Aunque no hubo señalamientos contra de ningún funcionario en las audiencias realizadas el 7 y 8 de noviembre, los representantes del Estado, de la Fiscalía y de la Oficina de Víctimas debatieron ante los magistrados del juzgado internacional. Esto podría repetirse en el futuro de autorizarse a la oficina de Karim Khan proseguir con sus averiguaciones.
Caracas. Argumentos a favor y en contra de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) prosiga sus investigaciones en relación con los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, aderezados con algún insulto y ataque.
Esto fue lo que escucharon los magistrados de la Sala de Apelaciones del juzgado con sede en La Haya, Países Bajos, entre el martes 7 y miércoles, 8 de noviembre, durante las dos sesiones que duró la audiencia que se convocó para decidir si aceptan o no la petición de las autoridades venezolanas.
La representación del Estado venezolano solicitó que se le impida al fiscal Karim Khan continuar con sus averiguaciones sobre las persecuciones, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias registradas en el país desde 2014.
Pese a que durante los debates no se señaló a ningún funcionario o exfuncionario de incurrir en graves violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos se le sentó en el banquillo de los acusados, pues no era el propósito de los mismos, el acto terminó convirtiéndose en un ensayo de lo que podría ser un eventual juicio.
Los abogados del Estado, por un lado; y los de la Fiscalía y de las víctimas, por el otro, presentaron a los magistrados alegatos para convencerlos de que su postura era la correcta. Cada uno en sus intervenciones buscó desvirtuar a la de sus contrincantes.
La postura oficial
La delegación estatal, que encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, insistió en que los jueces y fiscales han investigado los abusos ocurridos en el país. Y como prueba uno de sus abogados aseguró de 124 casos expuestos ante el tribunal “113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos. Hay tres en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos”.
Tras denunciar que mucha de la información que presentó para probar que la justicia interna ha hecho su trabajo no fue aceptada y que tampoco tenía claro cuáles hechos ha investigado la Fiscalía, los funcionarios venezolanos denunciaron que el proceso es “político”.
“La remisión (denuncia) presentada por un grupo de Estados en el año 2018 respondió a un claro objetivo político. Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, aseveró el canciller.
Este tipo de declaraciones le valieron un regaño a la delegación venezolana. “El lenguaje irrespetuoso y las calificaciones incisivas son inadecuadas, inapropiadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes participantes y no se reconocerán como argumentos válidos”, afirmó el presidente de la Sala, Marc Perrin de Brichambaut.
Réplicas y contrarréplicas
La postura de las autoridades venezolanas fue rechazada tanto por la Fiscalía como por la Oficina para la Defensa de las Víctimas. Ambas instancias pidieron a los magistrados desechar la petición de Caracas. Particularmente dura fue la Oficina de las Víctimas en su declaración.
“Venezuela no está investigando ni enjuiciando ni lo hará en un futuro inminente los crímenes que ellas (las víctimas), sus familiares y sus amigos sufrieron. Mientras hablamos en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, denunció la jefa de la Oficina para la Defensa de las Víctimas, Paolina Massidda.
Por su parte, los representantes del despacho dirigido por el jurista británico Karim Khan reiteraron su criterio. En sus alegatos denunciaron que las investigaciones conducidas por la justicia venezolana son insuficientes. Es decir, no abarcan a los posibles superiores jerárquicos, sino que se limitan a funcionarios de bajo rango. Y, por lo tanto, está justificada su intervención.
¿Y ahora qué?
Como se sabía desde el principio, esta audiencia no tenía por propósito en enjuiciar a nadie. Más bien se convocó para resolver una incidencia: la petición de Venezuela de que se deje sin efecto la autorización para que la Fiscalía de la CPI pueda proseguir sus investigaciones sobre lo que ocurrió en el país y buscar el procesamiento de los presuntos responsables.
La decisión de la Sala de Apelaciones se dará a conocer en las próximas semanas o meses. La misma podría ir en cuatro direcciones: los jueces pueden confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares; revertirla (anularla) o modificarla o enviar el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita un nuevo pronunciamiento.
Así lo explicó Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, en un video difundido expresamente por el caso de Venezuela.
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Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
Publicado el: 2023-11-08 17:15:40
En la sección: Política