Causa Cuadernos: un empresario presentó un documento que hizo antes de declarar para avisar que iba a mentir

La megacausa conocida como “Cuadernos” comenzó hace casi seis años y promete llevar al banquillo de los acusados a la ex presidenta Cristina Kirchner, varios de sus funcionarios y los principales empresarios del país. Aún no hay fecha para ese futuro debate. Durante todo este tiempo, cuando la causa todavía estaba en manos del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, distintos abogados críticos de la investigación aseguraban que hombres de negocios habían ido a escribanías para demostrar que habían sido “presionados” para declarar como arrepentidos, como una estrategia para voltear la causa. Pero por ahora eran especulaciones y ningún documento había aparecido.

Lo que se presentó ahora, o mejor dicho hace casi un año, pero se conoce recién ahora, fue la presentación que hizo uno de los empresarios acusados en este proceso que pide que se anulara su declaración indagatoria en donde reconocía los pagos ilícitos y adjuntando un documento que dejó en una escribanía antes de prestar su declaración avisando que iba a mentir.

El protagonista de esta jugada de defensa es Mario Ludovico Rovella, quien forma parte de los hombres de negocios procesados en el expediente conocido como “la camarita”. Hay, sin embargo, un dato clave en este punto: Rovella nunca declaró como imputado-colaborador, obligado a decir verdad. Sus dichos se dieron en el marco de una declaración indagatoria que ahora pide anular.

“En aquella oportunidad, nuestro representado se vio forzado a reconocer haber efectuado las entregas de dinero que figuraban en un listado confeccionado ad hoc por el co-imputado Ernesto Clarens, durante el trance que vivió -el mismo que sufrió nuestro asistido de procurar evitar su ilegítima privación de libertad-. Así pues, la ’confesión’ de nuestro representado carece de validez en razón de que tal reconocimiento no emanó de la libre voluntad del Sr. Rovella, sino que fue producto de la coacción psíquica de ser ilegítimamente privado de su libertad ambulatoria para el supuesto de que guardase silencio –si se negaba a declarar- o negara los cargos –en el caso de hacerlo-”, dijeron sus abogados Pablo Medrano y Enrique Arce, en una presentación datada de marzo del 2023 pero que hasta ahora sólo conocían los defensores y el tribunal.

Para ejemplar el escenario en el que se reflejó menciona los casos de Aldo Roggio, Héctor Zabaleta, Rodolfo Poblete o Hugo Dragonetti. La defensa también pide que, consecuentemente a la nulidad de su indagatoria, caiga el procesamiento y la elevación a juicio.

La presentación, a la que accedió Infobae, es acompañada por un documento firmado el 28 de febrero de 2019 por el propio Rovella, de la firma Rovella Carranza S.A., ante el escribano Diego Ignacio de Achával, que había sido entregado en un sobre lacrado en donde se leía causa “Fernandez Cristina E y otros s/cohecho”. El 1 de marzo, el empresario estaba citado en indagatoria para declarar ante el juez Bonadio y el fiscal Stornelli.

El documento consta de dos partes: el escrito que iba a dejar en su indagatoria admitiendo los hechos y una primera parte avisando que iba a mentir. Apuntaba a Bonadio porque había ordenado detenciones “por el solo hecho de que no reconocieron los presuntos delitos que se le atribuían y también a Clarens que mantenía su libertad ambulatoria después de haberse sumarse “al régimen de delación premiada”.

Rovella, según ese documento, afirmaba: “dado que no admito ser privado ilegalmente de mi libertad, me encuentro en el estado de necesidad de tener que reconocer, sin que sean verdad, ciertos hechos al sólo efecto de evitar ir a prisión injustamente”. Allí sostenía que era su voluntad que ese escrito se mantuviera en forma “secreta hasta tanto yo y/o las autoridades competentes dispongamos lo contrario”.

El escribano debía custodiar ese documento durante cinco años. El 22 de noviembre de 2022 Rovella pasó a recuperar ese documento. El 3 de marzo del 2023 se sumó a la causa, pero recién hoy se conoció cuando el incidente fue abierto a otras defensas.

La causa se inició como un desprendimiento de la causa de los cuadernos. Allí se investigaba los viajes de Oscar Centeno recolectando coimas a empresarios. Durante esa investigación, el juez puso en foco a los arrepentidos: Carlos Wagner, Ernesto Clarens y José López.

Ellos hablaron de un sistema en donde se le pedían retornos a los integrantes del “club de la obra pública” constituidos en la Cámara Argentina de la Construcción, encabezados por Wagner por ese entonces. Clarens, por su parte, en su seguidilla de declaraciones para convertirse en imputado-colaborador aportó unos listados que se constituyeron como una prueba clave, en donde señaló coimas y listas de empresas y personas.

Fue precisamente Clarens quien mencionó a en una de sus primeras declaraciones “Es una constructora importante, formaba parte del Club también”, dijo. El empresario fue enviado a juicio oral por 14 supuestos de cohecho activo, en calidad de autor y coautor. La fiscalía sostuvo que Rovella “intervino en la entrega de una suma de dinero (por Rovella Carranza S.A.) a Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido y José Francisco López, a través de la interpósita persona de Ernesto Clarens, el 17 de marzo de 2011 con el fin de que los funcionarios que integraron la asociación ilícita (…) hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de la empresa”.

Serán ahora los jueces los que tendrán que evaluar el planteo en un proceso en donde el tribunal todavía no dispuso qué prueba será llevada a juicio oral y si habrá instrucción suplementario en un megajuicio que podría tener más de un centenar de acusados. Algunas defensas especulaban que podrían aparecer más escritos como este. Lo que, sin embargo, no lograban responderse es por qué la jugada se activó ahora.

El viernes pasado, el procurador General interino Eduardo Casal rechazó un pedido de la defensa de la ex vicepresidenta para que la Corte Suprema revoque su procesamiento por cohecho en este expediente. La defensa hablaba de la cantidad de irregularidades en la causa. Pero para la procuración, el pedido no era admisible porque el procesamiento que se cuestionaba “sólo habilita la continuidad del proceso hacia el juicio plenario”. Ahora le tocará opinar a la Corte Suprema.