Copei denuncia toma policial de su sede en San Felipe
El partido socialcristiano Copei denunció que con la «complicidad» de quienes tienen la tarjeta de la organización, intervenida judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, la Policía de Yaracuy tomó la sede de la formación en la ciudad de San Felipe, capital de esta región del centro occidente del país.
«Rechazamos que con la complacencia de quienes usurpan la tarjeta de Copei, la policía regional toma nuestra sede en San Felipe, estado Yaracuy, privando así a los copeyanos y a todos los yaracuyanos, de un espacio para la formación ocupacional y el debate ciudadano», aseguró Copei Odca, como se hace llamar el ala del partido que está dentro de la Plataforma Unitaria Democrática y rechaza la intervención que le entregó las siglas y tarjeta a Juan Carlos Alvarado, actual diputado a la Asamblea Nacional de 2020.
La intervención de Copei se produjo en el año 2015 cuando el TSJ avaló el nombramiento de autoridades que la coalición opositora señala de colaborar con el chavismo.
En Yaracuy el gobierno regional está en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el año 2004, tras más de una década con gobiernos de Copei y Convergencia, esta última organización que se formó cuando el dos veces presidente de la República, Rafael Caldera, se deslindó de los copeyanos para optar a los comicios presidenciales de 1993 que finalmente ganó.
Oleada represiva en Venezuela
Este martes, la ONG Provea afirmó que en Venezuela hay «una oleada represiva» por parte del Gobierno desde julio de 2024, cuando se desató una crisis política luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de hace un año y la Plataforma Unitaria denunciara este resultado como fraudulento.
En este sentido, indicó que, hace un año, los «habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular», luego de que la coalición asegurara que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia desde el exilio.
Para Provea, «la respuesta estatal a las protestas postelectorales» marcó «un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos y la intensificación de una oleada represiva que aún se mantiene mediante prácticas de terrorismo de Estado como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el empleo de tecnologías para el control social de la población».
También denunciaron que hubo 25 muertes en las protestas, pero después de un año de ocurridas no hay investigaciones para determinar los responsables de estas muertes. Entre ellas mencionó siete que ocurrieron en Maracay, estado Aragua, en la redoma de San Jacinto.
Con información de Efe
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
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