Después de meses de amenazas y advertencias veladas se produjo la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la única organización que en algún momento fue aliada del chavismo en el Gran Polo Patriótico que le faltaba al poder político en Miraflores por «sumar» de manera «forzada» al tarjetón electoral.
Ahora, la tarjeta del gallo rojo, bajo el control de la nueva junta ad hoc presidida por Henry Parra, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podrá inscribir la candidatura del abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para las elecciones presidenciales de 2024.
Lo harán junto a Somos Venezuela, Alianza Cambio, ORA, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), UPV y Tupamaro.
Estas organizaciones, con el Psuv a la cabeza como partido de gobierno, conforman el llamado Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), de las cuales Podemos, MEP, PPT y Tupamaro, tienen en común con el PCV que igualmente fueron intervenidas por el TSJ con directivas impuestas afines al chavismo. Al agregar al PCV, el GPPSB queda conformado por 10 partidos, incluyendo al Psuv.
Otras organizaciones que respaldaron la candidatura presidencial de Maduro en 2013 como Redes del exalcalde metropolitano Juan Barreto, el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) y Juan Bimba también fueron «castigadas» con la ilegalización ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras quitarle el apoyo a la gestión del mandatario, por lo que están fuera del Gran Polo Patriótico.
A continuación un repaso de lo que ha ocurrido con las organizaciones políticas que se distanciaron de la administración de Maduro y cómo quedó el GPPSB:
El PCV o la «joya de la corona»
Mediante sentencia 1160 conocida el 11 de agosto de 2023, la Sala Constitucional del TSJ ordenó el desplazamiento legal de las autoridades del PCV, encabezadas por su presidente Perfecto Abreu y el secretario general, Oscar Figuera. Los comunistas señalan a Diosdado Cabello de impulsar la intervención con constantes declaraciones contra la dirigencia del partido.
A Henry Parra lo acompañan en la junta ad hoc: Sixto Rodríguez como secretario general; Griseldys Herrera, secretaria de organización; Carlos Figueroa, secretario de administración y finanzas; Zoilo Aristegui, secretario de ideología; Joahan Coraspe que fungirá como secretario de agitación y propaganda y Robinson García, a quien nombraron en la secretaría del trabajador agrario y campesino.
“Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno-PSUV que equivocadamente cree que con esta maniobra doblegará a las y los comunistas venezolanos”, denunció el Buró Político del Comité Central del PCV al conocer la decisión del TSJ.
La tolda de 92 años rompió con el gobierno de Nicolás Maduro en 2019 por estar en desacuerdo con sus políticas económicas, especialmente las que afectaron a la clase trabajadora. Desde entonces pasó a encabezar una alianza de organizaciones disidentes del chavismo denominada Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que lanzaron candidaturas diferentes a la del Psuv y el Gran Polo Patriótico en las parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021.
El PCV ha estado presente en protestas de calle contra las políticas «antiobreras» de Maduro que incluyen, según denuncias, la encarcelación de dirigentes sindicales que han participado en manifestaciones.
Podemos
El partido de los exgobernadores de Sucre y Aragua, Ramón Martínez y Didalco Bolívar respectivamente y del varias veces diputado nacional Ismael García, postuló a Hugo Chávez para su reelección en 2006, pero un año después se distanció por estar en desacuerdo con la reforma constitucional propuesta por el mandatario.
En septiembre de 2012, a un mes de las elecciones presidenciales, la Sala Constitucional intervino al partido y le impuso como presidente a Bolívar sobre Martínez, lo que marcó una división en dicha organización.
En ese momento a Bolívar lo señalaron de presuntos hechos de corrupción durante su gestión en Aragua por lo que fue «expulsado» de su propio partido en 2014. Una sentencia del TSJ en 2015 lo restituyó en el cargo.
Movimiento Electoral del Pueblo
El MEP fue intervenido en 2015 mediante sentencia del TSJ del 20 de julio, con la cual se removió a la dirección nacional y con ella al secretario general, Wilmer Nolasco, crítico de la gestión de Maduro.
El máximo tribunal nombró como presidente a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien actualmente controla la tarjeta electoral ante el CNE y se mantiene como aliado del Psuv en el Gran Polo Patriótico.
Patria Para Todos
La Sala Constitucional del TSJ sentenció el 21 de agosto de 2020 la intervención del PPT. La decisión suspendió a la dirección nacional encabezada por el secretario general nacional, Rafael Uzcátegui, e impuso una junta ad hoc presidida por la actual diputada de 2020, Ilenia Medina, acompañada de las secretarias generales regionales, Lisett Sabino y Beatriz Barráez, como representantes legales del partido.
En diciembre de 2020, Uzcátegui introdujo un recurso de amparo para pedir a la Sala Electoral del TSJ que declarara con lugar la convocatoria a comicios internos en el PPT, una decisión que sigue sin ser tomada. El PPT de Uzcátegui forma parte de la APR.
Tupamaro
El partido Movimiento Tupamaro está intervenido desde el 18 de agosto de 2020. La Sala Constitucional del TSJ ordenó que el proceso de reestructuración interna fuera dirigido por el diputado de 2020, William Benavides, aliado del gobierno de Maduro.
La medida se produjo justo después de que la tolda anunciara su disposición a acudir a las parlamentarias fuera del GPPSB y en alianza con el PCV y el PPT de Uzcátegui en la APR, de la cual también forman parte el PRT, Corriente Marxista, Lucha de Clases, MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina (producto de una división de UPV, partido fundado por Lina Ron) e Izquierda Unida, aunque esta última organización lanzó una candidatura aparte a la gobernación de Miranda en las regionales de 2021.
Redes
El partido del exalcalde metropolitano, Juan Barreto, también se apartó de la coalición chavista luego de resultar anulado por el Poder Electoral en 2017, tras un proceso de validación mediante recolección de firmas impuesto a los partidos. Esa tolda estableció una alianza con el partido Soluciones para Venezuela, de Claudio Fermín, para competir en las parlamentarias de diciembre de 2020.
Ese año, Barreto señaló a Miraflores de querer intimidar a la “izquierda descontenta” con decisiones administrativas y judiciales.
«Pretenden contener el descontento y que no tenga canales de expresión, que la izquierda democrática y popular se inhiba, se frustre, se desmovilice y no participe, pero no lo van a lograr, debemos encontrarnos y unirnos», rechazó.
Desde entonces ha intentado infructuosamente que el CNE reconozca la validez de su partido, consignando peticiones y requisitos.
JuanBimba
Ilegalizado a raíz del proceso de validación impuesto a los partidos en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. La organización introdujo un recurso de amparo ante el TSJ por violación de sus derechos a la participación política, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, para poder competir en las elecciones parlamentarias de 2020, pero el máximo juzgado desechó sus peticiones.
«Negar la participación a los partidos políticos en contiendas electorales es una práctica que desde hace tiempo el Gobierno nacional por intermedio del CNE y del máximo tribunal del país utiliza para obtener ventajismo y, en consecuencia, mantenerse en el poder. Lamentablemente, es una realidad que el Gobierno ha desarrollado mecanismos o prácticas de sistematización de violaciones de derechos políticos de ciudadanos», rechazó en su momento la ONG Acceso a la Justicia.
Partido Revolucionario del Trabajo
El PRT, presidido por Otto Van Der Velde, corrió con la misma suerte de Juan Bimba, al negarle el TSJ una acción de amparo, un año después (2021) de haber introducido el recurso para poder participar en las parlamentarias de 2020.
«La lentitud con la que el TSJ tramita las peticiones de opositores o disidentes del chavismo, en especial en época electoral, es otra prueba de que este organismo ha renunciado a su rol constitucional de control de los organismos del Poder Público y de defensa de los ciudadanos, para en su lugar convertirse en un arma de la cual el Ejecutivo nacional se sirve para asegurarse su permanencia en el poder», también observó Acceso a la Justicia al evaluar la sentencia judicial.
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Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-08-19 10:00:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo