¿Estamos en un estado de excepción permanente?»

Un total de 105 personas fueron «abatidas» en Venezuela por agentes de distintos cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) entre abril y mayo de este año, informó este martes la ONG Control Ciudadano, indicó, en nota de prensa, que en el mes de abril hubo 64 personas «abatidas» y en mayo 41, en operativos de seguridad que se llevaron a cabo en 17 de los 23 estados del país

El registro es el resultado de un seguimiento a los casos reseñados en medios de comunicación de alcance regional y nacional, así como referidos por los cuerpos de seguridad, según la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo a que en este informe no se contabilizaron los casos de funcionarios policiales que hayan caído o sido heridos en estos procedimientos, pero sostuvo que es poco común que ocurran.

La ONG señaló que, en el mes de abril, aparecen como responsables involucrados, con el mayor número de «ejecuciones» realizada bajo la categoría de «abatidos» en presuntos enfrentamientos con delincuentes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) (18), seguido de la GNB (13) y la Policía Nacional Bolivariana (11).

«En el mes de mayo, repiten la PNB (15), la GNB (8) y el Cicpc (6), como los órganos más letales en la práctica de ejecutar presuntos delincuentes», añadió, que, en la mayoría de los casos registrados, se desconoce si las muertes por enfrentamiento fueron remitidas al Ministerio Público (MP, Fiscalía), para que se inicien las investigaciones correspondientes y determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad del Estado.

El informe presentado por Control Ciudadano es preocupante, ya que muestra un aumento en el número de personas «abatidas» por agentes de seguridad en Venezuela durante los meses de abril y mayo de este año, en comparación con el mismo período del año pasado. Donde la falta de información sobre si las muertes por enfrentamiento fueron remitidas al Ministerio Público (MP, Fiscalía) para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad del Estado es preocupante.

Es importante destacar que el informe no contabiliza los casos de funcionarios policiales que hayan caído o sido heridos en estos procedimientos, lo que podria generar dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la recopilación de datos, pero en este caso, el informe se refiere a los casos de personas muertas a manos de las autoridades, no a causa de posibles enfrentamientos donde los efectivos hayan perecidos.

La ONG exhortó a la Fiscalía para que todos estos casos se adelanten investigaciones para determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad, para determinar responsabilidades, de ser el caso, además de que publiquen las estadísticas a las cuales se permita determinar las responsabilidades, de ser el caso, así como que se mantenga el acceso a la información completa y verificable para poder analizar adecuadamente la situación.