Familiares de presos políticos seguiran en vigilia

Este lunes 15 de junio, los parientes de los presos políticos cumplieron ocho días en vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, bajo condiciones climáticas adversas y sometidos a vigilancia permanente. Denunciaron la presencia constante de vehículos y motocicletas sin placas que toman fotografías para infundirles temor y obligarlos a irse.

Caracas. “Recibí una llamada donde me dijeron que si no me iba de aquí la iba a pasar muy mal, pero a pesar de las amenazas aquí sigo”, asegura con voz firme Jessica Castro. Es sobrina del preso político Gustavo Hernández y forma parte del grupo que mantiene una vigilia desde el 7 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para exigir la liberación de su tío, vinculado al caso Gedeón.

“No hemos sido recibidos y nos han pedido paciencia. Los funcionarios de la embajada saben que estamos aquí pero dicen que no están autorizados para atendernos. De igual manera permaneceremos aquí hasta que nuestros familiares sean liberados”.

Este lunes, 15 de junio, las familias de los presos políticos cumplieron su octava noche en vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, bajo condiciones climáticas adversas y sometidos a un esquema de vigilancia permanente.

El grupo, que congrega a unas 50 personas durante el día y mantiene a 20 en la pernocta nocturna, ha resistido el frío y el impacto de las lluvias que anegan las carpas improvisadas.

Jessica explicó que aunque no ha sido fácil mantenerse en resistencia, el apoyo de la comunidad y de organizaciones civiles ha sido fundamental para mantener el campamento. Los familiares disponen de alimentos, carpas, toldos, cobijas y colchones gracias a las donaciones de ciudadanos solidarios.

Hostigamiento y afectaciones de salud

Esas muestras de bondad les dan fuerza para mantenerse en pie y exigir la intermediación de las autoridades estadounidenses por la liberación de sus parientes. No están dispuestos a levantar la protesta hasta tener una reunión con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Sin embargo, hasta ahora la respuesta institucional se limita a una petición de paciencia. A la falta de soluciones diplomáticas se suma el hostigamiento en las inmediaciones de la sede diplomática.

Los familiares denunciaron la vigilancia constante de vehículos y motocicletas sin placas que toman fotografías para infundirles temor y obligarlos a irse. Jessica denunció que recibió una llamada telefónica con amenazas explícitas para obligarla a desalojar el espacio.

La permanencia en el lugar también ha repercutido en la salud de las personas concentradas en el campamento, en su mayoría mujeres. Francis Quiñones, madre del preso político Jonathan Franco Quiñones, tuvo que ser trasladada de emergencia a la sede de Salud Chacao, tras presentar dificultades para respirar y un fuerte dolor en el pecho.

Jessica detalló que en ese centro médico le realizaron exámenes y un electrocardiograma, aunque debe someterse a evaluaciones adicionales para determinar la evolución de su cuadro clínico.

Ante la demora de la delegación diplomática para concretar una reunión, Jessica solicitó a las autoridades estadounidenses que escuchen y evalúen de forma individual cada uno de los casos de los presos políticos. Y exhortó a la comunidad internacional a desviar la mirada de los intereses comerciales en materia petrolera, para dar prioridad a la crisis humanitaria que afecta a cientos de familias.

Según datos de la ONG Foro Penal 894 presos políticos fueron excarcelados desde el 8 de enero, cuando el Gobierno venezolano anunció la liberación de un “número importante” de personas.

No obstante, todavía 389 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con el balance actualizado de la organización.

Además del campamento instalado frente a la delegación internacional, otro grupo de parientes estuvo 150 días consecutivos en vigilia frente a las puertas de El Helicoide, hasta que se ejecutaron los traslados a otras cárceles el 3 de junio.

Mientras que en la cárcel del Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, los familiares se encuentran en un campamento desde hace cinco meses, bajo la lluvia y el calor de esta zona. En todo este tiempo se han sumado madres, hermanas o esposas que provienen desde Amazonas, Zulia, Lara o Delta Amacuro bajo la misma exigencia: la libertad de los presos políticos.

Operación Gedeón

El caso de Gustavo Hernández es ejemplo del estancamiento judicial que enfrentan las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país. El tío de Jessica Castro permanece recluido en el Fuerte Guaicaipuro, tras su vinculación con la denominada Operación Gedeón, una supuesta incursión marítima fallida ocurrida entre el 3 y el 4 de mayo de 2020.

De acuerdo con información oficial, el operativo civil y militar buscaba deponer a Nicolás Maduro mediante el desembarco de embarcaciones armadas en las costas de Macuto, en La Guaira, y Chuao, estado Aragua, tras una planificación hecha en territorio colombiano. De los 29 acusados, 20 fueron condenados a 30 años de prisión y 9 de ellos a 21 años.

Jessica indicó que aunque su tío mantiene una salud estable, pese a su delgadez, se le negó la amnistía. Su familia desconoce quiénes son sus defensores públicos.

“En Fiscalía nos exigen al defensor, por lo tanto, no hay respuesta de los entes nacionales. Estamos desesperados porque nos dijeron que iba a salir en libertad hace 20 días y no fue así”.

Organizaciones no gubernamentales, como el Foro Penal, sostienen que el proceso judicial contra los implicados en la Operación Gedeón carece de validez legal debido a la transgresión absoluta de sus derechos fundamentales.

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