familiares y activistas piden una navidad sin presos políticos en Venezuela

Por segundo año consecutivo, al llegar diciembre, el vacío y la tristeza ensombrecen aún más el hogar de la venezolana Yorbelis Oropeza, pues, su esposo, Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político, permanece detenido en el país suramericano desde el 4 de julio de 2022.

En agosto de ese año, junto a otros cinco dirigentes sindicales y “sin ningún tipo de prueba”, según denuncian sus abogados y familiares, fue sentenciado a 16 años de prisión por “conspiración” contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La fiscalía niega que sean dirigentes sindicales, mientras que la oficina del Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUCH), entre otras instancias, ha expuesto su preocupación por los actos de “criminalización” contra los activistas.

“Estamos con la tristeza que llena nuestro corazón, hoy no tenemos unas navidades que celebrar; ni mis hijos ni las familias de más de 300 personas que diariamente sufren la ausencia de su familiares”, manifiesta en una concentración celebrada en una plaza del este de Caracas, donde los familiares de presos políticos reciben muestras de afecto y piden el cierre de todos los “centros de tortura”.

Una mesa vestida de negro, con adornos navideños, pero rodeada de sillas vacías representa la cena de nochebuena de cientos de familias que, de acuerdo a la organización Justicia Encuentro y Perdón (JEP), pasarán las festividades sin sus seres queridos, por “razones políticas”.

Martha Tineo, coordinadora general de JEP explica a la Voz de América que se trata de un llamado a la “sensibilidad, a la conciencia y a la buena voluntad” para que se produzca la liberación de presos políticos.

“Son madres, son hijos, son hermanas, son esposas que no van a tener la posibilidad de disfrutar estas épocas que se supone son de reencuentro, de abrazo, de compartir en familia”, manifiesta.

Deterioro y dolor

Melania Leal Rosales es hermana de Emirlendris Benítez Rosales, una comerciante detenida el 5 de agosto de 2018, en el estado de Portuguesa, a unos 400 kilómetros al suroeste de Caracas, por supuestamente estar vinculada con el intento de magnicidio registrado un día antes contra Maduro.

Estuvo aproximadamente un año en la Dirección General de Contrainteligencia General (DGCIM) en Boleíta, en el este de Caracas, y posteriormente fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital venezolana. Desde entonces, allí permanece.

Leal denuncia que su hermana, que estaba embarazada cuando fue detenida, sufrió un aborto “producto de torturas” y que, además, es inocente.

“La vi el lunes, está deteriorada, tiene una hernia en la columna, fibromialgia, tenía la mitad de la cara hinchada y no sabemos por qué”, narra Leal que insiste en pedir atención médica para su hermana.

Las navidades para su familia han sido difíciles. Su hijo de 10 años no sabe que está detenida, le dicen que está trabajando y que por eso está lejos. A su madre no la ve desde hace más de cuatro años; vive en una ciudad a cientos de kilómetros de Caracas y la coyuntura económica y social le impiden trasladarse.

Acuerdos en riesgo

Los familiares de los presos políticos están al tanto de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en las que también participa Estados Unidos, pero no ven hechos concretos.

“Fueron como dos o tres noches sin dormir, esperando la llamada para ir a buscar a mi hermana y aquí estamos todavía esperando que cumplan el acuerdo”, dice la hermana de Ermilendris.

El subsecretario de Estado de EEUU, Brian Nichols, dijo esta semana que continúan las negociaciones con el gobierno venezolano y reiteró que suspenderán la flexibilización de sanciones si determinan que no se ha “avanzado lo suficiente” con los compromisos adquiridos por el gobierno en Barbados, entre ellos la liberación de estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos “injustamente”.

Nichols dijo recientemente a la VOA que esperan que el gobierno venezolano dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos próximamente, pero, hasta el momento no se han concretado liberaciones.

En horas recientes, diversos sectores de la sociedad civil venezolana han denunciado el inicio de una nueva ola de persecución política.

El gobierno de Venezuela emitió ordenes de arresto contra 14 personas, entre ellas tres de los colaboradores más cercanos a la candidata presidencial opositora, María Corina Machado.

Uno de los organizadores de la primaria presidencial opositora, Roberto Abdul, fue detenido y, de acuerdo a información divulgada por el Foro Penal, el viernes fue presentado a “escondidas” ante un tribunal antiterrorismo tras ser acusado de “traición a la patria”, por presuntamente participar en una trama conspirativa contra el referendo por el Esequibo que promovió el gobierno.

“Es una ironía, porque mientras vemos que se sigue ejecutando un patrón de persecución por razones políticas, estas familias no desmayan en su esperanza de liberaciones”, afirma Tineo.

Machado alertó el miércoles que el gobierno “no es confiable” y lo señaló de no cumplir con los acuerdos de Barbados.

Maduro negó esta semana que las personas contra las que se emitieron órdenes de arresto sean perseguidas y los tildó de “traidores a la patria”, en un acto en televisión nacional.

El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que el gobierno desconoce, concluyó que en el país “siguen ocurriendo” violaciones a los DDHH y se intensifican los ataques “selectivos” contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a “silenciar” a quienes disienten del gobierno.

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