Justicia venezolana amplía cacería internacional de «El Koki»

La Sala de Casación Penal solicitó a Colombia y Honduras la entrega de dos presuntos miembros de la organización que operaba en la Cota 905 y a los cuales el Ministerio Público desea procesar por delitos como extorsión, secuestro y terrorismo.

Caracas. La muerte de Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, a manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) el 8 de febrero de 2022 no ha implicado el fin de la guerra en contra la megabanda que lideraba. Las autoridades ahora han fijado su mira en alrededor de 40 miembros de la organización que lograron salir del país, entre los cuales figuran varios lugartenientes del desaparecido delincuente.

Así el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un solo día, acordó pedir a Colombia y Honduras la entrega de dos integrantes de la organización criminal que tenía como base de operaciones a la capitalina barriada de la Cota 905.

En sus sentencias número 444 y 451, dictadas el pasado 16 de noviembre, la Sala de Casación Penal “procedentes” las solicitudes de extradición que el Ministerio Público formuló contra Alonso José Ortega Larosa, alias “El Balón” y Luis Janfre Guerrero Uztariz, alias “El Janfre”.

El máximo juzgado consideró que las peticiones se ajustaron a la ley, por cuanto los delitos de los que los señalan los solicitados no son políticos, no han prescrito y de paso están previstos en la legislación de los países donde se encuentran.

El despacho dirigido por el fiscal impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, desea procesar a los dos hombres por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo y asociación agravada.

Desde 2021 la justicia venezolana ha tomado acciones contra ellos, tales como órdenes de captura nacional e internacional y su inclusión en la lista de buscados de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Garantías de debido proceso

En los fallos redactados por los magistrados Carmen Marisela Castro Gilly y Maikel Moreno Pérez, el máximo juzgado asumió con sus pares colombianos y hondureños el compromiso de ofrecerles a Ortega Larosa y Guerrero Uztariz un proceso con todas las garantías judiciales.

Así, el TSJ aseguró que el eventual juicio contra los sujetos respetará el derecho al debido proceso, conforme al cual a los solicitados se les “garantizará el derecho a la defensa; al principio de no discriminación; a la prohibición de la desaparición forzada de personas; al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“Por lo tanto (…) se les tratará con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado en caso de que resulte(n) condenado(s); al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley”.

En el documento, el máximo tribunal también establece que “tras prometer que velará por los derechos a la vida y salud de los solicitados, el máximo juzgado aseveró que se les respetarán a ambos sujetos “todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, los requerido(s) no será(n) condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años”.

Detenciones

El Ministerio Público solicitó las extradiciones luego de enterarse de que aprehendieron a Ortega Larosa y Guerrero Uztariz en Medellín y Danlí, respectivamente.

Las capturas de alias “El Balón” y de “El Janfre” se produjeron casi simultáneamente. El 3 de octubre aprehendieron al primero y menos de siete días después se registró la detención del segundo en una localidad fronteriza con Nicaragua, informaron las autoridades policiales hondureñas.

Ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir los fallos tanto a las autoridades diplomáticas colombianas como a las hondureñas, para que estas a su vez se los hagan llegar a los respectivos poderes judiciales, los cuales decidirán si entregan o no los sujetos.