AN-2020 aprueba en primera discusión Proyecto Sobre Exportaciones No Petroleras de Maduro

En la sesión del este 26 de septiembre la Asamblea Nacional (AN) del 2020 aprobó sancionó la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía, que está vinculada a la promoción y protección recíproca de inversiones. Mientras que le dio largas a la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, presentada a la plenaria hace casi de un año y medio

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 dijeron “amén” al gobernante Nicolás Maduro y aprobaron, por unanimidad y en primera discusión, el Proyecto de Ley de Fomento a las Exportaciones No Petroleras, que propuso el mandatario el jueves 21 de septiembre.

No hubo objeción alguna al proyecto. Oficialismo y oposición celebraron la iniciativa del proyecto de ley que, según el Gobierno, busca desarrollar mecanismo para facilitar la exportación de bienes, servicios y productos que nada tengan que ver con la industria.

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El proyecto de ley fue presentado a la plenaria de la AN, en la sesión de este 26 de septiembre, por el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría (PSUV/Nacional). Durante su derecho de palabra detalló que el instrumento legal propone la creación de un Fondo Nacional para la Exportación, que estará adscrito y administrado por la Agencia de Promoción de Exportaciones.

De acuerdo con el parlamentario, la ley requiere del compromiso de todos los sectores. Apuntó que hay temas, clases que deben dirimirse, tales como los procesos logísticos, trámites y de costos.

«Tenemos que legislar en ese aspecto y por eso este proyecto abarca esta materia», dijo.

Según el diputado oficialista, Venezuela deja atrás la crisis. Calificó de necesario que todos los sectores primarios económicos, como el alimentario y pesquero, aprovechen para exportar bienes, productos y servicios y generar así políticas favorables para el desarrollo nacional.

El debate lo concluyó el diputado opositor Oscar Rondero (AD/ Nueva Esparta), quien comunicó que la bancada que representa acompaña la propuesta de ley y promoverá las iniciativas privadas para generar las divisas que el país necesita y que no puede producir en el sector petrolero, producto de las sanciones y el bloqueo.

De nuevo al congelador

Al Parlamento no le ha bastado el año y medio que ha transcurrido desde que la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad fue aprobada en primera discusión para terminar de sancionarla. En la sesión de este 26 de septiembre la AN-2020 aprobó 30 artículos de la ley en segunda discusión y se difirió su discusión, pese a que durante este año diputados de oficialismo y oposición han calificado de «urgente» avanzar en esta materia.

La propuesta de ley tiene entre sus finalidades garantizar a las personas con discapacidad la participación e inclusión en sus familias y comunidades, así como en los espacios culturales, deportivos, económicos, educativos, políticos, recreativos y cualquier otro donde se desenvuelvan, permitiendo el pleno y libre desenvolvimiento de su personalidad.

Igualmente, establece la protección y atención integral que el Estado, las familias y la sociedad deben brindarles a estos venezolanos y venezolanas, procurando el respeto a su dignidad, sus derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía.

Lo que sí hizo la plenaria de la AN fue sancionar, sin titubear, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía, que está vinculada a la promoción y protección recíproca de inversiones.

La ley aprobatoria contempla establecer, mantener y consolidar las inversiones directas y recíprocas realizadas por inversionistas de ambas naciones. El instrumento legal busca, según voceros de la bancada oficial, promover el desarrollo productivo y sostenible.

La norma establece que es aplicable a todas aquellas inversiones en el territorio de un Estado, realizadas de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional por los inversionistas del otro Estado.

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