Hasta el 14 de julio el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, reportó doce leyes sancionadas y 38 aprobadas en primera discusión, en el primer semestre de este año.
Rodríguez pidió a los diputados que conforman las distintas comisiones permanentes avanzar con los instrumentos legales previstos en la agenda legislativa de este año, la cual establece un mínimo de 23 normativas. También, trabajar en la actualización de leyes previas a la Constitución de 1999 que aún siguen vigentes, antes de que finalice 2022.
Recordó que al cierre de 2021, la AN con mayoría del chavismo aprobó en segunda discusión 38 leyes, mientras que 17 avanzaron con la primera discusión en el hemiciclo.
Los instrumentos legales sancionados durante el primer semestre de 2022 y los primeros 15 días de julio, fueron la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Registro de Antecedentes Penales, reforma de la Ley contra la Corrupción, Reforma Parcial de la Ley para la Protección de las Familias, La Maternidad y la Paternidad y la Ley de Sellos.
Asimismo, la Ley Derogatoria de la Ley sobre la Condecoración de la Orden Francisco Fajardo, Ley de Intérpretes Públicos, Reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Publicaciones Oficiales.
«Prioridades»
Para el abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, existe una diferencia importante entre aprobar leyes y ponerlas verdaderamente en práctica, lo cual depende, subrayó de los intereses y objetivos de Miraflores. Por ejemplo, una ley económica como la del IGTF privó sobre una política como la Ley de Ciudades Comunales.
«Hay una ley que desmonta cómo venía funcionando Venezuela en la economía y es la del IGTF que busca que los ciudadanos se alejen del manejo de las operaciones en dólares y se acerquen a los bolívares. Pero se repite el ciclo de la espiral inflacionaria con la emisión de dinero inorgánico, todo ello tiene un interés político porque faltan menos de 24 meses para unas elecciones presidenciales, lo que le permite al Gobierno el manejo de dinero que irá dirigido a la campaña electoral», expresó.
La primera ley sancionada en 2022 fue la reforma de la Ley del TSJ, lo que permitió bajar el número de magistrados de 32 a 20 y designar nuevos integrantes de la cabeza del Poder Judicial. Abrir el año con dicha normativa le indicó a Manzo que el Ejecutivo quería garantizarse el control del máximo tribunal del país, primero, disminuyendo el número de miembros para facilitar la toma de decisiones y luego mediante la escogencia de personas con comprobada parcialidad política a favor del chavismo.
«Se convocó a un proceso (designación de magistrados) en la que la participación de la sociedad civil fue decorativa, fueron nombramientos prácticamente por cooptación (a dedo)», dijo.
De los 30 magistrados principales del TSJ anterior saliente repitieron doce entre los 20. Destacó el regreso de Gladys Gutiérrez como presidenta del máximo tribunal y el nombramiento de la exrectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D´ Amelio.
Lo que aún está pendiente
Entre las leyes aprobadas en primera discusión durante este primer semestre del año están la Reforma Parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Reforma del Decreto Ley de la Actividad Aseguradora vigente de 2015, Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, Ley de Tutela Civil, Reforma de la Ley del Sistema de Justicia y la reforma de Ley de Fiestas Nacionales.
Falta un mes para que el Parlamento cierre su primer período de sesiones de 2022 (15 de agosto) y leyes prometidas y polémicas como la de Ciudades Comunales y Cooperación Internacional aún no están vigentes.
La primera, aprobada en primera discusión el 11 de marzo de 2021, busca concretar, según el chavismo, el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular. Expertos la califican de inconstitucional porque afectará las competencias ya mermadas de gobernaciones y alcaldías, las gestiones más cercanas a la gente.
Se especuló que la normativa fue frenada para motivar a la oposición a participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, pero Manzo estima que tarde o temprano será sancionada.
«No importa cuánto se tarde, el proyecto del Estado Comunal que no está previsto en la Constitución, sigue avanzando», afirma.
La AN de 2020 también abre la segunda mitad del año con la amenaza de reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo que data de 1994. Dicha discusión se inicia en un contexto de disminución de medios impresos por la crisis económica y falta de papel y el bloqueo de medios informativos digitales independientes a través de la estatal Cantv y operadoras privadas como Movistar, Digitel e Inter.
En suspenso
En cuanto a la Ley de Cooperación Internacional, el borrador para la primera discusión aún es trabajado por la Comisión de Política Exterior. Sin embargo fue filtrado a la prensa un texto preliminar de la ley con 26 artículos. Justo el número 26 fue uno de los que causó más ruido entre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) puesto que amenaza con prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva a aquellas ONG que se considere promuevan sanciones internacionales.
Hasta los momentos no se conocen mayores avances, solo que está en discusión en la Comisión y que fue aprobada una nueva exposición de motivos.
«La AN lleva una agenda y va priorizando según los objetivos del Gobierno, entonces vimos como bajó de lugar y de importancia una ley como la de Ciudades Comunales porque privaron otras como la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la renovación del TSJ y la Ley de Zonas Económicas Especiales», apuntó Manzo.
AN de 2015 se debilitó
En la búsqueda de la «normalidad internacional» y bajar el aislamiento producto de las sanciones por violaciones de derechos humanos y corrupción, la AN de 2020 conformó 48 Grupos de Amistad Parlamentaria con diferentes países, incluso aquellos cuyos gobiernos no reconocen a Maduro como presidente, entre ellos Brasil y Colombia.
Recientemente, Jorge Rodríguez fue nombrado vicepresidente de la Red Parlamentaria de Países No Alineados que agrupa a los poderes legislativos de 120 países.
Manzo advierte que si bien es cierto durante este 2022, la AN de 2015, cuya continuidad fue declarada a través de la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó, se ha visto muy debilitada, no implica que el Parlamento que se eligió en 2020 haya ganado legitimidad ni reconocimiento internacional.
«Es un poder sin bases jurídicas ni democráticas y por lo tanto fundado en bases débiles. Para aprovechar la debilidad del Gobierno interino, Maduro convoca a elecciones y maneja el poder por la vía de la imposición, por lo tanto sus bases siguen siendo endebles. La única manera de lograr legitimidad es permitir elecciones libres pero no parece dispuesto», sostuvo el jurista.
Considera que las denuncias sobre corrupción en el manejo de activos en el exterior, especialmente el escándalo sobre Monómeros, se sumaron a la falta de cambio político para mermar aún más la imagen del legislativo con mayoría opositora y del Gobierno interino, frente a la ciudadanía que adversa al chavismo. No se pueden dejar de mencionar las negociaciones directas entre EEUU y Miraflores por petróleo.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2022-07-16 18:43:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo