Abogada que pidió pruebas electorales fue suspendida y multada con €100

La abogada, conocida por su labor en favor del chavismo, asegura ser víctima de «un castigo» por cuestionar los resultados electorales y criticar las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro en el último quinquenio.

Caracas. A la abogada venezolana María Alejandra Díaz, quien hasta el 2020 comulgó con las ideas del gobierno de Nicolás Maduro, la sancionó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con una “suspensión indefinida” para ejercer su profesión y una multa de €100, medidas que considera ilegales y un “castigo” por sus críticas y posturas contra el Ejecutivo. 

Este miércoles, 13 de noviembre, durante un acto de desagravio a su favor, organizado por movimientos disidentes del chavismo gobernante, entre ellos el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Díaz explicó que las medidas en su contra son un “pase de factura” del Gobierno por asistir legalmente un recurso en el que varias organizaciones políticas pedían la publicación de las actas electorales de los comicios del 28 de julio.

Este recurso lo rechazó la semana pasada el Supremo, que multó y sancionó a la jurista “dados los graves señalamientos advertidos” en el amparo constitucional introducido días atrás y que el TSJ consideró “cuestionan e irrespetan la potestad que ostenta” esta institución y que “pretenden generar zozobra y conmoción en la población”. 

Condenada sin defensa

Díaz, reconocida por su dilatada trayectoria en favor del oficialismo en escenarios nacionales e internacionales, remarcó que su petición y la de todos los disidentes del chavismo que la respaldan estaba circunscrita en el marco legal venezolano y comprendía el cumplimiento de una decisión emanada del propio TSJ, la publicación de las actas desagregadas de las elecciones presidenciales. 

“Lo paradójico de esta sanción es que nosotros lo que estábamos solicitando era que en razón de que ustedes mismos publicaron una sentencia dispositiva donde ordenan al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar resultados, bueno pedimos que publiquen los resultados”, indicó la abogada con 35 años de ejercicio profesional. 

Cuestionó que la sentencia en respuesta a este recurso introducido por ella en representación del Frente Democrático Popular, una alianza cívica de militantes chavistas disidentes, no solo limita el ejercicio de su derecho al trabajo, sino que impone una sanción de suspensión que solo procede tras un procedimiento disciplinario previo, que es responsabilidad exclusiva del Colegio de Abogados. 

En este sentido, Díaz aseguró que como ciudadana se encuentra en un “limbo jurídico”, pues la medida es nula por no seguir el procedimiento y, además, tiene duración “indefinida”, lo que contraría la normativa venezolana, donde las sanciones deben tener plazos en el tiempo. 

Insistió en que solicitó ante el Colegio de Abogados y ante la propia sala Constitucional del TSJ la sentencia completa en la que es sancionada, así como una aclaratoria de la decisión para determinar si debe acudir al colegio de profesionales de la abogacía o a un tribunal para apelar la decisión.

La sanción a la abogada comprende el pago de “en cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela’’, lo que equivale a 100 euros, y advierte que si no paga a tiempo, “tal sanción podrá incrementarse entre un tercio y la mitad del total de la multa”.

No obstante, Díaz afirmó que visitó al menos seis instituciones bancarias para el pago de la multa, pero no pudo efectuarlo por no tener la sentencia completa y los datos de la cuenta a la que debe depositar el dinero. 

Un estigma

Para la jurista, “el estigma persigue a los que vienen del chavismo”, pues aseguró que ahora mismo vive un “doble ostracismo”, cuando ninguna organización del gremio de abogados o colegios de esta profesión en el país se han pronunciado en torno a la medida en su contra que, aseguró, no tiene precedentes. 

Al respecto, exhortó al gremio de abogados a pronunciarse sobre la suspensión en su contra, medida que, consideró, pone en riesgo a todos los abogados que exijan “el cumplimiento de un derecho constitucional”.

“El que está amenazado es el gremio de abogados. Eso es lo más grave de toda esta sentencia y por eso creemos que debemos actuar (…) No se puede seguir usando la justicia para castigar a quien te es incómodo”, sentenció.

Pese a las retaliaciones en su contra, Díaz aseguró que mantendrá su apoyo a las madres de los más de 1300 detenidos en el marco de las protestas poselectorales, a quienes acompaña en distintos actos públicos y en diligencias legales para exigir la liberación de sus parientes.

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