Caso de Nelson Piñero refleja política contra libertad de expresión

Al activista del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, lo detuvieron el 22 de noviembre y lo imputaron por instigación al odio. Durante la audiencia se mostraron mensajes en las redes sociales como elementos para sustentar la investigación.

Caracas. A la lista de más de 272 presos políticos –según el Foro Penal–, ahora hay que sumar un nuevo nombre: Nelson Piñero, un activista del partido Encuentro Ciudadano que recibió una medida privativa de libertad por los mensajes que compartió en sus redes sociales.

Así describió Delsa Solórzano la situación de Piñero, quien el 22 de noviembre fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado y al día siguiente le dictaron privativa de libertad.

A través de redes sociales ha emitido opiniones críticas contra la dictadura, tenemos que anunciar que el tribunal 1° de control de Carabobo acaba de dictar medida de detención, la razón que dieron es que en efecto escribe de forma crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local”.

Solórzano añadió que se condena el ejercicio de la libertad de expresión y agregó que escribir en redes sociales y opinar no es un delito

“Hoy es Nelson Piñero un preso político más de la dictadura que pasa a la larga lista de más de 300 venezolanos que están tras las rejas, en su caso por escribir en redes sociales, estas cosas nada más ocurren en dictadura”, comentó.

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano Piñero fue imputado por instigación al odio.

Audiencia rápida y proceso sin garantías 

Una fuente del partido Encuentro Ciudadano, quien prefirió no ser nombrada dijo que Piñero estuvo representado por dos abogados privados: Richard Rivas y Gabriel Ramírez, quienes se encargarán de la defensa del activista. El partido político hizo hincapié que desde que supieron de la detención para ellos era importante que no estuviera representado por un defensor público.

Cuando comenzó la audiencia se mostraron tuits de Nelson como elementos para sustentar la investigación, algo ilógico porque un tuit no puede ser un elemento que sirva para determinar si él está incitando al odio o no, hay otros factores, tiene que haber como un público que reciba ese mensaje”, comentó la fuente.

No hubo un mensaje en particular que causara la investigación. De acuerdo con lo descrito por la fuente, fueron varias las opiniones de Piñero las que mostraron como presunta evidencia.

Tras imputarle a Piñero el cargo de incitación al odio, se determinó que permanezca recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Naguanagua.

Desde Encuentro Ciudadano han calificado todo en torno al procedimiento como violatorio del debido proceso y de los derechos de Nelson Piñero.

“Sin tener orden judicial la casa de él fue allanada, el Sebin entró por ventanas y techo, en presencia de un menor de 14 años se lo llevaron a él (Nelson Piñero) sin mostrar orden de detención ni nada. Si había una investigación por incitar el odio él debería estar al tanto. Se violaron sus garantías y el debido proceso”, comentó.

La fuente indicó que de acuerdo a los abogados ahora viene un proceso que puede durar hasta 45 días para que el juicio inicie, agregó que el partido político no piensa abandonar a Piñero en ningún momento.

“Nosotros no abandonamos a nuestros presos políticos y vamos a seguir luchando por su libertad. Delsa Solórzano y un equipo del partido están en Carabobo para acompañarlo, nos toca seguir luchando para lograr su liberación”.

Uso del la Ley del Odio

El caso de Piñero, dirigente de Encuentro Ciudadano en Carabobo y miembro del equipo de comunicación nacional del partido, no es un caso único, se trata de una política del Estado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, según un integrante del equipo jurídico de la ONG Espacio Público, quien destacó el uso de la Ley del Odio en casos como este.

“Nosotros tenemos un informe donde establecemos los casos donde se ha utilizado el delito de instigación al odio. Ahí no solo tenemos casos de donde te imputan por el delito de instigación al odio, sino incluso lo utilizan para otros motivos. Por ejemplo, el primer caso que nosotros tenemos registrado es de Sin Mordaza, donde básicamente no los procesan por instigación al odio, pero si mal no recuerdo fue Diosdado Cabello que dijo que estaban cometiendo delitos de instigación al odio”.

Otro caso reciente mencionado por el equipo de Espacio Público fue el del periodista Luis Carlos Díaz quien el 12 de mayo de 2019 fue detenido por organismos de seguridad del Estado, quienes al momento de allanar su residencia le indicaron que era investigado por “delitos informáticos”.

Díaz fue trasladado al Helicoide y fue excarcelado el 13 de marzo de 2019. Oficialmente le imputaron el delito de instigación pública. Pasaron casi tres años para que finalmente el Poder Judicial archivara el caso por falta de evidencia, en febrero de 2022.

Además de los cargos de instigación al odio e instigación pública, otro instrumento jurídico que emplea el Estado venezolano al momento de castigar la libertad de expresión es la Ley contra la Promoción del Odio.

Dicha ley fue creada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y contempla castigos de más de 20 años por “incitar al odio” en el país. Una clara afrenta contra la libertad de expresión en el país.

“Esta ley es inconstitucional en primer lugar, porque básicamente la creó la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente no tenía la potestad de crear leyes, porque básicamente la única que tenía potestad para crear leyes es la Asamblea Nacional”, comentó el equipo de defensa de Espacio Público.

Agregaron que la reacción de esta ley es tan genérica y tan abstracta que cualquier hecho en el que el gobierno de Nicolás Maduro pueda podría decir que una persona comete un delito de instigación al odio.

“Cosa que al final es un peligro porque incluso así sea un comentario inocente o incómodo o incluso hasta una expresión de odio, podría entrar dentro de este delito”.

Hasta el momento no existe mayor información sobre el caso de Nelson Piñero ni sobre si será excarcelado mientras los organismos judiciales llevan a cabo la investigación en su contra.