El camino de regreso a la democracia y el desarrollo después del 22 octubre

92 %, la cifra lograda por MCM en la elección primaria del 22 de octubre para decidir la candidatura presidencial de la oposición venezolana, no es poca cosa. Como no lo es el 81 % de la encuesta nacional posterior relativa a la intención de voto de los venezolanos en la elección presidencial de este año, también a favor de MCM. No se lo esperaba el gobierno. En realidad, nadie lo esperaba.

Las graves violaciones parciales del Acuerdo de Barbados, cuyo contenido la gran mayoría aún no conoce, y otros saboteos (sentencia irregular del TSJ confirmando las inhabilitaciones de MCM y HCR, el referendo oportunista sobre el Esequibo y la creación de un clima belicista frente a Guyana, así como la escalada que representa el secuestro y detención de personal de Vente Venezuela y de Rocío San Miguel, y la arbitraria expulsión del personal de la ONU). Son actuaciones que solo se explican en estructuras de poder autoritarias que toman sus decisiones en conciliábulos secretos de pocos incondicionales. 

También han confirmado la pérdida de alguna simpatía residual que aún pudieran haberle tenido los presidentes Boric, Petro y Lula. Brasil y Estados Unidos han hecho evidente su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana, una advertencia clara. Brasil y Guyana han celebrado muy públicamente reuniones de coordinación militar; y los presidentes Lula y Biden coordinan ahora sus acciones sobre Venezuela directamente.  Son todas democracias signatarias de la Carta de Naciones Unidas, y sus intereses nacionales se ven directamente afectados por el enorme foco de inestabilidad regional que representa, ahora más que nunca, el régimen madurista.

La condena internacional ha sido unánime, y la credibilidad y capacidad de negociación del régimen se ha visto disminuida. La Administración Biden siente que Maduro se ha burlado de ella, y surge con fuerza la duda generalizada de si a esta gente se le puede creer algo. La feroz represión contra la oposición, la expulsión de los funcionarios de la ONU y la movilización de tropas a la frontera con Guyana dio lugar a un coctel demasiado potente para los gobiernos de todo el continente. Para el régimen la tal “furia bolivariana” terminó en espectacular tiro de culata. 

La actitud del régimen, cada vez más destemplada ante reveses sucesivos, se explica por su acelerado aislamiento internacional enteramente autoinfligido, causa y efecto de su escalada cada vez más desafiante y provocadora, sin medir las posibles consecuencias. 

Esta sucesión de graves errores estratégicos parece presagiar el final de una larga agonía y ciertamente ha hecho caer al régimen en una espiral descendente muy difícil de revertir. Obliga al oficialismo sensato que aún queda y quiere ser parte de la Venezuela que viene y a la oposición democrática liderada por María Corina Machado a tomar esta delicada coyuntura muy en serio. Ojalá acordando prontamente una visión de futuro generosa, de libertad y bienestar para todos y promotora y protectora de gran mayoría vulnerable, producto de un pacto de gobernabilidad democrática que evite que el cambio inevitable que vislumbra el país entero sea traumático.

El gran aprendizaje nacional de estos últimos 25 años permite una transición práctica y bien pensada, pacífica, que cuente con todos los recursos humanos y materiales para asegurar un proceso de democratización de buena calidad en todos los órdenes, sin dogmatismos ideológicos de izquierda o de derecha, e inspirada en la economía social de mercado escandinava y alemana. Venezuela tiene todo para lograrlo, y quienes logren esa salida pasarán a la historia.

Venezuela no es Argentina, ni MCM es Milei, afortunadamente. Vale la pena recordarlo porque ya no podemos darnos el lujo de equivocarnos nuevamente. Ni fundamentalistas ni dogmáticos de extrema derecha, ni de extrema izquierda, de lo que se trata es de regresar a la plena vigencia de la Constitución y eso debería quedar claro en un eventual Acuerdo de Barbados mejorado y ampliado, construido sobre el existente, y suscrito ANTES, ojalá mucho antes, de la posible elección del 1ro. de diciembre. Es lo que se propone en este papel.

El temor fundado que tienen muchos, tanto en el oficialismo como en la oposición, es que de ganar “el otro”, impondrá su proyecto más extremo. Es un temor que hay que desarticular rápidamente. Tenemos que alejarnos de manera clara y decidida del precipicio de la violencia política generalizada al cual nos ha llevado el ala dura del régimen.   

Ese temor ha crecido con el peligroso teatro de Furia Bolivariana anunciado y ejecutado por el poder, y que ahora clama por ser contenida por la gran mayoría de los venezolanos que no ha perdido la cabeza, obligando, con el indispensable apoyo de los países democráticos de nuestro hemisferio, a un reenfoque de la negociación más allá de la cuestión electoral, incluyendo ahora también la gobernabilidad democrática y el cronograma de regreso a la plena vigencia de la Constitución, gane quien gane la elección presidencial.

Se impone así, por la necesidad perentoria de proteger la paz en la cual aún vivimos, dotarnos del instrumental necesario para llevar a buen puerto la negociación en curso ampliando y mejorando el Acuerdo de Barbados con medidas que aseguren la reconstrucción y cabal funcionamiento de la gobernabilidad democrática descrita en nuestra constitución. La de 1999 redactada por el presidente Chávez. Naturalmente, tal como ya se ha acordado en principio, el Acuerdo de Barbados mejorado y ampliado deberá ser protegido por la ONU de otro arranque de furia bolivariana, con un mandato claro de observación y verificación de su cumplimiento, y una presencia importante in situ.

El régimen no parecía hasta hace poco verlo así, desafortunadamente, malinterpretando la apertura de los Estados Unidos (sobrinos, Saab, levantamiento de sanciones) como muestra de debilidad, y subestimando la capacidad de discernimiento de los venezolanos al no caer en la manipulación patriotera del referendo sobre el Esequibo, asunto que concita un acuerdo nacional que no requiere de confirmación adicional alguna, mucho menos la movilización de tropas hacia la frontera con Guyana, un despropósito.  

El régimen ha socavado su credibilidad, situación que unida a su precaria legitimidad, tanto de origen como de desempeño, obliga ahora a proceder de la manera arriba descrita, con sentido de urgencia, fijando un límite de tiempo –podría ser el 31 de mayo– como fecha tope para acordarlo todo, seis meses antes del primer domingo de diciembre, un tiempo razonable para cumplir con la tarea de reparar la conducta abiertamente inconstitucional e ilegal del régimen.  

La verificación del cumplimiento del cronograma detallado que debería contener el Acuerdo de Barbados ampliado implicará ahora necesariamente el despliegue de una misión de estabilización de la ONU mucho mayor que la de la pequeña oficina del Alto Comisionado de DDHH que el régimen expulsara tan alegremente.

La última arremetida del gobierno también parece haber hecho inaplazable la inmediata mediación de un representante personal del SG Guterres, especialmente para encarrilar de nuevo el proceso de Barbados. Podría eventualmente ser un diplomático brasileño, por su peso y por país vecino miembro del BRICS, y ahora también presidente del G20 por los 12 meses que vienen.

El texto de lo acordado debe ser público, ojalá firmado y publicado íntegro el 31 de mayo, o al menos cinco meses antes de la elección presidencial, y su cumplimiento verificado por la ONU, vale la pena recordarlo.

El SG debería también establecer un grupo informal de países amigos, integrado, p.ej., por Brasil, Colombia, Chile, Canadá, EE. UU., China, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Noruega, Japón, India, Nigeria, España, Reino Unido, y Países Bajos, con el fin de facilitar la negociación, servir de testigo del proceso negociador y, una vez acordado, de facilitadores de su cumplimiento ante las instancias pertinentes (Asamblea General y Consejo de Seguridad, FMI, Banco Mundial, BID, entre otros). La interacción del representante personal del SG con este grupo informal podría ser crucial para hacer avanzar la negociación con la celeridad requerida. 

Hay tiempo para hacer todo esto, con voluntad política, alguna presión, y un mínimo de buena fe, por supuesto. Lo anterior busca exclusivamente recuperar y fortalecer todos los esfuerzos existentes dirigidos a lograr una transición como la descrita arriba y no pretende ser sustitutivo de ninguno.

Se haría para integrar todas las políticas y medidas dirigidas a impulsar democráticamente un esfuerzo nacional solidario reparador del enorme daño sufrido sobre todo por los más vulnerables, con programas humanitarios de emergencia de gran envergadura, incluyendo los servicios públicos y los bienes comunes, como la seguridad y el acceso a la educación y a la justicia, y con la mejora simultánea de la capacidad de compra y de la de ahorro e inversión de los venezolanos.

El apoyo internacional, tanto el político, como el diplomático y el del crédito multilateral, serán indispensables y forman parte de un solo todo. Aclarando la visión del país que todos queremos en el corto, mediano y largo plazo, y de cómo lograrlo, será crucial para despejar la desconfianza entre ambos bandos y los peores temores ante el otro.

Ambos lados deberán participar activamente en este esfuerzo quizás articulado por el eventual representante personal del SG de la ONU.  Después de todo la meta es la reconciliación de los venezolanos, de todos, así como asegurar la viabilidad de una democracia moderna regida por un Estado de derecho eficaz, miembro responsable y constructivo de las Naciones Unidas y factor de cooperación y progreso en el hemisferio occidental y más allá. Nunca volvamos a permitir que furias bolivarianas o de otro signo nos distraigan de la tarea de reconstruir el país.