Venezuela rechaza sanciones a países que den petróleo a Cuba

El Gobierno de Venezuela rechazó de manera contundente la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 29 de enero de 2026, que declara una emergencia nacional y establece un mecanismo para imponer aranceles adicionales a las importaciones provenientes de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente.

Contexto de la Orden Ejecutiva estadounidense

La medida, emitida bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Emergencias Nacionales, califica las políticas y acciones del Gobierno cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Según el comunicado de la Casa Blanca, el objetivo es proteger los intereses estadounidenses frente a lo que describe como “acciones malignas” del régimen cubano, permitiendo la imposición de aranceles ad valorem adicionales sobre bienes importados de terceros países que provean petróleo a la isla.

Esta acción se enmarca en una escalada de presiones de la administración Trump contra Cuba, que incluye restricciones de viaje previas (implementadas en junio de 2025) y declaraciones que vinculan a La Habana con amenazas regionales. La orden busca disuadir el comercio de hidrocarburos hacia Cuba, afectando potencialmente a proveedores históricos como Venezuela, pero también a otros países que podrían incursionar en ese mercado.

La respuesta venezolana

A través de un comunicado oficial difundido el 30 de enero de 2026 por el canciller Yván Gil, la República Bolivariana de Venezuela expresó su “enérgico rechazo” a la orden ejecutiva. El texto califica la medida como:

• Una violación flagrante al derecho internacional.
• Un atentado contra los principios fundamentales que rigen el comercio global.
• Una coacción inaceptable que limita la libertad soberana de los Estados para elegir sus socios comerciales.

Venezuela subrayó que “el libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios”.

Además, el Gobierno venezolano tildó de “despropósito” la calificación de Cuba como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando que esta consideración “entraña graves amenazas” a la estabilidad regional y al bienestar de los pueblos. Caracas ratificó su postura histórica de solidaridad con Cuba, basada en la Carta de las Naciones Unidas y en los lazos de cooperación bilateral que incluyen el intercambio energético legítimo.

Implicaciones regionales y contexto bilateral

Venezuela ha sido históricamente el principal proveedor de petróleo a Cuba mediante acuerdos de cooperación energética, aunque los volúmenes se redujeron significativamente en años recientes debido a la crisis interna venezolana y sanciones previas. En 2025, los envíos promediaron alrededor de 15.000 barriles diarios, según datos de seguimiento marítimo.

La orden ejecutiva llega en un momento particular para Venezuela: el mismo día (o en fechas muy cercanas) se aprobaron reformas legislativas para abrir más la industria petrolera a inversión extranjera, y el Departamento del Tesoro de EEUU emitió licencias generales que flexibilizan ciertas transacciones petroleras venezolanas (con restricciones explícitas, como prohibiciones de ventas a Cuba o arreglos con ciertas empresas chinas).

Esta yuxtaposición resalta las tensiones: mientras Washington busca incentivar una reorientación del sector petrolero venezolano hacia socios alineados con sus intereses, Caracas interpreta la medida contra Cuba como un intento de chantaje económico y de aislar aún más a La Habana, afectando indirectamente la cooperación histórica entre ambos países.

El rechazo venezolano se alinea con posturas similares expresadas por Cuba, cuyo canciller Bruno Rodríguez calificó la orden como un “brutal acto de agresión” contra su pueblo. Ambos gobiernos han llamado a la comunidad internacional a rechazar lo que consideran una extralimitación unilateral que amenaza el multilateralismo y la soberanía comercial.

En resumen, la Orden Ejecutiva representa una nueva herramienta en la política de máxima presión de la administración Trump hacia Cuba, con ramificaciones directas en el comercio regional de energía. Venezuela, fiel a su alianza estratégica con la isla, la ha condenado como una intromisión inaceptable en las relaciones soberanas entre naciones latinoamericanas y caribeñas.