Misión de la ONU alerta que se intensifican ataques selectivos contra sociedad civil en Venezuela

En Venezuela “siguen ocurriendo” violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques “selectivos” contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a “silenciar” a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro, concluye el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) divulgado el miércoles.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, precisó que el cuarto informe, que será presentado ante el Consejo de DDHH de la ONU la semana próxima, incluye hechos ocurridos entre enero de 2020 y agosto de este año y resaltó que estuvo centrado en el aparato estatal y sus mecanismos de represión, así como en las restricciones al espacio cívico y democrático.

También detalló que para propósitos de la actualización se investigaron 43 nuevos casos que involucran violaciones de DDHH que afectan a 72 individuos.

Además, afirmó que la FFM encontró que hay motivos razonables para creer que en ese período se han cometido al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. También documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos.

“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluido líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos (…) Siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los DDHH en Venezuela sea más crucial que nunca”, dijo Valiñas en conferencia de prensa.

Valiñas reiteró que la FFM tiene razones para creer que las fuerzas de seguridad como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), son «responsables» de las violaciones.

Francisco Cox Vial, miembro de la FFM expuso que el uso por parte del Estado de su «aparato opresivo se ha vuelto más selectivo».

«Debido, en parte, al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como al hecho de que muchas personas huyeron del país. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión “más suaves”, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros que el gobierno puede activar o desactivar a voluntad”, detalló.

Patricia Tappatá Valdez, miembro de la FFM, alertó que la represión selectiva contra líderes políticos y sociales se intensifica en el contexto de las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024.

“La falta de independencia y las acciones deliberadas de las instituciones judiciales y constitucionales, incluidos la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), limitan la capacidad de los líderes sociales y políticos para operar libremente. Estas dinámicas asfixian y suprimen el debate político”, manifestó.

Tappatá calificó como “signos preocupantes” las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra candidatos presidenciales opositores, la judicialización del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la reciente condena a 16 años de prisión contra seis líderes sindicales.

La FFM se refirió en el informe a la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que, sostiene, tiene funciones similares y “actúa del mismo modo” que las Fuerzas Acciones Especiales (FAES), una de las estructuras “más involucradas” en ejecuciones extrajudiciales, entre otras “graves” violaciones a los DDHH.

“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos (…) es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respecto de los DDHH”, subrayó Valiñas.

En un informe presentado hace exactamente un año, la FFM, que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala a Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

En octubre del año pasado el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para extender por dos años el mandato de la FFM, que fue creada en 2019, mediante una resolución, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014.

El proyecto de resolución fue calificado por el representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH, Héctor Constant, como una “hostil iniciativa” y advirtió, en ese entonces, que entorpecería las relaciones de cooperación y asistencia técnica del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH).

Para organizaciones defensoras de derechos fundamentales venezolanas y extranjeras, la FFM cumple un rol fundamental en la complementariedad del trabajo de otros mecanismos internacionales para la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.

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