Delegada aprueba reestructuración de Monómeros en términos del G4 pese a quejas de Guaidó

Entre críticas, reproches y el voto salvado de las fracciones de Causa R, Fracción 16 de Julio, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano, se aprobó en la Comisión Delegada Legislativa un «Acuerdo en relación al seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el Gobierno Encargado de Venezuela».

 El acuerdo incluye la revisión y actualización de las juntas ad hoc de las empresas del Estado «recuperadas» por el Gobierno interino que preside Juan Guaidó, entre ellas la colombo-venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla Colombia. No incluye a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).

 Se establece la reestructuración de las juntas administradoras ad hoc en un plazo de 90 días «con garantía de autonomía, independencia y transparencia» en el gobierno. Antes, en 60 días deben presentarse los candidatos ante la Comisión Delegada Legislativa para su consideración.

 El acuerdo fue aprobado por 20 votos a favor de diputados de 2015 de Primero Justicia (PJ), Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular, contra tres votos salvados por parte de los diputados José Pratt, en nombre de la Causa R; Edwin Luzardo de la fracción 16 de Julio y de Delsa Solórzano, quien dijo hablar por Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela.

 El presidente de la Comisión Delejada Legislativa, Juan Guaidó, dejó entrever que el acuerdo no concuerda con el «espíritu» de lo que fue el decreto de reestructuración número 38 presentado el año pasado, en el que además de cambiar a la directiva actual de Monómeros, luego de que una empresa «caza talentos» buscara a los mejores candidatos, solicitaba una auditoría externa para determinar si hubo ilícitos en la gestión. Aún así sometió a votación el acuerdo.

 Se crea Consejo de Protección de Activos 

 Se crea además un Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, adscrito a la presidencia encargada. Se regirá por el Estatuto de Transición a la Democracia y estará compuesto por tres miembros con dos años de duración en el cargo que deben tener 10 años de experiencia en áreas relevantes de los activos y no presentar conflicto de intereses.

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 Dicho Consejo escogerá a una empresa consultora (de entre al menos cinco opciones) de selección de talentos que presentará a los diputados de 2015 una lista candidatos para cada posición a ocupar y que serán evaluados por los miembros de la Delegada, en sus dos terceras partes.

 Se advierte en el acuerdo que la consultora seleccionada debe ser «conocedora» de la misión, objetivos y planes de las empresas a recuperar, sin conflicto de intereses, contar con prestigio internacional, con al menos 10 años de funcionamiento y una cartera de clientes comprobada. La escogencia debe ser aprobada por las dos terceras partes de la AN.

 Una vez se confirmen las juntas ad hoc, se ordena revisar los estatutos de las empresas recuperadas a fin de realizar adecuaciones.

 Entre otras funciones del Consejo de Protección de Activos están las de supervisar y dar orientación en representación de Guaidó, a las juntas directivas de empresas del Estado, proponer cambios a ser evaluados por la AN, promover medidas estratégicas, diseñar estrategias legales para recuperar activos de la República en el exterior, velar por la recuperación de activos y la transparencia en su manejo.

 Asimismo, garantizar que la gestión de los activos recuperados se ajusten a los estándares para su correcto funcionamiento y llevar a cabo auditorías externas por firmas internacionales, a la gestión de las empresas del Estado.

 «Sobre control parlamentario»

 Antes de someter a votación el acuerdo en la sesión remota de la Delegada, este martes 14 de junio, Guaidó recordó que el año pasado presentó el decreto 38, relacionado con la reestructuración de Monómeros y que no fue aprobado por la Delegada. Pese a ello, se ordenó a la juntad ad hoc de Pequiven actuar sobre su filial en Colombia y no se cumplió.

 Se quejó de un «sobre control parlamentario» sobre el Gobierno interino «que ha hecho imposible la reestructuración» de Monómeros, tal como lo demanda la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La licencia vigente que la Ofac emitió a Monómeros para su funcionamiento expira el 30 de junio, Guaidó no especificó si será extendida.

 Igualmente pidió a la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, cuyos integrantes han ratificado la exigencia de destitución de la directiva actual de Monómeros, investigar la «inacción» de la juntad ad hoc de Pequiven, la demanda de Monómeros contra el diputado José Luis Pirela y la contratación del escritorio legal del ex Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Otto Reich, por parte de Monómeros.

 Advierten inconstitucionalidad

 «Dejo constancia de que la fracción de la Causa R, salva su voto en este acuerdo debido a que notamos contradicciones en el texto del acuerdo, lamentamos la falta de conocimiento de forma oportuna y de debate en el asunto. Nos enteramos que eso se estaba acordando y que se presentaría un proyecto poco antes de la sesión pero desconocemos el trasfondo», señaló el diputado, José Pratt.

 Alertó que el acuerdo está «reñido» con la legislación vigente, el Estatuto de Transición y la Constitución de la República.

 Con Pratt coincidieron Luzardo y Solórzano. El primero sostuvo que con la aprobación del acuerdo se pone en duda la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y que en el caso de Monómeros se han señalado muchas cosas que siguen sin ser aclaradas.

 «Nos retiramos de cualquier debate que lleve a tratar lo que va en contra del patrimonio de los venezolanos, nos retiramos de la sesión en protesta», dijo.

 Solórzano recriminó igualmente que se presentara de «sorpresa» y sin debate el proyecto de acuerdo, el cual alertó, «disfraza» una intención que no es la reestructuración de Monómeros.

 «Se crea un organismo supraconstitucional para intervenir a todas las juntas administradoras con intereses político partidista, ajenos a la profesionalización del manejo de empresas. Se crea un ente para el resguardo de los activos que ya existe, que es burocrático y partidista, por encima del Gobierno encargado, es un acto inconstitucional», fustigó Solórzano.

 Condenó que con el acuerdo se deje al interinato «pegado a la pared» mientras pone por encima a la Delegada con funciones «supraconstitucionales» como lo es designar precandidatos a las juntas ad hoc.

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 Los que votaron a favor

 Vale recordar que los desacuerdos con la gestión de los activos en el exterior, fue motivo para que el representante designado por Guaidó para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, renunciara al cargo. También para que PJ, junto a factores del G4, bloqueara en la Delegada el decreto de reestructuración de Monómeros propuesto por el presidente encargado, a finales de 2021.

 Una de las propuestas de PJ es la creación de un fideicomiso, administrado por un ente externo de alto nivel, que garantice «la independencia, transparencia y las buenas prácticas» en la gestión de los activos venezolanos en el exterior, bajo el control del interinato desde 2019. Las denuncias sobre corrupción en la administración de Monómeros aceleraron los desacuerdos.

 Por el acuerdo votaron parlamentarios como el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González y Orlando Ávila de UNT, Romny Flores, Mary Mora, Williams Dávila y Eliézer Sirit de AD, Ramón López, Milagro Valero y Dinorah Figuera de PJ y Jesús Abreu, Olivia Lozano, Romel Guzamana, Yanet Fermín y Gilber Caro de VP, entre otros.

El proyecto se presenta luego de que la semana pasada la Comisión de Contraloría interpelara a la presidenta de la juntad ad hoc de Pequiven, Diana Bracho.