¿soberanía o lucha por el control de las minas?

A mediados de diciembre de 2022, el Gobierno nacional informó del inicio de la llamada Operación Autana, que según indicó la vocería oficial, tiene como objetivo expulsar del territorio a quienes ejercen la minería ilegal y afectan la fauna y flora del parque. Sobre el tema, Correo del Caroní presenta un resumen de las versiones de víctimas y vocería oficial.

Operación inicia con violencia basada en género

Posteriormente, a mediados de junio de 2023 el Ceofanb, a través del sitio web psuv.org.ve, anunció que como parte de la Operación Autana incautó motores, plantas eléctricas, cables, tuberías, moledoras de piedra, sierras eléctricas, bidones con combustible para avión, gasolina y otros productos y artefactos utilizados por quienes ejercen la minería ilegal. También notificó a través del sitio web ceofanb.mil.ve, la creación de un canal humanitario para facilitar la salida voluntaria de quienes habitaban dentro del parque nacional, informando luego que más de 280 personas “fueron extraídas de las inmediaciones del Parque Nacional Yapacana de manera voluntaria”.

Pocos días después del primer video, Nancy apareció en un segundo video pidiendo disculpas públicas por sus palabras y fue confrontada por el general junto a un fiscal del Ministerio Público y algunos guardias nacionales que se encontraban alrededor de la mesa en la que se desarrolló la conversación. En el video se puede ver cómo el general Maita le dijo a Nancy que ella “estaba diciendo mentiras de él y que debía pedir disculpas”. La hija del capitán indígena se disculpó y luego exigió que, en nombre de su comunidad indígena, se diera pronta respuesta sobre las personas que la FANB apresaron en Puerto Ayacucho como parte de la Operación Autana.

Luego, en la cuenta del abogado y defensor de derechos humanos, Olnar Ortiz, se publica un tercer video en el que Herrera denuncia que recibió amenazas por parte del general José Maita y aseguró que teme por su vida y la de su familia. Ortiz ha llevado este caso a la Fiscalía y las instancias necesarias para hacer valer los derechos de Nancy Herrera.

Desalojo a sangre y fuego

Otra situación denunciada en X, es la que da cuenta de un violento altercado ocurrido la mañana del 13 de septiembre en el que efectivos de la Guardia Nacional ingresaron al campamento conocido como “Cacique” en horas de la madrugada. Testigos aseguran que para las 5:00 de la mañana, la mitad del campamento estaba quemado y hubo disparos de armas de guerra de los funcionarios de la FANB, en respuesta a la negativa de los que allí vivían de salir de la zona.

Sobre esto, el Gobierno nacional publicó un comunicado el 14 de septiembre con su versión de los hechos, en el que asegura que durante el desalojo en el que participaron 400 efectivos militares con el objetivo de desmantelar 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal, se “generaron 2 fallecidos y 3 heridos, así como 3 efectivos militares heridos”. Expresaron que el altercado ocurrió producto de un “ataque sorpresivo de un grupo de mineros con armas blancas y de fuego”, sin embargo, no hacen referencia ni detallan las acciones que realizó la GNB en respuesta a las supuestas agresiones por parte de los mineros.

 En respuesta a estas afirmaciones oficiales, el defensor de derechos humanos Olnar Ortiz informó a Correo del Caroní que en el lugar de los hechos se encontraban personas de edad avanzada, mujeres embarazadas y niños que no fueron avisados de la quema del campamento y que corrieron el riesgo de sufrir lesiones y quemaduras mientras huían de las llamas. Luego del altercado y los disparos, habitantes de la zona que se encontraban en el lugar aseguraron que los disparos fueron hechos “al azar”; mientras que oficialmente se dio a conocer la muerte de 3 personas vestidas con short, franela y sandalias, que no contaban con armamento de ningún tipo.

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Ortiz lleva el caso judicial del joven Luis Higuera, uno de los tres fallecidos durante el operativo en el campamento cacique, y sobre el cual el Ministerio Público alegó que el asesinato no se investigó porque debía efectuarse una denuncia.

El abogado igualmente afirmó que el operativo no cumplió con lo que indican los artículos 41 y 42 del Reglamento de Servicio de Guarnición, y que lo mismo sucedió con los casos de los fallecidos.

Sobre el procedimiento en general, Ortiz señala que hubo varias violaciones a la legislación vigente, y también mencionó que las acciones anunciadas por el Estado de implementar vías humanitarias para la salida de ciudadanos y el desalojo de mineros no se cumplieron en el campamento Cacique.

Afirma que en el caso de Luis Higuera hubo conductas de los funcionarios del Estado que convierten su muerte en un crimen de lesa humanidad que debe investigarse aunque nadie realice una denuncia formal, tal y como manda el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

También denunció el caso ante el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas de la ONU y ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, atendiendo al artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Relató que los padres de los otros 2 jóvenes se negaron a realizar las denuncias pertinentes por el asesinato de sus familiares, que de igual manera deben ser investigados por el Ministerio Público por el uso inadecuado de armas de guerra, que los convierte en crímenes de lesa humanidad.

En relación con las acciones en el campamento Cacique, también desde su cuenta de X, la periodista Carolina Azavache compartió videos en los que se observan personas heridas y de manera extraoficial informa la muerte de 4 personas y múltiples civiles heridos.

FANB tiene control de minas de Yapacana

Maap, proyecto de la Organización Amazon Conservation, en su primer informe Maap #155 publicado el 14 de junio del 2022, muestra que desde el año 2000 hasta la fecha se perdieron 550 hectáreas consecuencia de la minería ilegal en la zona.

Parte de la deforestación y extracción minera es producto de la llegada de los grupos armados señalados como terroristas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde Colombia, que llevan más de 10 años en el territorio y cuyo objetivo principal es económico: lograr el sostenimiento de sus operaciones militares.

Estos grupos armados fueron los primeros en salir del parque luego del aviso realizado por los funcionarios del Estado venezolano que solicitaban el desalojo de los mineros de la zona, antes de la puesta en marcha de la Operación Autana, confirmó Ortiz.

 Hasta el momento, la información oficial es que han desalojado más de 11.500 mineros que se encontraban en la zona, y desmantelado más de 4 mil viviendas improvisadas, según datos del general Domingo Hernández Lara en su cuenta de X. A esto, los habitantes del Yapacana aseguran que son los militares quienes actualmente se encuentras resguardando la zona desde un comando militar recientemente creado, y son quienes están tomando las decisiones.

SOS Orinoco a través de su cuenta de X también manifestó que la operación Autana “fue solo un show” y señaló que las minas en el Parque Nacional Yapacana siguen operando bajo el marco ilegal, pero que esta vez son controladas por las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en vez de por los grupos terroristas.

Habitantes de la zona aseguran que los funcionarios castrenses que actualmente resguardan las zonas mineras le niegan el paso a periodistas y defensores de derechos humanos a las minas, siendo esto una violación al acceso a la información, tal como lo describe el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Una operación que no incluye reubicación de mineros desalojados

Desde el inicio de la operación el gobierno bolivariano anunció la creación de una vía humanitaria para el desalojo seguro de los habitantes del Yapacana, sin embargo, Olnar declaró que dichas vías humanitarias y otras promesas no se cumplieron, contrario a lo que el Poder Ejecutivo informa.

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Hizo referencia a que desde el gobierno no se creó un plan de políticas públicas dirigido a los mineros venezolanos que subsistían de la extracción del oro, dejándolos a la deriva luego de la operación.

Luego del desalojo del parque, habitantes de Puerto Ayacucho informan sobre el aumento de la delincuencia en los alrededores de la capital del estado. Asumen que quienes ejercían la minería ilegal, en muchos casos, eran personas que enviaban dinero a parientes de distintas partes de Venezuela o familias que vivían de esta actividad, por lo que su expulsión representa una reducción en sus ingresos y los obliga a encontrar nuevas maneras de obtener recursos para subsistir en medio del panorama actual del país.

Según el marco legal venezolano vigente, en estos casos el Estado debe aplicar políticas públicas para reubicar a estas familias y generar las condiciones necesarias para que obtengan empleos o fuentes de ingreso de manera legal, pero hasta el momento se desconoce si el Estado incluyó en el diseño de la Operación Autana la reubicación y gestión humanitaria para los mineros que vivían en los campamentos dentro de los bosques del parque.

Otro ente gubernamental que se involucró en el proceso es el Ministerio de Ecosocialismo (Minec), que anunció el inicio de un plan de reforestación en el Parque Nacional Yapacana, información compartida por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, en su cuenta de X. Lorca visitó Puerto Ayacucho pero se desconoce si llegó al parque nacional, y no hay información concreta sobre cuándo iniciará el plan de reforestación y el costo de llevar a cabo dicho proyecto, que según estipulan los artículos 141 y 143 de la Constitución de la República de Venezuela, es de dominio público al igual que la información completa del proyecto. 

Dudan del compromiso del Gobierno con tratados internacionales

Durante la Cumbre por la Amazonía, realizada el 8 y 9 de agosto en Brasil, el Gobierno venezolano llevó 113 objetivos para cumplir con la declaración de Belem, que es un acuerdo que prioriza las necesidades de cooperación entre países con situaciones en común, principalmente las relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, de los suelos y la deforestación.

El Gobierno venezolano se comprometió a erradicar la minería ilegal, la contaminación de las aguas producto de estos actos y a desarrollar estrategias en pro de mejoras ambientales. Sin embargo, desde la red social X, SOS Orinoco denuncia el avance continuo de la minería en diferentes zonas de Yapacana e insiste en calificar de “montaje” las acciones en el parque nacional.

En este orden de ideas, activistas ambientales y defensores de derechos humanos acusan a Venezuela de no mostrar interés en suscribir tratados internacionales para la preservación del ambiente y la biodiversidad, mencionando como ejemplo de ello el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, el cual hasta el momento no ha firmado el Gobierno venezolano lo que pone en duda su compromiso con los 113 objetivos previamente definidos en la Cumbre de Belem.

La firma del Acuerdo de Escazú implica que la República Bolivariana de Venezuela deberá desarrollar políticas públicas que permitan a los ciudadanos tener acceso a la información ambiental, participar en la toma de decisiones, denunciar casos de daño ambiental y que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sean respetados bajo cualquier circunstancia.

Precisamente, Olnar Ortiz hizo referencia a que el Estado debe activar un plan de reforestación y tomar en cuenta a las comunidades indígenas, que son quienes conocen mejor la biodiversidad de la zona y calificó de “mentiras” las promesas del gobierno, hasta que Venezuela no firme el Acuerdo de Escazú.