Asamblea Nacional electa en 2015: ¿qué implica su extensión?

• El Parlamento opositor ratificó a la directiva encabezada por Dinorah Figuera. A pesar de haber perdido su relevancia política dentro del país, el organismo sigue jugando un papel fundamental en la protección de los activos venezolanos en el exterior

Por cuarto año consecutivo, la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó mantener su continuidad parlamentaria fuera de su lapso convencional. En su sesión de instalación, el 5 de enero, se ratificó a la Junta Directiva actual para seguir en el periodo 2024-2025.

Dinorah Figuera, de Primero Justicia (PJ), se mantiene como la presidenta del Parlamento opositor, al igual que Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo (UNT), en la primera vicepresidencia; y Auristela Vásquez, de Acción Democrática (AD), en la segunda vicepresidencia. También repiten José Figueredo Márquez como secretario y Luis Alberto Bustos como subsecretario.

Esta decisión ya había sido acordada por la Comisión Delegada de la AN en una sesión privada realizada a mediados de diciembre. Su resultado fue la reforma del Estatuto que rige la transición a la democracia, ley que sustenta la permanencia de la IV Legislatura a pesar de que su periodo formal debió finalizar en el año 2021. La reforma, que actualiza las fechas del estatuto para extender su vigencia por 12 meses más, se publicó el 5 de enero en la Gaceta Legislativa.

¿Por qué la AN extendió su periodo?

La IV Legislatura de la Asamblea Nacional se instaló el 5 de enero de 2016 para cumplir con su periodo constitucional de cuatro años. Pese a que el 6 de diciembre de 2020 el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó elecciones parlamentarias, no fueron reconocidas por la AN saliente. Esto pues, a su juicio, no contaban con condiciones mínimas que garantizaran la transparencia y credibilidad del proceso.

Entre las razones que justificaron esta postura estuvo la designación de los rectores del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en su momento usurpó competencias de la AN. Posteriormente, el TSJ tomó otras medidas controversiales como la intervención judicial de varios partidos opositores como AD, PJ, Voluntad Popular (VP), entre otros. La acumulación de varias irregularidades en el proceso llevó a la oposición a abstenerse de participar.

Con este panorama, la AN presidida entonces por Juan Guaidó aprobó el 18 de diciembre de 2020 la ley de Estatuto para la Transición. Basado en los artículos 333 y 350 de la Constitución, permitía a la IV Legislatura mantener su vigencia, alegando un vacío de poder por la invalidez de las elecciones del 6 de diciembre. El TSJ y el régimen de Nicolás Maduro declararon la acción como ilegal, aunque contó con el apoyo y reconocimiento internacional de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima.

El estatuto no impidió que los diputados electos en 2020, afines al oficialismo, instalaran la V Legislatura de la AN el 5 de enero de 2021. De hecho, este organismo tomó control ese día del Palacio Federal Legislativo, y demás dependencias como el edificio administrativo ubicado en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas. Al ser reconocido por el régimen de Maduro, sus leyes y acuerdos aprobados son los que se han publicado en Gaceta Oficial y aplicado en las instituciones del Estado. 

Importancia política

Además de los motivos legales, la continuidad de la AN opositora también obedecía a un propósito político. En enero de 2019, había declarado la vacancia de Nicolás Maduro al tampoco reconocer las elecciones presidenciales de 2018, por lo que de acuerdo a la Constitución, se creó un gobierno interino encabezado por Guaidó al ser el presidente del Parlamento. 

Sin embargo, la usurpación de Maduro en el poder continuó en los años siguientes, por lo que el estatuto establecía la necesidad de mantener a la AN como único poder legítimo de Venezuela hasta que se restableciera el hilo demócratico y se celebraran elecciones libres. Por ese motivo, el estatuto se reformó parcialmente en diciembre de 2021 para alargar su periodo por un año más, y así sucesivamente hasta la actualidad.

A pesar de que el estatuto, en parte, tenía como propósito mantener vivo al gobierno interino, en diciembre de 2022 una coalición liderada por PJ, UNT y AD impulsó una reforma de la ley para cambiar eso. El nuevo Estatuto para la Transición eliminó la figura del interinato y transfirió todas sus competencias a la directiva de la AN. Guaidó, quien hasta entonces había presidido ambos organismos, fue sustituido el 5 de enero de 2023 por Dinorah Figuera. 

Aunque el gobierno de Guaidó ya no existe, el espíritu que motivó su creación sigue presente en la AN actual. En un comunicado publicado el 5 de enero de 2023, la institución justificó la cuarta extensión de su periodo, y segunda bajo la dirección de Figuera, aludiendo al mismo principio del cese de la usurpación de Nicolás Maduro.

Partiendo de la situación extraordinaria de crisis política e institucional que vive el país generada por la usurpación del poder y por la no existencia de garantías democráticas, la Asamblea Nacional está obligada a mantener su vigencia como única institución electa democráticamente, hasta tanto se convoquen unas elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela”, expresó.

Comparte en   

Resguardo de activos

Junto al Estatuto que rige la Transición, también se renovó por un año más la Ley de Reforma Parcial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Ambas leyes nacieron en paralelo en 2020, y mientras una le da sustento jurídico a la continuidad de la AN, la otra regula la administración de los activos venezolanos protegidos en el extranjero y sus gastos.

Al momento de su creación, el gobierno interino de Guaidó tuvo el reconocimiento de más de 60 países. Esto significó que para algunos como Estados Unidos y los miembros de la UE, los fondos del Estado venezolanos guardados en sus bancos e incluso bienes y  empresas ubicadas allí, pasaban a ser administrados por el gobierno interino al ser el representante legítimo de Venezuela. De allí que se asumiera el control de algunas empresas como Citgo en Estados Unidos.

Tras algunos escándalos de corrupción en estas empresas, la AN ya había limitado en 2022 los poderes del gobierno interino para manejar estos recursos en el extranjero. Sin embargo, tras su disolución, estas competencias quedaron en manos del Parlamento. Para ello, en enero de 2023 se creó el Consejo de Administración y Protección de Activos, que se ha encargado de temas como el litigio contra el régimen de Maduro con el control de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

Actualmente la defensa de los activos en el extranjero es una de las principales razones por las que la AN electa en 2015 sigue activa. De las juntas ad hoc que el gobierno interino en su momento designó para diferentes instituciones, se conservan solo algunas indispensables, como las del Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

Reconocimiento

Cuando se aprobó por primera vez el Estatuto que rige la Transición, la AN electa en 2015 gozó de un amplio reconocimiento internacional. Es decir, que a pesar de que el Parlamento de 2020 mantiene una jurisdicción de facto dentro del país, todavía conserva su autoridad en el extranjero, así como un peso simbólico dentro de la oposición venezolana.

Esto, al menos en los países que aún reconocen su legitimidad. En Latinoamérica, si bien en 2019 tuvo el respaldo de varios países como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, la situación fue cambiando en la medida que se reordenaba el mapa político de la región. Por ejemplo, Colombia, uno de los principales aliados de la oposición, pasó a reconocer a la AN oficialista con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro. 

Actualmente solo el gobierno de Luis Lacalle Pou, de Uruguay, apoya a la AN opositora. Aunque al haber elecciones presidenciales en su país en 2024, se desconoce si esto podía continuar en el próximo gobierno. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, en varias declaraciones ha expresado su repudio al régimen de Nicolás Maduro, al punto de no designar embajadores en Caracas. Sin embargo, hasta el momento su gobierno no ha reconocido formalmente a la institución encabezada por Dinorah Figuera.

Por su parte, la Unión Europa, como bloque regional, ha mantenido su postura de apoyo a la AN de 2015. Esto a pesar de que tras la disolución del gobierno interino de Guaidó, algunos países como España optaron por restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. 

Otro aliado incondicional del Parlamento opositor es Estados Unidos. Durante 2023, la Administración de Joe Biden buscó un acercamiento con Nicolás Maduro a través de sus propias negociaciones, sin embargo, todavía sigue sin reconocer al régimen ni a su Parlamento, cuyos principales miembros siguen sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. 

Situación actual

Tanto Dinorah Figuera, como Marianela Fernández y Auristela Vásquez, residían en el extranjero al momento de asumir la directiva de la AN. Las diputadas han admitido en diferentes entrevistas que esto las ha protegido de las represalias del régimen, aunque no han salido del todo ilesas. Poco después de su juramentación, el 8 de enero de 2023, un tribunal de Caracas les dictó una orden de aprehensión, mientras que el Ministerio Público emitió una notificación a Interpol para extraditarlas. 

La Fiscalía también ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en Venezuela. El 25 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron las residencias de Figuera y de Vásquez, e incautaron las pertenencias que habían dejado allí.

Esta situación es repetida por muchos otros diputados que están en el exilio, aunque otros decidieron renunciar a su investidura desde 2020. Desde su primera extensión la AN del 2015 se redujo a una Comisión Delegada conformada por los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones parlamentarias. No obstante, para las sesiones realizadas de forma remota por videollamada, usualmente participan el resto de diputados. 

Hasta el momento, el balance de la AN presidida por Figuera ha sido la de una institución que ha logrado su objetivo de preservar los capitales protegidos en el extranjero, que ha perdido peso político dentro de Venezuela. No solo heredó la crisis de popularidad que sufrió el gobierno interino en sus últimos meses, sino que en la práctica fue completamente desplazada por la AN afín al régimen, cuyo periodo justamente acabará en 2024.

Noticias relacionadas