Misión de la ONU: Guardia Nacional es un «actor central» en crímenes de lesa humanidad

La Misión de Determinación de Hechos afirmó que la Guardia Nacional «fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos». Según datos de la sociedad civil, este componente militar ejecutó la mayor cantidad de arrestos políticos entre 2019 y 2020

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela afirmó que la Guardia Nacional es un «actor central» en la comisión de delitos que pueden ser considerados como «crímenes de lesa humanidad» desde hace más de una década en el país, con una actuación sostenida por una «impunidad estructural».

En su último informe, supervisado por los expertos Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, la Misión de Determinación concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional, uno de los componente de la Fuerza Armada venezolana, han cometido crímenes de lesa humanidad como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, ya sea en comandos militares o centros de arresto preventivo.

Estos delitos se han cometido «durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva».

«Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado –incluyendo agresiones y violaciones – no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas», señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

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También se señaló un «patrón de impunidad estructural» que se sostiene por «fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano». Esto, afirmaron, debido a la incapacidad o falta de voluntad para investigar y procesar las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la GN.

Los expertos citaron investigaciones sin avances, paralizaciones procesales prolongadas, manipulación de evidencia, obstrucción deliberada por parte de la estructura jerárquica de la Guardia Nacional, así como la concentración de sanciones «únicamente en personal de bajo rango».

«La persistencia de estos crímenes y la ausencia de justicia adecuada requieren una respuesta contundente de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas» subrayó Valiñas.

Los expertos de la Misión puntualizaron que la doctrina de «seguridad nacional» aplicada por el Estado venezolano ha fusionado funciones militares y policiales, «legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna».

Asimismo, una «cadena de mando altamente centralizada», que está bajo dirección del presidente como comandante de la FAN, «ha facilitado la ejecución de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas».

En el documento se destacó que en los picos de protesta antigubernamentales de 2014, 2017, 2019 y 2024, la Guardia Nacional «ejerció un uso desproporcionado de la fuerza» al usar diversos tipos de armas, entre ellas letales, de forma indebida disparando directamente a zonas vitales o modificando proyectiles para causar mayor daño.

La Misión reafirmó que «la GNB fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos». Según datos de la sociedad civil, este componente militar ejecutó la mayor cantidad de arrestos políticos entre 2019 y 2020.

La Guardia Nacional también es señalada como un organismo «clave» en la llamada «Operación Tun Tun» tras las elecciones presidenciales de 2024. Consideran que tanto funcionarios como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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