Muchas veces, con extrema ligereza o simpleza, se solicita que los empresarios privados inviertan sin que las condiciones estén dadas para que ello pueda materializarse. Reglas poco claras o grados de incertidumbre elevados conspiran en contra de quienes tienen la capacidad/posibilidad de hacerlo.
Una inversión no debería depender del estado de ánimo de los gobernantes o inversionistas, depende de una decisión consciente, donde ambas partes asumen sus responsabilidades. No significa hacer concesiones sin que ambos tengan el horizonte claro, pues a ninguno de los dos les conviene cuando la decisión se toma con visión de largo plazo, ya que son capitales que se colocan a riesgo. El punto aquí es que siempre hay decisiones de inversión alternativas que pueden llevarse a cabo y que involucren un menor riesgo. No se trata de introducir factores tales como la corrupción o el lavado de dinero, que ciertamente pueden estar presentes y que amenazan la evaluación racional de una decisión de inversión.
Decidir acerca de una inversión requiere visualizar una oportunidad real de producir un bien o servicio útil al inversor pero más aún al consumidor, tomando en cuenta la adecuada retribución del capital invertido. Todo ello en un marco moral socialmente aceptado, donde gobierno y sector privado convergen.
Esperar que las inversiones florezcan sin que estén presentes factores de racionalidad económica es un ejercicio sin fundamento real sostenible, sensato y deseable, si nos guiamos por la lógica económica y la satisfacción de las necesidades del consumidor/sociedad.
Muchas veces, solo aquellos inversionistas que visualizan una oportunidad de inversión de corto plazo que se les traduzca en beneficios financieros inmediatos, tomaran decisiones, pues minimizaran sus riesgos. Es así como con frecuencia las decisiones en el área de comercialización de productos (sector comercio) son tan atrayentes, pues se compra y se vende el producto “rápidamente”; ejemplos de ello han abundado. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las transacciones de comercio sean iguales, obviamente que no lo son, y muchas veces deban considerar los costos/inversiones iniciales para materializar las transacciones/comercialización.
Por otra parte, decisiones de inversión en sectores como el agrícola, ganadero, manufacturero o de servicios, tan asociados al bienestar directo de la población, requieren mucho de las garantías de seguridad que brinde el Estado. Las inversiones prosperan en un ambiente de seguridad jurídica y social.
Eso sí, hay que estar consciente que racionalmente hablando el tema es tan importante que nadie invierte o produce a pérdida, a menos que diciéndolo sarcásticamente, el dinero/capital no tenga dolientes. No obstante, cuando se trata del bienestar de una sociedad, a todos nos debe importar las ganancias y las pérdidas, pues en economía siempre hay alguien que “paga el almuerzo”, como dice una frase en ingles en economía muy común: “no hay almuerzo gratis”.
La decisión de invertir debe ser una decisión seria que requiere de la conjugación de múltiples factores, con un gobierno y un sector privado fuertes y cooperativos que trabajen mancomunadamente en un escenario de certidumbre y transparencia y rendición de cuentas, lo cual generará beneficios para las partes de cara a la sociedad.
Depender del Estado para decidir las inversiones a realizar no es conveniente para ninguna de las partes, especialmente porque tienden a no ser duraderas. Dependen muchas veces de las posibilidades del Estado, lo cual les genera incertidumbre a los inversionistas acerca de su sostenibilidad en el tiempo, mas allá de las verdaderas realidades de los mercados, influidos con frecuencia por la toma de ventajas temporales o circunstanciales. Ello puede llevar a “comer hoy para pasar trabajo mañana”. Además, algo muy importante que a menudo parece olvidarse es que la inversión de hoy es la producción del mañana y por lo tanto la satisfacción de las necesidades de la población.
En cuanto al tema del otorgamiento de incentivos, hay que hacer notar que asignar incentivos estatales controlados y temporales no tiene que verse como la claudicación del Estado ante el inversionista privado, … es permitirle a estos últimos tomar vuelo con garantías económicas y sociales que ayuden a alcanzar los objetivos gubernamentales de crecimiento y desarrollo sostenible.
Finalmente, habría que decir que planes y políticas estatales y empresariales racionales, consistentes y bien diseñadas para el corto, mediano y largo plazo ayudarían a mitigar los riesgos siempre presentes en toda inversión. La sociedad como un todo se lo merece.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.analitica.com
Publicado el: 2025-07-03 00:25:00
En la sección: Opinión archivos – Analitica.com