Acusaciones contra la primaria opositora no tienen fundamento, afirman abogados

La elección primaria opositora del pasado 22 de octubre está bajo el ojo de las autoridades venezolanas que no han recibido de buena manera el apoyo masivo que tuvo este evento ciudadano.

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, anunció una investigación sobre Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), respectivamente. 

Entre los delitos que se investigan está la “usurpación de funciones electorales; usurpación de identidad; legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Sin embargo, diferentes expertos en derecho han afirmado que dichas acusaciones no poseen fundamento alguno. Los abogados, además, expresan que las motivaciones para hacer esta investigación nacen del apartado político y no jurídico. 

La investigación fue anunciada por Tarek William Saab después de que Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez hablaran sobre la elección primaria opositora. 

En lo referente a la primaria predomina lo político y lo jurídico es secundario

Para Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, las declaraciones de Tarek William Saab no tienen fundamento. Daniels publicó un video en el que hace un análisis a fondo sobre la investigación que se hace a la elección primaria opositora y a representantes de la CNP. 

“El papel predominante lo tiene el tema político. Pero estamos obligados a dar elementos que den precisión a que, efectivamente, desde el punto de vista jurídico estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, explicó Daniels.

Una de las acusaciones es la presunta usurpación de funciones. Para que esto ocurra, un individuo tiene que actuar como un funcionario o que actúe como si fuera un órgano de la administración. Daniels asegura que esto no ocurrió. “Nunca han dicho que actúan representando, en nombre de, o siendo el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

En el caso de la eventual citación para Jesús María Casal y Mildred Camero, la abogada Andrea Santacruz afirma que la calidad de investigados no está establecida en el ordenamiento jurídico. “Usualmente ha sido utilizado para evitarle a las personas para evitarle a las personas poder ejercer plenamente sus derechos en el marco de un proceso penal”, indicó la abogada. 

Para Santacruz, los hechos citados por Saab no revisten carácter penal, y mucho menos una acción ilegal e inconstitucional. 

“Lo que ocurrió en el marco de la primaria no es una elección interna de un partido político. La realidad es que la primaria no está regulada ni en la constitución ni en el resto del ordenamiento nacional. Por ello deben regir los principios y estándares propios del derecho de la libertad de asociación y el derecho a la participación pública. No es verdad que quienes forman parte de la CNP hayan asumido el rol que le corresponde al CNE”, dijo Santacruz a Efecto Cocuyo. 

Otros presuntos delitos en la primaria opositora 

El abogado Alí Daniels explicó que el presunto delito de usurpación de identidad nunca ocurrió. “Acá nunca se escuchó decir a ninguno de los miembros de la CNP decir como una personas diferente a la que es”, comentó Daniels.

Sobre si hay personas que se hicieron pasar por otras, Daniels indica que en ese caso el único responsable es quien lo haya hecho y no la CNP. “La única manera de saber si esto llegó a ocurrir a través de los cuadernos electorales. Pero como estaba contemplado en el reglamento de la elección esos cuadernos ya han sido destruidos. Los delitos hay que probarlos. No basta hacer señalamientos”, afirmó.

Para Santacruz, decir que este delito ocurrió en la elección primaria opositora es algo insólito. “La narración de los hechos que se hizo por parte de Tarek William Saab en ningún momento dice que alguna persona haya tomado la identidad de otra persona”.

Sobre los delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales, Santacruz afirma que en el primer caso se menciona a dos personas y para que ocurra, según la ley, se necesitan tres o más personas.

“Lo que vemos es la instrumentalización del sistema de justicia, especialmente del Ministerio Público, como herramienta de persecución política. Como un órgano no independiente ni imparcial. Que no garantiza justicia genuina”, dijo Andrea Santacruz. 

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