El Pleno del Congreso rechazó este viernes el proyecto de ley de adelanto de elecciones para diciembre de 2023. La iniciativa planteaba que el mandato de Dina Boluarte y el Congreso terminara su gestión en abril de 2024. El proyecto solo obtuvo 49 votos y por esa razón no llegaron a los 66 votos necesarios para que luego fuera ratificado por los peruanos en referéndum.
Los 33 legisladores que votaron en contra de esta nueva propuesta pertenecen a los partidos conservadores, Avanza País y Renovación Popular; de centro, Acción Popular y Alianza por el Progreso; y de izquierdas, Perú Libre, Perú Democrático, Cambio Democrático y la Bancada Magisterial. La propuesta planteaba que la gestión de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso terminara en abril de 2024. Al no llegarse a aprobar el recorte del mandato se inició una gresca en el Congreso que provocó la cancelación del pleno hasta una fecha no programada.
«El pueblo los juzgará por sus votos. Perdónanos Perú. Frente a la crisis, a las muertes, a las agendas violentistas y, ahora, el rechazo al adelanto de elecciones», dijo al final de la sesión la congresista del partido Morado (centro), Susel Paredes.
«En Ayacucho se puede ver en los videos que civiles con carteles en la mano han recibido balazos de miembros del Ejército. Eso es ejecución extrajudicial. Es asesinato. Estamos documentando en Ayacucho todo lo que ha ocurrido para poder denuncia penal al gobierno», dijo la abogada de Asociación Pro derechos humanos, Gloria Cano.
«Reconocemos que parte de la crisis es responsabilidad del Congreso«, afirmó este viernes el congresista de Alianza por el Progreso, Eduardo Salhuana. Mientras que para la congresista de izquierdas, Ruth Luque, «parece que Dina Boluarte ha acordado su permanencia en la presidencia con sectores políticos».
18 meses de prisión preventiva
Mientras la tensión sigue creciendo en las calles, Pedro Castillo permanecerá preso en la misma cárcel que comparte junto al exmandatario Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000). Para el magistrado, que dictó este jueves una orden de prisión provisional de 18 meses para el exmandatario, hay elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y su ex primer ministro, Aníbal Torres.
Entre los elementos que sustentan la decisión contra Castillo se encuentran el discurso que realizó desde Palacio de Gobierno donde disolvió el Congreso y busco sin éxito hacerse con todos los poderes del Estado, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía. También jugó en su contra su intención de asilarse en la Embajada de México en Lima (fue detenido antes de lograrlo), como confirmó el propio presidente López Obrador.
El expresidente Castillo y sus abogados defensores no participaron en la audiencia al argumentar que no se iban a respetar sus derechos. «No hay garantías para una justa defensa a favor del presidente Pedro Castillo. Hoy fuera de los cauces de legalidad se pretende imponer 18 meses de injusta prisión. La defensa no le hará comparsa a un sistema de justicia de espaldas a la constitución», dijo el abogado de Castillo, Raúl Noblecilla.
Incremento de la tensión
El número de víctimas desde que comenzó el estallido social asciende ya a 17 personas. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno la prohibición del uso de armas de fuego, y que se detenga el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros a los civiles en Ayacucho. «Me informaron que helicópteros sobrevolaban la ciudad, lanzando bombas lacrimógenas. Esta situación genera un recuerdo muy doloroso en Huamanga, ahí hemos sufrido el terrorismo», dijo la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Ante el incremento de víctimas, la presidenta Dina Boluarte publicó en su Twitter un mensaje de condolencia: «Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país». A lo que añadió: «Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz. Perú unido, Perú en paz».
Primeras renuncias
A raíz de los sucesos en Ayacucho, renunció la ministra de Educación, Patricia Correa, quien explicó en una carta los motivos de su salida: «La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. No más muertes», reclamó.
También renunció el ministro de Cultura, Jair Pérez, para quien «los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno».
El Gobierno de Dina Boluarte ordenó el toque de queda en los departamentos que piden su renuncia como La Libertad, Ica, Huancavelica, Arequipa, Apurímac, Cuzco, Ayacucho y Puno.
Visita del CIDH
La deriva violenta en Perú ha encendido las alarmas de los organismos internacionales de derechos humanos. «Hay 189 heridos a nivel nacional, 147 detenidos sin justificación, y en un solo día murieron nueve personas con heridas de bala… por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que enviará una misión que llegará a Perú a investigar los muertos en Ayacucho, Apurímac y Cuzco», dijo la secretaria general de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jennie Dador, en una rueda de prensa donde anunció que «le exigirán al Gobierno de Dina Boluarte que no haya ni un muerto más».
Es por esa razón que la CIDH anunció que realizará una visita al país del 19 al 21 de diciembre para evaluar las circunstancias en que murieron las 17 personas en Apurímac, Arequipa y Ayacucho.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.abc.es
Publicado el: 2022-12-16 16:46:07
En la sección: Internacional