El máximo responsable de la ONU en materia de derechos humanos, Volker Türk, urgió a las autoridades venezolanas a “dar pasos significativos en la reforma de los sectores de justicia y seguridad”.
El funcionario ofreció el apoyo técnico y la experiencia de su oficina para lograr esta misión al término de la visita de tres días que hizo al país, entre el 26 y el 28 de enero.
Pero ¿qué tipo de asistencia puede ofrecer?
De acuerdo con la resolución 48/11 de la Asamblea General de la ONU del 7 de enero de 1994 que crea el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, esta oficina puede proporcionar –por intermedio del Centro de Derechos Humanos de la secretaría y otras instituciones apropiadas– servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de los derechos humanos.
Otra atribución que tiene es la de ampliar la cooperación internacional para la protección y la promoción de todos los derechos humanos.
“El mandato principal del Alto Comisionado es trabajar en pro de los derechos humanos de la mano con los Estados ¿Cómo coopera?, a través de programas de capacitación, trabajando en aras de eliminar cualquier obstáculo a nivel de las jurisdicciones internas para la realización de los derechos humanos, coordinando con el resto de los programas de la ONU sobre políticas que se pueden implementar”, explica la especialista en derecho penal internacional Thairi Moya.
Reforma judicial en Venezuela
La doctora en derecho cree que detrás del anuncio de Türk de reformar el sistema de justicia puede haber un acuerdo alcanzado con el Estado venezolano en vista de las investigaciones internacionales que están en curso, como la que inició el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
Su visita también podría responder, según comenta, a una estrategia con la que el gobierno espera «controlar los daños» de los próximos informes de la Misión de Determinación de los Hechos, cuyo mandato fue renovado por dos años más.
Lo cierto es que se conoce poco sobre los acuerdos suscritos entre la oficina del Alto Comisionado y el gobierno de Nicolás Maduro, en septiembre de 2019, ya que el memorándum de entendimiento –firmado durante el periodo de Michelle Bachelet– no es de acceso público.
La publicación de este texto es una demanda de organizaciones de derechos humanos en una carta que enviaron a Türk el pasado 26 de enero.
“Nos parece inadmisible que el Acnudh, en contravía del principio de transparencia que debe orientar su labor, pueda avalar que se mantenga en secreto información que, por su repercusión en políticas públicas, debería estar al alcance de los venezolanos y venezolanas”, argumentan.
Cuál es el alcance del Alto Comisionado
“La asistencia técnica implica la transferencia de conocimiento a las autoridades nacionales para apoyar a la investigación y enjuiciamiento efectivo y también capacitación o asesoramiento a fin de fortalecer la aplicación de la legislación y que puedan mejorarse los marcos institucionales y legislativos que permitan a las autoridades nacionales garantizar una administración de justicia efectiva”, expone la directora de Cepaz, Beatriz Borges.
La abogada detalla cuál es el alcance que puede tener el Alto Comisionado en función de las recomendaciones que ha hecho su oficina y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. En este sentido, la reforma puede apuntar a:
-Incluir una unidad especial dentro del Ministerio Público para investigar los delitos de ejecuciones extrajudiciales así como los encubrimientos policiales.
-Reformar el Código Orgánico de Justicia Militar para eliminar la competencia de los tribunales miliares sobre los civiles en concordancia con la Constitución.
-Introducir una legislación que regule los crímenes de lesa humanidad, tal como establece el Estatuto de Roma.
-Diseñar e implementar medidas efectivas para garantizar la imparcialidad del fiscal general y de la defensoría del pueblo.
-Implementar mecanismos independientes y transparentes para la selección de jueces y fiscales.
-Garantizar que la defensoría pública tenga transparencia, recursos y una adecuada formación en materia de derechos humanos.
-Restaurar la capacidad de la unidad criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales que depende del Ministerio Público para que se realicen correctamente los exámenes forenses en casos de violaciones de derechos humanos.
-Eliminar la práctica del nombramiento de jueces provisionales y que la admisión a la carrera judicial sea por concurso público eliminando.
-Promover la ratificación por parte del Estado venezolano del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Borges señala también la importancia de que el Alto Comisionado adopte un enfoque de seguimiento a las recomendaciones porque “esto permitirá tener medidores de mejoras reales y no de maquillaje judicial”.
Es preciso destacar que cualquier cooperación que pueda ofrecer el Alto Comisionado dependerá de la solicitud o “buena fe” del Estado, aclara Moya.
«Hay que ver si van a permitir que el comisionado Türk lleve a cabo estos procesos de reinstitucionalización, esto va a permitir medir la capacidad y buena disposición del Estado venezolano en materia judicial», afirma.
Sobre la permanencia de la oficina del Alto Comisionado por dos años más en Venezuela, expresa: «Sirve para documentar, de primera mano, la situación de derechos humanos en el país. Claro está, la realidad va a ser conocida en la medida en que se les otorguen las autorizaciones para visitar los sitios que quieran, para entrevistar a las personas que necesiten, poder tener esa independencia de escuchar a la sociedad civil. Va a ser importante en la medida en que reflejen e informen a la oficina del Alto Comisionado lo que está pasando de manera objetiva. Es una ventana al exterior que está ahí».
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-02-01 22:55:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo