos irregulares.
La Ley de Minas y el aval de Washington
El nuevo marco legal permite que consorcios privados y extranjeros extraigan minerales estratégicos. Esta apertura ha sido validada por el Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien en marzo visitó el país y confirmó la emisión de licencias específicas para operar con la estatal Minerven.
- Empresas en la mira: La canadiense Gold Reserve ya posee licencia para negociar, mientras que la suiza Trafigura colabora en esquemas de suministro responsable.
- Promesa oficial: La presidenta interina, Delcy Rodríguez, asegura que los inversionistas gozan de “estabilidad y tranquilidad” para desarrollar sus proyectos.
El “Estado dentro del Estado” en Bolívar
A pesar del optimismo gubernamental, la realidad descrita por mineros y activistas en municipios como El Callao es alarmante. El control de los yacimientos no reside exclusivamente en manos del Estado, sino en una compleja red de actores armados:
- Sindicatos Criminales: Organizaciones como el Tren de Guayana y el Grupo 3R imponen reglas, castigos y controlan el acceso a maquinaria y combustible.
- Guerrillas Extranjeras: Se reporta la presencia activa del ELN y disidencias de las FARC, que gestionan rutas de extracción y rutas de contrabando.
- Complicidad Estatal: Habitantes denuncian vínculos entre estas estructuras delictivas y sectores de seguridad, lo que dificulta la transparencia en la cadena de suministro.
“Los sindicatos criminales controlan las minas. Ellos establecen las reglas y hacen cumplir la ley. Uno se cuida, porque incluso hablar es un riesgo”, relató Inés García, minera de 51 años, a la agencia Reuters.
Desafíos para la inversión real
Para que la minería se convierta en la fuente de impuestos y empleo que el Gobierno promete, los expertos coinciden en que no basta con licencias de la OFAC. El principal reto de la administración de Rodríguez será demostrar que puede recuperar la soberanía territorial en el Arco Minero.
Aunque la Operación Roraima (activa desde 2023) muestra avances en la destrucción de campamentos ilegales, la “transparencia socioambiental” y la erradicación de las economías ilícitas siguen siendo las grandes deudas pendientes para convencer a los gigantes mineros de regresar al país.
Fuente: Agencia Reuters
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