El presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), Leonardo Vera, moderó un conversatorio en el que participaron los economistas Gustavo García Osio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano, en un intento por llevar a cabo un ejercicio de reflexión sobre un panorama hipotético en el que Venezuela empiece a aplicar las medidas necesarias para salir del atolladero económico
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) dieron inicio al Segundo Congreso de Economía este miércoles 10 de abril, espacio en el que recomendaron una serie de prácticas que podrían dar forma a una política multidimensional de estabilización de la economía que apunte al crecimiento económico sostenido y sostenible.
Los economistas Gustavo García Osio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano disertaron sobre las realidades y necesidades actuales de la economía venezolana, enfocándose en las condiciones actuales de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y salarial que aplica la administración de Nicolás Maduro.
Todos los expertos coincidieron en que es necesario aplicar una política de estabilización en torno a estas cuatro aristas para alcanzar un punto de equilibrio que fomente el entorno económico propicio para afrontar una senda de crecimiento adecuada.
Así lo explicó el presidente de ANCE, Leonardo Vera, al inaugurar el congreso, aclarando que se trata de un ejercicio de reflexión sobre un panorama hipotético en el que Venezuela empiece a aplicar las medidas necesarias para salir del atolladero económico en el que se encuentra sumergida desde hace, al menos, una década.
«La academia nacional de ciencias económicas celebra el comienzo de unas extraordinarias jornadas de reflexión y análisis enfocadas en la posibilidad de traer estabilidad a la economía de Venezuela y sentar las bases para la consecución de crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo», recalcó.
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En este sentido, los académicos coincidieron en grandes aspectos, al remarcar la urgencia que tiene Venezuela por recuperar la autonomía de sus instituciones financieras, como el Banco Central de Venezuela, así como la reinserción en el sistema financiero internacional para acceder a líneas de crédito de la mano de multilaterales en el marco de un plan de estabilización de mediano y largo plazo, la importancia de la reestructuración de la deuda y la recuperación del poder adquisitivo de la población.
Estructura fiscal ineficiente
En materia de política fiscal, García Osio resaltó el desbarajuste que mantiene Venezuela, motivado por un problema de «dominancia fiscal» originada por la elevada deuda y niveles persistentes de déficit fiscal, en los que el Gobierno tiene más pagos pendientes que dinero disponible.
Por lo tanto, sostiene que la finalidad de un hipotético programa de reforma fiscal tendría que apuntar a lograr una estabilidad económica con bajos niveles de inflación y fortalecimiento de las reservas internacionales, en el que se reestructure la deuda pública, se supere la crisis humanitaria compleja, fomente el crecimiento económico y estimule la generación de empleos formales. Para ello, se enfoca en los siguientes puntos:
- Eliminar el financiamiento monetario vía BCV. Esto pasaría por modificar las leyes que regulan actualmente la actividad del ente emisor, otorgándole una mayor independencia y limitando su dependencia de la renta petrolera que aporta Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
- Reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional, con énfasis en el Fondo Monetario Internacional, lo que facilitaría el acceso a créditos para financiar programas de recuperación.
- Iniciar un proceso de reestructuración de la deuda externa y reinstaurar relación con todos los acreedores de Venezuela.
Con esta base, se podría plantear un programa de inversión que fomente la asistencia social y la recuperación de los servicios públicos.
«El programa tendría que implicar una reducción de subsidios y focalizarlos a subsidios a la demanda focalizados por segmentos de ingresos, dirigidos a los más necesitados. Los subsidios generalizados muchas veces benefician más a los sectores de mayores ingresos que a los de menores ingresos», argumentó.
En este escenario, el Estado tendría que reducir su tamaño y ceder un mayor protagonismo a las empresas privadas, que reciban concesiones para encargarse de la operación de sectores claves, como el petrolero. De igual forma, implicaría una reformulación de las prácticas tributarias, con la aplicación de impuestos más coherentes y equitativos, sin conceptos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
«Se necesitan recuperar los fundamentos de un sistema tributario eficiente y equitativo. Ha habido una proliferación de impuestos, algunos de ellos sumamente distorsionantes, como el IGTF. En Venezuela hay una presión fiscal elevada. Eso es un factor de que desestimula la inversión privada y la generación de empleos fiscales», sostuvo.
Control bimonetario
Desde mediados de 2019, el Gobierno abrió las puertas al uso del dólar, después de que el bolívar perdiera sus principales funciones como moneda, por lo que Venezuela se estructuró como un sistema bimonetario en el que se utilizan tanto bolívares como dólares.
Los economistas que participaron en la discusión estuvieron de acuerdo en que es preferible descartar la idea de migrar a una economía totalmente dolarizada, como la de Ecuador, puesto que impediría ejecutar una política monetaria controlada desde el BCV.
Al respecto, Carolina Pagliacci razonó que el BCV debe asumir las riendas de la creación primaria del dinero, que en los últimos años ha dependido más bien de la renta petrolera a través de la compra directa de títulos del BCV por parte de Pdvsa.
La reestructuración de las leyes que dictan la política monetaria debe procurar eliminar la venta obligatoria de divisas petroleras al BCV, así como las cuentas del sector público en el seno del ente emisor.
Después de superar esta restricción, la política monetaria debe centrarse en generar las condiciones propicias para que el financiamiento de las empresas se ejecute a través del sistema financiero, promover la creación de empresas y su acceso a diferentes mercados, y también minimizar factores que aumentan los costos de producción, para así dinamizar la economía productiva.
La experta explicó que, históricamente, el BCV ha aplicado políticas restrictivas que limitan el crecimiento de la masa monetaria en un intento por controlar la inflación, como está ocurriendo en este preciso instante, pero que no necesariamente deben prevalecer estos patrones para estabilizar la economía.
Sobre este punto, Pedro Palma acota que el programa de estabilización no debería depender, bajo ningún concepto, del anclaje del tipo de cambio a través de la intervención cambiaria, como ocurre en estos momentos.
«La política cambiaria es un componente importante en el plan de estabilización, no una política aislada. No debe buscar la estabilidad de los precios a través del tipo de cambio. La política cambiaria debe ser dinámica, no una que busque una fijación del tipo de cambio, sino con la existencia de una moneda local que fomente su uso», razonó.
Para que este panorama sea posible, Palma aboga por la aplicación de «reglas del juego claras y perdurables», que dependerían, posiblemente, de un acuerdo político para que su cumplimiento se respete indistintamente del Gobierno que esté al mando en ese momento.
A esto se suma un proceso de capitalización de los bancos, que deben recuperar su función principal de intermediadores para robustecer el sistema financiero, lo que pasa a su vez por el fortalecimiento del bolívar o de una nueva moneda de uso local, incluso a pesar de que se mantenga el uso del dólar.
«Esta va a ser y continuar siendo una economía bimonetaria, donde el dólar va a seguir teniendo un papel fundamental, pero hay que tratar de delimitar el papel que juegue dentro de la actividad económica mientras se fortalece una moneda nacional que cumpla con sus funciones de reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta. El uso de la moneda local es lo que va a posibilitar que aquí se puedan implementar políticas monetarias y cambiarias efectivas», aclaró.
Protección social y reinserción laboral
Otro de los puntos críticos que comprometen el crecimiento económico tiene que ver con la pérdida de talento humano y la disminución del mercado laboral, aunado a una pérdida sustancial del ingreso económico de las familias, que deja una combinación de escasa producción y peor poder adquisitivo.
Estudios de la consultora Anova presentados por su director, Omar Zambrano, sugieren que el insuficiente stock de capital humano va a ser una barrera importante a superar si se quiere aplicar cualquier programa de estabilización.
De acuerdo con el economista, el problema pasa por niveles elevados de pobreza, por una cifra desproporcionada de personas fuera del mercado laboral y también por una reducción de calidad del talento humano.
Proyecciones de Anova indican que los niveles de pobreza se ubican en 85,1% y de pobreza extrema en 64,9%. Si se focaliza esta cifra al sector privado, que es el más activo y dinámico en la economía, el porcentaje de pobreza se sitúa en 69,4%.
«El salario, aún en los sectores más dinámicos de la economía, no está siendo suficiente como para soportar condiciones de vida mejores de los que observamos», destacó.
Por su parte, los datos alertan que la población con estudios ha disminuido sustancialmente, a tal punto de tener un retroceso promedio de dos años de estudio en la población económicamente activa en un período de apenas siete años.
Si se suman los años de estudio y de experiencia laboral que sumaban las personas que acabaron migrando en este período de tiempo, Anova estima que el país habría perdido unos 95,6 millones años de experiencia y 53,6 millones de años de formación académica.
A estos factores se suma una cifra alarmante de 7,5 millones de venezolanos en edad económicamente activa que no generan ingresos autónomos al estar aislados del mercado laboral.
Este conjunto de elementos obligan a crear un sistema de protección social como parte de la solución en cualquier tipo de programa de estabilización a futuro, que ofrezca apoyo a los segmentos de la población más perjudicados por la crisis económica actual.
«Nuestra premisa es muy sencilla. La recuperación de las condiciones de vida de los venezolanos pasa por el proceso de estabilización económica, la reanudación del crecimiento económico robusto, duradero y sostenible, y la reconstrucción del sistema de protección social», razonó.
Zambrano sugiere que el programa de protección social de emergencia se extienda durante unos dos o tres años y que tenga como finalidad el alivio temporal de la pobreza, la amplificación del impacto de las remesas y una nueva institucionalidad que distribuya de forma más eficiente las herramientas de protección social, por lo que tendrían que rediseñarse —más no eliminarse— algunas de las misiones creadas por el chavismo.
Según las estimaciones de Anova, un programa de estas características podría costarle al Estado unos $4.500 millones anuales durante los próximos tres años.
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Fuente de TenemosNoticias.com: talcualdigital.com
Publicado el: 2024-04-10 18:13:46
En la sección: Noticias – TalCual