Monitor de Víctimas | Misión de la ONU: 4to año consecutivo confirmando graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela

¿Para qué sirve el informe ONU si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, para que las violaciones a los DD. HH. no queden olvidadas como anécdotas

@miconvive

El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.

En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.

Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?

Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:

• Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
• Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
• Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
• Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
• Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
• Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
• Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas»‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
• Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.

Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.

Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.

¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.