AN bajo gestión de Jorge Rodríguez o la legislatura en un sistema autoritario: cómo funcionó y cómo cierra

Dicho Poder Electoral organizó las megaelecciones del 21 de noviembre de 2021, en las que se incorporó la oposición mayoritaria con saldo de cuatro gobernaciones ganadas (Zulia, Nueva Esparta, Cojedes y Barinas que incluyó repetición en enero de 2022 ) y más de 100 alcaldías. Luego, ante la proximidad de las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023 y de las presidenciales de 2024, la AN consumó la segunda designación de un nuevo CNE, el 24 de agosto de 2023, pese a que los rectores de 2021 tenían siete años de mandato. 

El resultado fue el ente comicial presidido por Elvis Amoroso, que organizó las presidenciales del 28 de julio de 2024 y proclamó  a Maduro como ganador y que a la fecha sigue sin publicar las actas de votación que comprueban la reelección, pese a las denuncias de fraude electoral que no han cesado por parte de la oposición. En este punto, Aveledo también destaca la radicalización de la AN a favor de la permanencia del chavismo en Miraflores. 

“A partir de finales de 2023, vimos una aceleración de la retórica agresiva que se tradujo en una arquitectura legislativa de represión. La AN no sólo no funcionó como contrapeso, sino como la herramienta para legalizar el cierre del espacio cívico. Leyes como la ley antifascismo (aprobada solo en primera discusión), la Ley de fiscalización de ONG y la ley contra el bloqueo (Simón Bolívar) no son legislación ordinaria; son instrumentos diseñados para anular el pluralismo político y criminalizar la disidencia posterior al 28 de julio”, advirtió el politólogo.

A juicio del también profesor universitario, lo “más notable” fue lo que consideró un silencio institucional por parte del Parlamento en medio de una importante crisis de legitimidad, producto del denunciado fraude electoral del 28 de julio.

“No hubo un solo debate real en el hemiciclo sobre el desconocimiento de la voluntad popular. La AN se limitó a formalizar los designios del Ejecutivo, consolidando un entorno electoral aún más restrictivo para la legislatura que ahora comienza”, dijo.

Cierre del espacio cívico 

Antes, el 26 de abril de 2022, la AN nombró a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre los que destaca la incorporación de la exrectora del CNE, Tania D Amelio, actual presidenta de la Sala Constitucional. Previamente, en diciembre de 2021, el Parlamento había reformado la Ley Orgánica del TSJ que redujo el número de magistrados de 32 a 20.

Analistas y juristas señalaron entonces que con una escogencia a través de un Comité de Postulaciones Judiciales parcializado a favor del chavismo, se dio al traste con las aspiraciones sobre un rescate de la autonomía del Poder Judicial en el país, considerado «apéndice del Ejecutivo». 

El Poder Legislativo bajo la jefatura de Rodríguez, igualmente ratificó al fiscal general de la Republica, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, (octubre de 2024), que antes habian sido designados por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, pese a ser competencia del Parlamento. También se designó al nuevo contralor general, Gustavo Vizcaíno Gil, (exdirector del Saime) que sustituyó a Amoroso.

Del quinquenio a punto de culminar, Jorge Rodríguez ha destacado la aprobación de 100 leyes, entre aprobatorias y de iniciativa legislativa, no solo del Parlamento sino las “propuestas” por el Ejecutivo. 

La última (11 de diciembre) fue la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, para denunciar, según el presidente de la AN, el “vasallaje” y la “inutilidad” de la Fiscalía de la CPI y la propia Corte.

Las ONG Foro Penal y Laboratorio de Paz advirtieron que la sanción del instrumento legal no exonera a aquellos funcionarios que sean declarados culpables por crímenes de lesa humanidad, por parte de los jueces de la CPI, ni detiene la investigación en curso por tales delitos presuntamente cometidos en 2017.

Asimismo, se aclaró que solo es potestad del Ejecutivo denunciar el Estatuto de Roma ante el secretario de Naciones Unidas (ONU) para que la salida de la CPI se haga efectiva un año después de formalizada la solicitud. Antes del fin del segundo periodo ordinario de sesiones, la plenaria despachó las leyes de Presupuesto y Endeudamiento correspondiente a 2026, así como la autorización de los presupuestos de la AN y del Banco Central de Venezuela (BCV) para el nuevo año.

Vale destacar que la AN no ha convocado públicamente a la Comisión Delegada Legislativa que debería operar hasta la instalación del nuevo Parlamento el 5 de enero de 2026, sino que toda la Cámara permanece alerta ante la convocatoria de más sesiones extraordinarias según se considere necesario por la coyuntura. 

Este 16 de diciembre hubo sesión extraordinaria, donde se aprobó el acuerdo contra el “bloqueo total” naval avisado por Donald Trump, para incautar buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

También hubo sesión extraordinaria el lunes 22 de diciembre y el martes 23 de diciembre, para aprobar la Ley para Garantizar la Libertad de Navegación y Comercio frente a la Pirateria, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales, en respuesta al “bloqueo total” de Trump. La normativa contempla castigo de 15 a 20 años de prisión contra quienes incurran en actos de “pitarería” y multas. 

Parte de lo que la ONG Laboratorio de Paz ha llamado “legalismo autoritario”, que sostiene es un patrón del chavismo en el que se confunden la arbitrariedad con interpretación legislativa, es la sanción (15 de agosto de 2024) de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, llamada “antisociedad” por los activistas de derechos humanos.

La ley que consta de 39 artículos, propuesta por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, contempla supuestos bajo los cuales una ONG puede ser disuelta o sancionada, entre ellas incurrir en actividades que se consideren que busquen generar desestabilización en el país, promover acciones terroristas u odio, entre otras.

La normativa causó que varias organizaciones defensoras de derechos humanos, dedicadas a labores humanitarias o de investigación o contraloría social, como Transparencia Venezuela, optaran por funcionar desde el exterior.

“Han sido instrumentos jurídicos aprobados más sobre la base de una consolidación política, para establecer una hegemonía de poder, sin que haya el suficiente contraste democrático, de ideas, la discusión sana, aun en medio de posiciones divergentes, diferentes. En cualquier sistema democrático, el Poder Legislativo en general tiene que cumplir ese rol. No fueron proyectos de leyes madurados con el debate, con las diferencias, para que efectivamente al final terminen siendo instrumentos legales, aplicados legítimamente”, sostuvo Trepiccione.

Inhabilitaciones casi perpetuas 

En su cruzada contra todo lo que implique defensa y denuncias de violaciones de derechos humanos contra la administración de Maduro, la AN aprobó (1 de julio de 2025) la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de solicitar al Ejecutivo el retiro de Venezuela de dicha oficina.

Posterior a los comicios presidenciales, la plenaria sancionó el 28 de noviembre de 2024 la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista de 23 artículos. El instrumento legal  contempla inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años; prisión de 25 a 30 años; confiscación de bienes y juicios en ausencia, entre otras medidas, contra quienes soliciten y apoyen sanciones internacionales contra la gestión de Maduro. 

Otra ley polémica y considerada arbitraria por sus efectos es la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sancionada el 27 de abril de 2023, que permite al Estado confiscar bienes que se determinen como provenientes del delito, mediante un proceso rápido. Solo basta la orden de un Tribunal de Control mediante sentencia, a solicitud del Ministerio Público (MP). 

En más de una ocasión, Jorge Rodríguez ha invocado la aplicación de la ley contra opositores, principalmente diputados de 2015, que se considera han solicitado sanciones internacionales y participado “en el robo” de activos de la República en el exterior, en casos como el de Citgo. 

Desde 2022, por orden de Maduro, la AN también se dedicó a reformar al menos 12 leyes llamadas del “poder popular”, en la ruta accidentada del chavismo hacia el Estado Comunal. Fueron sancionados los cambios a instrumentos legales como la Ley Orgánica del Poder Popular, Planificación Pública y Popular, Contraloría Social, Sistema Económico Comunal, Comunas, Consejos Comunales y la Ley de Jurisdicción de la Justicia de Paz. La sanción de este último (noviembre de 2024), fue la antesala a la escogencia de 15.000 jueces de paz en todo el país al mes siguiente.

En la gaveta quedaron instrumentos legales como la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares y la Ley de Ciudades Comunales. Una no pasó de la primera discusión, con fecha 2 de abril de 2024, y de la segunda se llegaron a sancionar solo 10 artículos  (22 de junio de 2021) y pese a ello no fue incluida en el paquete de leyes del poder popular que pidió Maduro apurar.

Tampoco llegó a salir de la Comisión de Política Exterior la Ley de Cooperación Internacional, pese a que estuvo lista desde marzo de 2023. De la normativa, defensores de DDHH alertaron que venía a poner coto al financiamiento internacional que recibian las ONG.

Diputados destituidos o apartados

Otro elemento que ha caracterizado el mandato del actual Parlamento de 277 diputados, que está por fenecer, es la detención de diputados vinculados a delitos como el narcotráfico y la desincorporación de otros por haber caído “en desgracia” frente al jefe del Parlamento. 

Tres legisladores del chavismo han sido detenidos en el transcurso del periodo 2020-2025 previo allanamiento de la inmunidad parlamentaria, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y corrupción. Es el caso de Julio César Torres (agosto de 2025) por “posesión de drogas”, según la versión oficial; Taína González (febrero de 2022), detenida junto a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández, también en posesion de narcóticos. 

Por este último caso, también fue apresada la diputada Jeikar Pérez Gómez, quien renunció a la curul antes de que le allanaran la inmunidad parlamentaria, el 1 de febrero de 2022. Otro diputado que pasó al lado oscuro fue Hugbel Roa, involucrado en la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que estalló en marzo de 2023. En ninguno de los casos se conoce si han sido condenados de manera firme por un tribunal. 

En junio de 2023, se le solicitó al diputado del Psuv, Samuel Cohen, separarse de la curul como principal, por el estado Carabobo por “actos inmorales y de deshonra”, al aparecer en un video bailando en un yate. Algunos diputados admitieron que el delito no estaba claro y que su destitución o suspensión fue irregular, porque en todo caso se le debió haber seguido el debido proceso.

El 10 de octubre de 2023, también fue “suspendido” el diputado suplente por Carabobo, Octavio Orta, por publicar en sus redes sociales un mensaje en apoyo al Estado de Israel en su guerra con Palestina. Jorge Rodríguez alegó “uso indebido del cargo”. La sanción fue por un año, pero al parlamentario no se le volvió a ver en funciones.

En octubre de 2024, los diputados de la Alianza Democrática Carmen Alicia Calderón (AD judicializada), del estado Amazonas, y Ezequiel Pérez (Copei judicializado), por el Táchira, quedaron desincorporados de sus funciones como diputados principales, tras expresar apoyo a la candidatura presidencial de Edmundo González. Calderón denunció destitución ilegal, por ser un cargo de elección popular, por “retaliación política”, con la venia de los diputados Bernabe Gutiérrez y Juan Carlos Alvarado.

Nueva AN y el regreso de Capriles

La nueva AN que se instalará el 5 de enero de 2026, producto de las parlamentarias del 25 de mayo, iniciará su gestión con una latente reforma constitucional que Cabello aseguró no se ha descartado, además del contexto de presiones por parte de EEUU que casi alcanzara el quinto mes. 

Repiten diputados del chavismo, entre ellos el propio Jorge Rodríguez. La “novedad” estará representada por la incorporación de políticos como Henrique Capriles, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Emilio Rondón y Henry Falcón. También entraron Pablo Pérez y los reelectos José Brito, Luis Augusto Romero y José Gregorio Correa. 

Expertos electorales como Andrés Caleca aseguraron que a factores que compitieron con el Psuv solo le correspondían tres diputados según el método D’ Hondt por la votación obtenida, pero el CNE les adjudicó seis. Tras el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, la oposición bajo el liderazgo de Maria Corina Machado desconocio dichos comicios.

“La incorporación de figuras como Capriles, Guanipa y Stalin González introduce un matiz que habría sido potencialmente interesante, pero que enfrenta límites estructurales. Estos actores, que rompieron con la estrategia de la Plataforma Unitaria para participar (en las elecciones), tienen el reto de diferenciarse de la inerte Alianza Democrática del periodo anterior. Tienen una oportunidad teórica de usar sus privilegios parlamentarios para ser voceros de problemas reales, que es la que asoman como su agenda”, apuntó Aveledo.

Sin embargo, el politólogo advierte que los nuevos diputados enfrentan dos barreras importantes para lo que será su ejercicio. La primera, indicó, es la legitimidad social, basado en que sus posiciones que, aunque puedan defenderlas desde sus principios, son impopulares ante la  sociedad actual. 

La segunda barrera, no menos importante, es que la AN, explicó, seguirá siendo un espacio donde solo se mueve lo que el partido de gobierno permite. Advirtió que aun si hacen juego o alianzas con Fuerza Vecinal o la Alianza del Lápiz, el número de diputados distintos a los del Psuv será limitado. Carecen además, afirmó, de un planteamiento estratégico. 

“Mi expectativa sobre su participación no es positiva. Es probable que, pese a sus relativos talentos, terminen absorbidos por la misma dinámica que la oposición cooptada existente. Además, fuera de shocks externos, la agenda legislativa no se originará en el Capitolio Federal, sino a partir de la agenda de Maduro, en las evocaciones recurrentes a la forja de un Estado Comunal o un nuevo proceso constituyente controlado, que podría terminar de vaciar de contenido a la AN, formalizando su rol actual en el sistema”, aseveró el politólogo.  

Trepiccione coincide en que hay pocas expectativas en relación con esperar un comportamiento distinto de la AN que se instalará el próximo 5 de enero, en comparación con el Parlamento saliente.

“A pesar de ello la apuesta es a que efectivamente haya mayor amplitud, mayor discusión, mayor debate para beneficio del país con esas voces que se incorporan. Se hace muy necesario recuperar esos caminos de la política donde, mediante el debate profundo, la libre discusión de las ideas, puedan producirse esos acuerdos y esos proyectos de ley que beneficien a toda la población”, abogó.