Escándalo en España por supuesto blanqueo de fondos venezolanos por parte de Plus Ultra

La justicia española investiga si parte del rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra fue usado para blanquear dinero de origen venezolano, incluidos recursos asociados a oro y fondos públicos. La causa derivó en detenciones recientes y en señalamientos sobre presuntas comisiones e intermediaciones políticas por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que él niega

Una investigación penal en España sobre el uso de fondos públicos entregados a la aerolínea Plus Ultra volvió a colocar bajo escrutinio un caso que conecta rescates estatales, presunto blanqueo de capitales y dinero de origen venezolano. El expediente, abierto durante la pandemia y archivado en una fase previa, se reactivó ahora con nuevas diligencias policiales y fiscales.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y se mantiene bajo secreto. Las actuaciones las ejecuta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo especializado de la Policía Nacional española que investiga delitos financieros complejos como corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales. En diciembre de 2025, agentes de esa unidad registraron la sede de Plus Ultra en Madrid y detuvieron al presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, según informó la agencia EFE.

Plus Ultra es una aerolínea española de tamaño reducido, con rutas hacia América Latina, incluida Venezuela. En marzo de 2021 recibió un rescate público de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda se aprobó bajo el argumento de preservar una empresa considerada estratégica en el contexto de la crisis sanitaria.

Cuatro años después, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que ese rescate pudo haberse utilizado de manera indebida. De acuerdo con información publicada por elDiario.es, el Ministerio Público considera que al menos parte de esos fondos se habría empleado para blanquear dinero «ilícito» procedente de Venezuela.

La querella menciona presuntos contratos de préstamo con sociedades radicadas en Francia, Suiza y España, vinculadas a una supuesta red internacional de blanqueo que manejaría recursos originados en actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos.

Entre los posibles orígenes del dinero se citan fondos públicos asociados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela.

El impulso de la investigación se apoyó, según la Fiscalía, en información remitida por autoridades judiciales de Francia y Suiza mediante comisiones rogatorias, lo que derivó en registros y detenciones autorizados por la justicia española.

En paralelo al avance judicial, varios medios españoles publicaron investigaciones que ampliaron el alcance político del caso. TheObjective afirma que la Policía española sitúa a Julio Martínez Martínez (homónimo pero no la misma persona que preside la aerolínea) como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ayudar en el rescate de 53 millones a Plus Ultra.

El medio señaló que los investigadores revisan movimientos financieros hacia sociedades vinculadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin que hasta ahora se hayan anunciado imputaciones en su contra.

Según TheObjective, la relación entre Zapatero y Martínez Martínez se inició en 2012, justo después de que el socialista abandonara La Moncloa, cuando ambos comenzaron a mantener un contacto frecuente que se tradujo en viajes recurrentes a Venezuela. En esos desplazamientos, según las mismas fuentes, el empresario habría cerrado determinados negocios con el respaldo y la intermediación directa del expresidente, aprovechando su agenda internacional y su relación privilegiada con el régimen chavista.

Ese portal español ya había publicado antes que Rodríguez Zapatero «intercedió personalmente ante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para garantizar que Plus Ultra obtuviera el sello de empresa viable necesario para acceder a los 53 millones de euros. Sin ese aval, el dinero nunca habría salido de las arcas públicas».

Otra arista que conecta el caso con Venezuela aparece en informaciones de Vozpópuli, que reseñó la hipótesis de que un avión de Plus Ultra habría transportado oro desde Venezuela a finales de 2019. Ese señalamiento se sitúa en la antesala del llamado «Delcygate», el episodio ocurrido en enero de 2020 cuando la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, hizo escala en el aeropuerto de Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio comunitario.

Plus Ultra negó que ese vuelo con oro se hubiera realizado, aunque admitió que en 2019 recibió una solicitud para transportar oro legal y declarado, que finalmente fue descartada. El mismo medio enmarca estas versiones dentro de la denominada «ruta del oro venezolano», una expresión usada para describir presuntas salidas irregulares de este metal del país para sortear sanciones internacionales.

Según el portal español El Debate, Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con quien sería detenido por la policía 72 horas después, y varias voces apuntaron que el expresidente pudo haber alertado al directivo de Plus Ultra. En El Confidencial afirman que Martínez tomó medidas para tratar de dificultar las pesquisas. Los investigadores detectaron que el colaborador del expresidente español empezó a eliminar contenido de sus teléfonos móviles y borró correos electrónicos días antes de su arresto, según fuentes de El Confidencial.

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero reapareció en el debate político a partir de estas publicaciones. El entorno del expresidente rechazó los señalamientos y aseguró, reportó elDiario.es, que no realizó ninguna gestión para favorecer el rescate de Plus Ultra ni alertó a empresarios sobre actuaciones policiales. Sus allegados calificaron de «calumniosas» esas versiones y subrayaron que la investigación se encuentra en fase preliminar y bajo secreto.

Mientras tanto, la aerolínea ha indicado que colabora con las autoridades y que facilita la documentación requerida en el área económico-financiera, de acuerdo con EFE. El expediente judicial continúa abierto y en etapa de análisis de flujos de dinero y patrimonio, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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